Los nuevos valores de la justicia (Parte 2)

La situación de la cárcel, la democratización de la justicia, la ley de medios, el voto a los 16 años y la necesidad de crear una Defensoría General, fueron ejes de una charla imperdible con el ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Omar Palermo.

Los nuevos valores de la justicia (Parte 2)

Montaje fotográfico

Sociedad

Unidiversidad

Eva Guevara, Alejandro Rotta y Rodrigo Farías

Publicado el 03 DE ENERO DE 2013

Edición Cuyo le abrió las puertas  a Omar Palermo, de la que es también su casa, ya que dicta una Maestría en Ciencias Penales y es titular por concurso de la Cátedra de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNCuyo.

En la primera parte de la nota (http://edicioncuyo.com/nota-a-omar-palermo-parte-1), el abogado habló de pensar en no cargar toda la responsabilidad en quien delinque sino en hacerse cargo de algo que no hayan hecho bien el Estado o la sociedad, además de asumir las inevitables posiciones ideológicas.

¿Qué es lo que está faltando en lo que refiere a la situación de la cárcel?

Mi hermano se dedica a la ejecución penal y deja el alma en su trabajo. Él fue a trabajar a Almafuerte, es co-defensor penal y está dejando todo por esa gente ahí. Me parece que esos son los gestos que están haciendo falta.

Además de los guiños individuales, están faltando políticas. Me parece que tenemos dos obligaciones en materia de ejecución penal: primero, hay que empezar por controlar, es decir, tenemos el deber de ofrecer condiciones de resociabilización; aunque éstas en algún punto puedan parecer utópicas, siguen siendo nuestro deber. También hay que controlar que las condiciones de detención no sean indignas y creo además que tenemos que ofrecer alternativas, juzgados de ejecución, defensorías, etc. Tenemos que estar en la mesa de discusión acerca de qué política institucional es mejor para el cumplimiento de las penas privativas de la libertad. Así como el poder judicial tiene que formar parte de la mesa de discusión acerca de qué se hace con los menores y qué es lo que está faltando, lo mismo tiene que pasar con el tema de la cárcel.

¿Por qué el poder judicial no ha tomado una determinación profunda de participar en estos debates?

Realmente no sé por qué. A lo mejor porque está la idea de que el juez sólo tiene que fallar. Están los que dicen que los jueces de ejecución son los que dicen cuándo corresponde una libertad y cuándo no. Me parece que el debate es más profundo que eso. También es cierto que los jueces de ejecución suelen estar solos y asustados. Eso supone que hay que diseñar una política de ejecución penal enteramente nueva, que comprenda inmiscuirse en los organismos técnicos criminológicos y en todo el sistema. Esto debe ser así porque, si está todo preparado en determinado sentido y el juez se queda solo, luego cuando éste se anima a dar una libertad o toma cierta decisión cae contra él todo el mundo. Es difícil trabajar con tranquilidad así.

Hay que hacer un rediseño de toda la política de ejecución penal y dejar a los jueces trabajar tranquilos. Es muy difícil trabajar en ejecución penal porque además el juez tiene que ser futurólogo, tiene que saber que a la persona que él va a dar la libertad no va a cometer delitos.

En base a la aplicación de la Ley de Medios, han ganado gran relevancia las acciones que se han llevado a cabo desde el poder judicial. Desde diferentes sectores se está reclamando la democratización del poder judicial. ¿Ud. considera que debe ser democratizado? Si es así, ¿de qué manera debería democratizarse?

Yo estoy de acuerdo con todo lo que implique democratizar. Me parece que lo que se tiene que discutir es el "cómo". Democratizar es establecer mecanismos de control, tanto interno como de control hacia afuera. Las estadísticas de cómo está rindiendo un juzgado deben estar a la mano de cualquier ciudadano. Se trata de transparentar las estadísticas. Si tenemos atraso, que se vea, que se note.

Me parece que otro tema que se puede discutir es el del juicio por jurados, eso también tiene que ver con la democratización. Yo provengo de una formación más tradicional de derecho penal, entonces vengo de la idea de que la verdad la tenemos nosotros los penalistas, ante lo cual surge la pregunta acerca de cuál es la función de las personas en los jurados. Eso es lo que hay que revisar. El juicio por jurados hay que ponerlo en la discusión en serio, por lo menos para los juicios en que esté en juego la identidad de la sociedad. Por otra parte, el juicio por jurados termina de alguna manera con la endogamia del Poder Judicial, es un control que se realiza desde afuera, un control de la ciudadanía, entonces hay que revisar las posiciones más tradicionales entre las que yo siempre me he encontrado. Nunca he sido de avanzada en términos de jurados, pero tengo ganas de que se revise, de revisar yo personalmente mi posición y que se discuta el tema. Los mecanismos de designación de los jueces también se pueden democratizar y está faltando explicitar qué perfil de juez elige el Consejo de la Magistratura. No se suele definir qué perfil se quiere, entonces se toman exámenes academicistas, se toman adivinanzas para ver si el postulante sabe responder las adivinanzas. Eso también es una manera de elegir perfiles: jueces que saben responder adivinanzas.

