La Justicia ordenó indemnizar a una docente a la que le impidieron trabajar por sobrepeso

La Justicia Civil de Mendoza condenó a la Dirección General de Escuelas (DGE) a indemnizar con $ 1,35 millones a una maestra a la que le negaron el apto psicofísico con el argumento del exceso de peso.

La Justicia ordenó indemnizar a una docente a la que le impidieron trabajar por sobrepeso

Foto: Vox Populi.

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Publicado el 14 DE OCTUBRE DE 2021

La Justicia Civil de Mendoza condenó este jueves a la Dirección General de Escuelas (DGE) a indemnizar con 1,35 millones de pesos a una docente a la que le negaron el apto psicofísico para poder trabajar con el argumento de sobrepeso, informaron este jueves fuentes judiciales. El fallo, en el que se condenó al organismo dependiente del Estado provincial a abonar dicha suma en concepto de daños y perjuicios, fue firmado por la jueza Fabiana Martinelli del Primer Tribunal de Gestión Judicial Asociada, que entendió que la docente estaba apta para realizar sus tareas.

Según la denuncia, la docente comenzó a trabajar en 2002 para la DGE luego del correspondiente examen preocupacional, en el que fue considerada apta para el trabajo. Dos años después, su certificado de aptitud psicofísica fue emitido como “apto con patologías preexistentes”, con relación al sobrepeso. Fue emplazada a sacar un nuevo certificado y obtuvo la calificación de “no apto”, basado en la obesidad y un aparente problema en las cuerdas vocales.

Luego de concurrir a un otorrinolaringólogo y a una nutricionista, y de bajar de peso, logró que la situación se modificara. Así obtuvo, en 2013, un certificado de apto con preexistencias, en el que figuraba como única patología la obesidad.

A partir de allí, se mantuvo bajo controles nutricionales y logró bajar alrededor de 10 kilos, pero a principios de 2016, y frente a la necesidad de un nuevo certificado de aptitud psicofísica, Salud Laboral dispuso que era “no apta”, tanto para las tareas administrativas como para la tarea docente. La jueza indicó en el fallo que "el índice de masa corporal por sí solo no basta de ninguna manera para determinar la existencia de patología de obesidad, siendo necesarios otros parámetros y estudios que no han sido realizados a la actora o, por lo menos, no consta que hayan fundado la no aptitud declarada".

"No dudo de que todo el proceso que la señora ha acreditado viene realizando desde el año 2002 para poder trabajar como administrativa y docente en la DGE le ha ocasionado un daño injustamente sufrido que el Estado debe reparar, ya que, con fundamento en la prevención, ha rayado con la discriminación, lesionando severamente no solo la igualdad, sino todos los derechos constitucionalmente garantizados de la actora", añade la magistrada.

La duplicidad de no aptos para tareas docentes y administrativas implicó también, en la actora, la preocupación de no poder obtener el cambio de funciones previsto para personas con patologías específicas, se detalló. “No puedo olvidar, además, que durante largos períodos no ha podido acceder a cargos docentes suplentes, que además le redituaban un salario extra muy importante en los momentos en que vivimos”, advierte el fallo.

Fuente: Télam

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