Otro plan para destrabar el ordenamiento territorial

El Gobierno provincial presentará la semana próxima un nuevo documento en la Legislatura. El proceso estuvo frenado tres años.

Otro plan para destrabar el ordenamiento territorial

El plan busca unificar criterios entre las comunas. Las torres del Procrear, en Tiburcio Benegas. Foto: Axel Lloret.

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Verónica Gordillo

Publicado el 14 DE MARZO DE 2017

El Ejecutivo presentará la próxima semana en la Legislatura un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial cuya aprobación es una condición sine qua non para que la Ley de Uso del Suelo tenga peso práctico a la hora de delinear políticas y tomar decisiones sobre el territorio mendocino. El proceso se frenó hace tres años y ahora el Gobierno plantea darle un nuevo impulso.

Nadia Rapali, actual encargada de la Agencia de Ordenamiento Territorial y vocal por el Ejecutivo, confirmó que la semana próxima presentarán el documento. Sin embargo, aclaró que no se trata de un nuevo plan, sino que mantiene la estructura del que presentó el exgobernador Francisco Pérez en 2014, pero con un informe que responde a los cuestionamientos efectuados por los legisladores y que incluye aportes que realizaron distintos organismos y entidades educativas, como fue el caso de la UNCUYO.

La presentación del informe permitirá destrabar un proceso que está frenado hace tres años, luego de que los legisladores y distintas entidades criticaron el plan de ordenamiento que presentó la gestión de Pérez en 2014 por entender que carecía de información básica para que las comunas pudieran ordenar efectivamente sus territorios con criterios comunes. Ahora se prevé que los legisladores analicen la iniciativa.

Mendoza cuenta con una Ley de Uso del Suelo (8051) desde 2009, pero en la práctica la norma no significó cambios reales. Esto, porque en el escrito se detallan una serie de pasos para su plena vigencia, pero sólo se cumplieron algunos, como la conformación del Consejo de Ordenamiento (un órgano consultivo formado por representantes de 65 entidades) y la Agencia (encargada de velar por el cumplimiento de la norma). Sin embargo, nunca se logró la aprobación legislativa de un plan provincial de ordenamiento, un paso clave para hacer efectiva la norma, ya que a partir de ese momento las 18 comunas tendrán un año para elaborar sus propios lineamientos, considerando las peculiaridades de sus territorios.

Reclaman políticas concretas de ordenamiento territorial

El espíritu de la Ley de Uso del Suelo es brindar herramientas comunes para que Mendoza siga creciendo, pero de forma equilibrada, equitativa y con beneficios para todos sus ciudadanos, sin importar si viven en un departamento del Gran Mendoza o en La Paz. Busca resolver, o por lo menos mitigar, algunos problemas mil veces estudiados y analizados que siguen sin una resolución: el crecimiento desmedido del Gran Mendoza en detrimento de otras áreas, el avance urbano sobre las mejores tierras productivas y la urbanización del piedemonte sin un plan a largo plazo, entre otros.

Rapali comentó que, tal como establece la ley, el documento que se presentará en la Legislatura fue puesto a consideración de los miembros del Consejo de Ordenamiento, cuyos aportes también se incluyeron en el escrito.
 

Las modificaciones

El informe que presentará la Agencia responde a cuestionamientos que se hicieron al plan de 2014: define claramente qué se considera zona urbana, de interfase y rural, siguiendo un mismo criterio que deben respetar los 18 municipios. Establece la necesidad de densificar las zonas urbanas aprovechando los vacíos existentes, e incluso con construcciones en altura, siempre respetando los condicionamientos de los códigos municipales.

El documento también incluirá una clasificación de los centros urbanos de todos los departamentos (denominados nodos) y establece que las comunas deberán analizar cuáles privilegiar, teniendo en cuenta no sólo la cantidad de habitantes, sino también la infraestructura existente.

En el informe se detallan las responsabilidades de los diferentes organismos, así como la necesidad de coordinar acciones, ya que las políticas de ordenamiento territorial incluyen la participación de una diversidad de actores y, sobre todo, la unificación de criterios a la hora de tomar decisiones.

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