La Asociación Civil por la Igualdad y Justicia (ACIJ) realizó un informe donde muestra las distancias exenciones fiscales próximas a publicarse. Entre los datos que aporta dicho estudio, aparece que en los años 2016 y 2017, el Estado dejó de recaudar 4607 y 5759 millones de pesos respectivamente. El informe de la ACIJ consideró los "privilegios" de los jueces como "injustos" y compara el monto final con los programas sociales que se podrían financiar con ese dinero. 

"Los 4077 millones de pesos perdidos en 2015 superaron el valor asignado al seguro de desempleo o al Programa de Ayuda Alimentaria que atiende a la población más vulnerable, con necesidades básicas insatisfechas. Ese importe también se podría haber destinado a aumentar el Plan Progresar", explicaron las autoridades de la ONG.

El debate por la exención del Impuesto a las Ganancias de los judiciales lleva años de debate y siempre han salido beneficiados por las leyes. Allá por el año 1936 y a través de un fallo, la Corte Suprema consideró que los magistrados del Poder Judicial estaban exentos de abonar impuestos por sus ganancias. Luego, la Ley 20628, sancionada en 1973 y que actualmente regula el tributo, confirmó el privilegio del que gozan en la actualidad. 

En 1996, el Congreso derogó la exención para los judiciales y los legisladores, pero tres días después de que se publicara la norma, la Corte Suprema, por medio de una acordada, declaró inaplicable la derogación del beneficio para los integrantes del Poder Judicial.

Sin embargo, el año pasado los judiciales perdieron su primera batalla ante el Estado: el Congreso modificó la Ley de Impuesto a las Ganancias y los legisladores incluyeron como ganancias de cuarta categoría a las provenientes de los "magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir del año 2017".

Un tema que no es nuevo y siempre genera un fuerte debate en la política argentina. Sin embargo, varias fuerzas políticas comienzan a presionar para que los magistrados y funcionarios judiciales paguen impuestos a las ganancias.