Organizaciones como Asociación Pensamiento Penal (APP), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) señalaron, mediante un comunicado, que la decisión de remover a la Procuradora General de la Nación "implicaría un inaceptable avasallamiento institucional sobre el Ministerio Público Fiscal y una violación al principio de división de poderes".

Asimismo, destacan que la"trascendental función del Ministerio Público Fiscal como órgano encargado de la política criminal del país está resguardada constitucionalmente a través de la  independencia y autonomía del organismo (...)  herramientas necesarias para asegurar la eficacia de la persecución penal y la transparencia del sistema penal en su conjunto".

Por último, las mencionadas asociaciones destacan que "aún se encuentra pendiente la implementación de la reforma procesal penal aprobada por el Congreso de la Nación hace más de dos años e instamos a los actores responsables a ponerla en marcha cuanto antes. Es esa y no otra la forma de lograr un sistema penal más independiente, transparente y eficaz".