La revolución digital ha traído consigo una nueva forma de democracia hmás profunda, instantánea y accesible. Desde un tiempo a esta parte, la relación entre gobernantes y gobernados se ha modificado para bien, como así también el vínculo entre el administrador y los administrados está en proceso de reconfiguración hacia un sistema de más y mejor involucramiento ciudadano.

La tecnología ha supuesto avances en materia de calidad democrática, pero especialmente en lo que respecta a la administración de lo público. Durante mucho tiempo, el Estado se ha manejado con ocultamientos y secretismos que no corresponden cuando de fondos públicos se trata. La multiplicación de aparatos y dispositivos permiten hoy un efecto democratizador impensado años atrás.

Desde la Universidad Nacional de Cuyo nos propusimos no sólo mejorar la administración sino también transparentar sus procesos. Así buscamos darle trazabilidad a la gestión y al manejo que se hace de los bienes públicos.

Para ello, creamos un programa específico de “Universidad transparente” donde ponemos en práctica los estándares de Gobierno Abierto que pongan a disposición de cualquier ciudadano aquella información tanto sobre lo económico presupuestario, licitaciones y contrataciones, participación ciudadana, trámites, el Digesto Universitario (compendio ordenado y sistematizado de las normas emanadas de la Universidad) y el Plan Estratégico.

Somos la segunda universidad pública, después de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en implementar un programa de transparencia como el antes citado. Para ello, la UNCUYO utiliza un sistema de datos abiertos que permite su utilización, reutilización y distribución de manera libre por cualquier persona.

Así buscamos como objetivo de gestión poner a la UNCUYO como institución de referencia en lo que respecta al acceso a la información pública.

Estamos convencidos de que el sostenimiento en el tiempo de políticas públicas de estas características contribuirán a dar un paso significativo aún pendiente: el salto cualitativo del Gobierno Abierto al Estado Abierto, en el que todo ciudadano por el sólo hecho de serlo pueda tener a su alcance la información necesaria tanto para evaluar a los funcionarios, como para tomar decisiones en asuntos que lo involucran y que es su derecho conocer y disponer.