La reforma tributaria fue aprobada por el Congreso a fines de 2017, aunque aún resta su reglamentación. Según consigna el diario La Nación, “calificadas fuentes oficiales” confirmaron a ese medio que ahora el Gobierno busca acelerar el proceso de aplicación de la misma. La prioridad será la instrumentación del impuesto a la renta financiera para las personas físicas no residentes en el país.

La novedad es parcial, porque las empresas ya pagaban impuesto sobre esta renta antes de este cambio legislativo. Sin embargo, al Gobierno le urge reglamentar este aspecto de la ley cuanto antes debido a que la modalidad de aplicar el cobro sobre inversos extranjeros y locales posee diferencias sustanciales que podrían hacer perder una importante suma de dinero al fisco.

En el caso de los inversores locales, como se trata de un impuesto de ejercicio anual, es prácticamente idéntico para la entidad recaudadora que la ley se reglamente mañana o cualquier día anterior al 31 de diciembre próximo. Basta con que el impuesto comience a regir durante 2018 para que el fisco pueda retener toda la renta obtenida durante el año, expresada en la declaración jurada anual de 2019.

Pero en el caso de los inversores extranjeros la situación varía. Dado que estos no realizan una declaración jurada, la retención se hace cada vez que obtienen una renta y, por ende, mientras más se retrase la aplicación del impuesto, más recursos perderá el fisco.

Por ejemplo, en el caso de las Letras del Banco Central de la República Argentina (Lebacs), los inversores extranjeros poseen el 8 % del stock de 1,2 billones de pesos. Mientras el impuesto no esté reglamentado, el Gobierno pierde la oportunidad de recaudar sobre las ganancias obtenidas por cada mes transcurrido.

La Presidencia, el Ministerio de Hacienda y la AFIP trabajan conjuntamente para reglamentar la reforma cuanto antes.