El procurador general de la provincia, Alejando Gullé, explicó que aquellos imputados por violar la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno Nacional, que no presenten acusaciones por hechos dolosos o sean buscados, deberán trabajar en hospitales, comisarías o municipios de manera gratuita.

Para el resto de los detenidos y para los que tengan antecedentes habrá prisión efectiva con penas que van desde los seis meses hasta los dos años de prisión.

“Dispuse analizar cada caso en particular y se podrá aplicar la suspensión del juicio a prueba y la regla de conducta, con trabajo gratuito para el Estado, preferentemente en hospitales públicos o centros de salud, municipalidades o escuelas en el reparto de comidas o hasta en comisarías y oficinas fiscales”, explicó hoy el jefe de fiscales.

Según Gullé, el 90 % de los ya 1355 detenidos son personas jóvenes de entre 18 a 30 años, por lo que si se los condena, corre peligro su posibilidad laboral. Por consecuente, si se los condena pueden ser despedidos de sus trabajos, por lo tanto, lo que se busca es no general antecedentes, ni perjuicios.

Desde que comenzó a regir la prohibición de circulación por aislamiento social preventivo, la cantidad total de detenidos e imputados en nuestra provincia que se encuentran bajo jurisdicción de la justicia provincial es de más de 1300 personas.

El procedimiento implica detención, luego imputación y a partir de ahí se los retira a su domicilio para cumplimiento de cuarentena  bajo control policial en distintas modalidades.