La designación de los jueces de la Corte siempre ha estado sujeta a una transacción política entre gobiernos peronistas y radicales, con una tendencia a elegir jueces afines.

Particularmente, pienso que la designación de un juez de la Corte debe ser política. Yo no creo que tuviera que ser por concurso. No estoy de acuerdo con eso. Tampoco sé si está del todo mal que esté vinculado a quien ostenta el poder en un momento determinado, porque ese poder le viene dado por la ciudadanía. Entonces no sé si tiene cierta legitimidad que eso sea así. Lo que sí pienso que debería existir es una ética de la designación. Es muy difícil que, a nivel nacional, alguien que no reúna las condiciones mínimas pueda ser miembro de la Corte.  De hecho, pasó: no pudo, por ejemplo, sortearse lo de Daniel Reposo (en su candidatura a la procuración de la Nación). Eso fue un límite y el propio Gobierno retrocedió. A mí, eso me parece algo muy bueno.

¿Se encuentra a favor del voto a los 16 años?

Si, así es. Lo que pasa es que empezamos al revés: los chicos mayores de 16 años pueden ir a la cárcel pero no pueden votar. Entonces, eso ya es una contradicción en sí misma. Si no participan en la democracia en sentido formal, ¿cómo se le pueden cargar los costes si no han tomado intervención en las causas? Me parece que sí, que pueden votar, pero eso no tiene nada que ver con que exista la necesidad de que el derecho penal tenga que intervenir frente a hechos consumados por mayores de 16 años.

Existe un sentido común que pregona la idea de que si los jóvenes pueden votar, también pueden ir presos…

La respuesta a eso es que los jóvenes toman parte de un derecho – ya que tengo entendido que el voto sería optativo- y eso no quiere decir que tengan toda la fuerza expresiva en la participación de la democracia formal: pueden votar pero no pueden celebrar contratos, no se pueden casar, no pagan impuestos, no poseen deberes institucionales frente al Estado. Es decir, una cosa es que sean sujetos de derecho y otra que sean sujetos de deber. Alguien que tiene menos derechos, es más difícil legitimarlo como sujeto de deber. Sobre todo, si se tiene en cuenta que la mayor parte – por no decir la totalidad- de los niños y adolescentes  infractores que están en conflicto con la ley penal, son chicos vulnerables que están excluidos del sistema. No sólo no participan de la democracia en sentido formal sino que además, en términos materiales, han sufrido exclusión. Aplicarle pena a un menor es decirle: “Mirá, de todo esto que pasa, siendo que vos no votas, que vos no elegís educación y que además te hemos dejado afuera, de todo esto nosotros no somos responsables y sos responsable vos, pagás vos, sólo pagás vos”. Entonces eso para mí tiene una dosis de cinismo muy importante.  

Usted ha señalado  la necesidad de crear una Defensoría General. En el caso de los menores (tres casos en Mendoza) que fueron sentenciados a cadena perpetua y fueron defendidos por la defensora general del Estado, esto nunca habría podido suceder sin la existencia de una defensa.

Una defensoría general supone fortalecer los derechos de las personas sometidas a proceso, lo cual significa fortalecer el ejercicio del derecho de defensa e implica un control para el propio poder judicial. Además, se produce un fenómeno profesional destacable: por ejemplo, yo suelo dar clases en la defensoría general, a donde suelen invitarme para realizar algunas capacitaciones, y allí se percibe un ambiente de defensores con “camiseta puesta”.

A nivel provincial, individualmente hay gente buena. A nivel nacional, eso está institucionalizado, entonces se potencia. De hecho, tuvimos una audiencia en Casación donde se discutió el último juicio en Mendoza por crímenes de lesa humanidad. Fue una audiencia hermosa a la cual asistimos junto a Dante Vega y Jorge Aguad, donde pudimos corroborar que la actuación del defensor oficial tuvo un desempeño excelente. Realizó un planteo de defensa correcto, y eso tiene que ver con que existe una política institucional.

Vamos a ver si logramos trabajar junto con el procurador en torno a esto. Yo lo invité a que de algún modo sea él el abanderado de este pedido. Es una petición que lo engrandecería al procurador al señalar la necesidad de crear una Defensoría General.

ley de medios omar palermo corte suprema justicia derechos voto a los 16 democratización