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23 DE ABRIL DE 2024
Los fondos para las PASO, en manos de la Justicia
El radicalismo lo había advertido este sábado y este martes lo concretó. Pidieron a la Suprema Corte que intervenga contra el decreto de Francisco Pérez que deja sin financiamiento las campañas publicitarias para las internas.
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Los fondos para la publicidad de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en Mendoza ya tienen su capítulo judicial. Es que hoy el radicalismo se presentó en la Justicia para pedir la inconstitucionalidad del decreto de Francisco Pérez mediante el cual se pretende no financiar las campañas publicitarias de los partidos políticos. El gobernador confirmó a través del envío del presupuesto que sólo destinaría fondos para solventar la infraestructura necesaria para realizar las internas.
Alfredo Cornejo, presidente de la Unión Cívica Radical, lo deslizó en el Congreso de este sábado y hoy se hizo efectivo a través de una presentación de la senadora nacional Laura Montero.
Los argumentos giran en torno a la supremacía de la ley que establecía un porcentaje de fondos, en base a los resultados de la elección pasada, para financiar las campañas publicitarias de los candidatos que competirán en las internas de 2015.
Cornejo fue contundente a la hora de defender la presentación judicial de Montero y sostuvo que la ley se tiene que cumplir haya presupuesto o no, y un decreto nunca puede ser superior a la norma que está en vigencia.
La senadora Laura Montero fue quien presentó este martes en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza un pedido de acción de inconstitucionalidad para que se cumpla el financiamiento público de las primarias.
La presentación la realizó en su calidad de ciudadana, pero también como precandidata a la gobernación. El reclamo fue confeccionado por el equipo letrado de la senadora; con patrocinio letrado del abogado Diego Seoane.
Sobre la presentación realizada, Montero sostuvo que “amparados en la Constitución Provincial interponemos esta acción de inconstitucionalidad en contra del decreto 2075 del 17 de noviembre de 2014 del gobernador Pérez, mediante el cual el Ejecutivo suspende los efectos de la Ley 8619 y con ello la obligación de financiación de las elecciones provinciales y municipales del año 2015. La anulación del financiamiento a las PASO, por vía de decreto, es un retroceso institucional que limita la participación de las minorías y somete el espíritu de igualdad de oportunidades de la regla electoral. El oficialismo continúa dañando, día a día, la distintiva institucionalidad de la provincia pretendiendo borrar la letra de una ley con un decreto inconstitucional. Desde el sector interno que represento pedimos hablar de este tema con el Gobierno y lo hicimos desde los medios de comunicación, personalmente, por nota y nunca fuimos escuchados. Pues bien, entonces tal como dije tiempo atrás, si no nos escuchan, no nos queda otro remedio que ir a la justicia y así lo hicimos hoy”.
El pedido de Montero tiene el aval del titular de la UCR, quien consideró que si bien la ley no establece ningún piso para el financiamiento de las campañas publicitarias fija que es el Gobierno quien debe contratar los espacios publicitarios en base a los números conseguidos en la última elección. En el caso de Mendoza, como la UCR consiguió el triunfo debería tener fijado un porcentaje mayor.
Por su parte, Laura Montero agregó que “incluso quiero dejar en claro que esta suspensión de la financiación de las elecciones afecta también tratados internacionales. Por otro lado, y en carácter de urgente, pedí que se requiera al Poder Ejecutivo Provincial que informe en forma fehaciente si dicho financiamiento está en el presupuesto previsto para el próximo año 2.015. Por otro lado, en caso de rechazo a la acción de inconstitucionalidad, hago la reserva correspondiente para interponer un recursos extraordinario federal por la lesión que se produce a las garantías republicanas de división de poderes”.
Conejo consideró que la Justicia debería expedirse 35 días antes de las internas de Capital y San Carlos. La primera fijada para fines de febrero. Por lo que si fuera así, la Suprema Corte debería dar su veredicto en enero y el Ejecutivo debería cumplirla.
Montero se quejó además porque al no haber reglas claras, “se establece un régimen de financiamiento oscuro, con recursos de dudosa procedencia y que en muchos casos vulnera derechos ciudadanos; ya que esta medida inclina la balanza a favor del interés de algunos pocos”.
Ambos dirigentes consideraron que un financiamiento transparente garantizará un rumbo democrático a la regla electoral, en el que la voluntad ciudadana se exprese conociendo todas las alternativas y las propuestas para poder elegir su mejor opción, no la alternativa de unos pocos.
Por último Montero sostuvo que invita a todas las fuerzas políticas a sumarse a este reclamo judicial.
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