Niñez: un proyecto que determina responsabilidades

Los integrantes de la Bicameral de Niñez trabajaron tres meses en un proyecto para adecuar la normativa provincia a la ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescencias. La iniciativa fija las competencias y responsabilidades de cada uno de los actores del sistema. 

Niñez: un proyecto que determina responsabilidades

Sociedad

Unidiversidad

Verónica Gordillo

Publicado el 18 DE NOVIEMBRE DE 2014

Crear un sistema integral de promoción, protección y restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes; la figura del defensor de los pequeños; diferenciar las responsabilidades y competencias de cada integrante del circuito de protección; poner en marcha un sistema de capacitación continua del personal, y determinar cuáles serán las medidas adoptadas por el Ejecutivo, que requieren un control de legalidad por parte del Poder Judicial. Estos son algunos de los puntos contemplados en el proyecto de ley que presentaron los integrantes de la Comisión Bicameral de Niñez y que busca adecuar la norma provincial a los nuevos postulados de la ley nacional, que está en vigencia desde 2005.

La adecuación de ambas leyes –la provincial Nº 6354 y la nacional 26061 no es un mero formalismo. Permitirá determinar la responsabilidad y las competencias de cada uno de los actores del sistema de protección de derechos de los niños y las niñas, que funciona en Mendoza desde 2008 y que a lo largo de los años demostró que seguía siendo débil.

La presentación del proyecto de ley se realizó en la Legislatura con la presencia del vicegobernador, Carlos Ciurca; del presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús; de los ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Cristian Bassin; de Trabajo, Justicia y Gobierno, Rodolfo Lafalla; la presidenta de la Comisión Bicameral, Sonia Carmona (FPV), representantes del sistema de protección de derechos del Ejecutivo, del Poder Judicial y de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que trabajan en el tema.

Durante tres meses, las integrantes de la Comisión Bicameral analizaron el tema, escucharon a los representantes de cada una de las organizaciones que participan en el sistema de protección de derechos y elaboraron un proyecto de ley. 

Carmona explicó que enviaron el borrador a los organismos del Poder Ejecutivo y Judicial, así como a las universidades, colegios profesionales y a los integrantes de las organizaciones que trabajan en la temática para que hicieran sus aportes. El objetivo –señaló es que la iniciativa se trate en el recinto antes de fin de año.


Carmona comentó algunos de los puntos incluidos en el proyecto de ley, entre ellos, la creación de un Sistema Integral de Promoción, Protección y Restitución de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (SippreDnna); la figura del defensor del niño; un legajo único; una comisión interministerial; la diferenciación de las competencias y responsabilidades de cada uno de los integrantes del sistema de protección; pautas para la formación constante del personal, y determinar cuáles son las medidas adoptadas por el Ejecutivo, que deben tener un control de legalidad por parte de la justicia.


Una adecuación necesaria

Mendoza fue la primera provincia del país en contar con una ley de niñez (6354), que la puso a la vanguardia a nivel nacional en esta temática. Esa es la norma que ahora buscan adecuar a la norma nacional 26061 de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que fue aprobada por el Congreso en 2005 y puede ser considerada como la reglamentación de los postulados previstos en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, a la que Argentina adhirió e incorporó al bloque constitucional en 1994.

Ambas leyes responden a paradigmas distintos, de ahí la necesidad de adecuar las normas. Se presentaron muchos proyectos pero ninguno fue aprobado.

La ley nacional buscó superar cien años de patronato y la idea del niño o niña como objeto de tutela del Estado para pasar a verlo como un sujeto de derechos. Uno de sus aspectos significativos es la “desjudicialización” de la infancia, a partir de la comprensión de que la mayoría de los problemas que la aquejan son económicos, sociales y culturales y que los mismos no son competencia del Poder Judicial sino del Poder Ejecutivo, quien debe poner en marcha políticas públicas para solucionarlos. Es decir que un pequeño no puede ser judicializado porque está en situación de pobreza, porque no tiene casa o no va a la escuela, sino que es el Ejecutivo el que debe poner en marcha mecanismos que le restituyan esos derechos. 

En Mendoza la aplicación se hizo en forma paulatina, ya que la Suprema Corte de Justicia sacó una acordada que suspendió su aplicación hasta tanto se pusieran en marcha los mecanismos procedimentales para hacerla efectiva. Luego de la decisión de la Corte, comenzó a trabajar una comisión de expertos, que fijó los lineamientos de la implementación. Esta se efectivizó en 2008 con la firma de un protocolo entre los poderes Ejecutivo y Judicial.

Desde ese momento funciona un sistema articulado por la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), cuya cabeza es el Órgano Administrador Local (OAL), y los servicios de protección de derechos ubicados en los departamentos. A ese entramado se suman las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y la comunidad, ya que la norma plantea que todos somos responsables de velar por los derechos de los niños: los vecinos, los maestros y maestras, o cualquiera que detecte un problema.

Desde que el sistema de protección se puso en marcha quedaron expuestas sus falencias. La muestra más dolorosa de eso fue la muerte de pequeños, pese a que los organismos actuaron para protegerlos.


En una entrevista que concedió a Edición UNCUYO en enero de 2014, la exministra de la Suprema Corte de Justicia y profesora de la Facultad de Derecho de la UNCUYO, Aída Kemelmajer de Carlucci enumeró algunas de las falencias del sistema. Entre ellas: la multiplicidad de diagnósticos, la falta de recursos materiales, de seguimiento de los casos, de coordinación entre los distintos estamentos del Ejecutivo y de adecuación de la ley provincial a la nacional, sobre todo para dejar en claro las competencias y responsabilidades de cada integrante del sistema.

El 15 de enero de 2014 murió la niña Luciana Rodríguez debido a múltiples lesiones, según los resultados de la autopsia. Pocas horas después fueron detenidos su madre y su padrastro, y seis trabajadores de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) fueron imputados por la fiscal de Delitos Complejos, Claudia Ríos, quien actúa en la causa.

Fue la abuela de la pequeña, Claudia Rivas, quien junto a sus abogados denunció que la Dinaf había restituido a la niña a su hogar cuando ya habían advertido sobre la violencia que sufría.
Unos días después, la Justicia comprobó que existían más de diez denuncias por los maltratos que vivía la pequeña.

Frente a esta realidad, el gobernador Francisco Pérez firmó el decreto 105/14, en el que instó a todos los integrantes del sistema a revisar sus prácticas. 

El resultado de la revisión de esas prácticas se plasmó en un Pacto por la Niñez, firmado por la mayoría de los integrantes del sistema de protección. Algunos de los puntos incluidos fueron: trabajar con un legajo único, ya que se confeccionaba uno por cada ministerio, con lo cual era imposible tener una visión completa del problema; pasar la línea 102 de la órbita del Ministerio de Salud a Desarrollo Social, y reforzar el sistema de protección con personal especializado, además de extenderlo a toda la provincia, ya que en ese momento no tenía presencia en San Carlos, Rivadavia, Junín y La Paz.

Otro de los puntos de ese pacto fue la firma de un acuerdo con el Poder Legislativo para que debatiera y aprobara un proyecto que permitiera adecuar la ley provincia a la nacional, ya que otra vez quedaban al descubierto las zonas grises del sistema y la falta de determinación clara de las responsabilidades que le competían a cada uno.

Esto generó la conformación de la Comisión Bicameral de Niñez, que comenzó nuevamente con el estudio de los proyectos existentes, con el objetivo de delinear uno nuevo y tratarlo en breve. Esa fue la iniciativa que se presentó en la Legislatura.


Observatorio de Niñez

Durante la presentación, la directora de la carrera de Niñez, Adolescencia y Familia de la Universidad del Aconcagua, Hilda Fadin, comentó los resultados de un trabajo que realizaron en el marco del Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia con base en las entrevistas realizadas a cincuenta operadores del sistema.

El estudio demostró que la situación de vulneración de derechos más frecuente era la violencia física seguida por la negligencia y la violencia sexual, y que la mayor cantidad de denuncias se producían en enero.

Los consultados también destacaron que había superposición de intervenciones y una serie de fallas: de coordinación, de articulación, de recursos materiales, de información sobre las responsabilidades e incumbencias de cada actor, de monitoreo y de seguimiento de las medidas; escasez de profesionales capacitados y una gran rotación de los mismos, y problemáticas que excedían las capacidades de la gestión.

El trabajo también incluyó una propuesta de mejora, de acuerdo con las sugerencias de los profesionales consultados, como la necesidad de crear un registro único, sistemático de los casos; visibilizar la presencia de las organizaciones sociales; realizar abordajes integrales e implementar dos equipos: uno para admisión y otro para seguimiento de los casos.

Durante el encuentro también expuso Mariel Molina, docente de la cátedra de Familia de la Facultad de Derecho de la UNCUYO, quien forma parte del equipo de trabajo de Kemelmajer de Carlucci. La profesional explicó los alcances del Libro III del proyecto, que trataba sobre la organización y funcionamiento de la Justicia de Familia.

Molina explicó que la aprobación del Código Civil –que entrará en plena vigencia en 2016 significó un cambio significativo en esta materia, sobre todo porque en uno de sus artículos dejaba asentado el derecho de los niños y niñas a ser escuchados en los procesos.

La abogada recalcó que hoy el principal problema de la Justicia de Familia eran los tiempos, uno de los aspectos que intentaban abordar en el proyecto, a través de las organizaciones y del funcionamiento de los procesos, divididos en ordinarios, extraordinarios y urgentes. 


Poner la lupa en el seguimiento

El doctor Jorge Chahla trabaja desde hace treinta años por los derechos de la niñez y fue uno de los profesionales consultados por los legisladores para elaborar el proyecto de ley.

El docente universitario aplaudió el trabajo de las integrantes de la Bicameral de Niñez que se interesaron en el tema, escucharon a todos los involucrados y recogieron los aportes de los proyectos que se presentaron hasta el momento para adecuar la ley provincial a la nacional.
El profesional aseguró que las claves para reforzar el sistema de protección de derechos eran básicamente dos: el seguimiento de los casos, porque de otro modo “no hay seguimiento, no hay ley ni programa que sea exitoso”, y la selección de los profesionales a través de concursos. Dijo que en esta temática no bastaba con tener un estudio universitario ni hacer muchos cursos, sino que debía existir una motivación y un compromiso para resolver los casos que se presentaban. “Ninguna gestión está autorizada a poner a dedo a la gente, que se termine la dedocracia”, pidió.

Chahla recalcó que la muerte de la pequeña Luciana Rodríguez por violencia familiar fue un caso muy doloroso que mostró todas las falencias del sistema: hubo advertencias sobre el maltrato que sufría la pequeña, se hicieron intervenciones, se la sacó del núcleo familiar directo, luego se la restituyó, pero la nena murió a causa de los golpes. Dijo que en este caso hasta participó la sociedad, tal el espíritu de la ley nacional, ya que un limpiavidrios ayudó a la pequeña e incluso se enfrentó al mayor que la tenía a su cargo.

El médico dijo que frente a este caso era necesario rever las prácticas y dejar en claro las responsabilidades de cada uno de los actores del sistema.

Para Chahla, las problemáticas que siguen afectando a la niñez son la violencia familiar, el abuso sexual, la forma como se los castiga, la desnutrición, la indigencia, el escaso apoyo familiar y la falta de escucha. “Hoy nadie les pone la oreja a los niños y niñas, nadie les cree”.

La titular del Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia, Marta Salcedo, destacó algunos puntos que consideró clave del proyecto: la creación de la comisión interministerial sobre la temática, que ayudará a profundizar la necesidad de la co-responsabilidad, la necesidad de destacar el papel de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y la elección por concurso de la presidencia del Consejo.

La titular de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, Patricia Spoliansky, explicó que el proyecto incluiría el nuevo paradigma de la ley nacional y determinaría claramente las responsabilidades de cada actor del sistema.

Spoliansky recalcó que, de acuerdo a las intervenciones que realizaban, la mayor problemática social, que afectaba especialmente a los chicos, era la violencia intrafamiliar.

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