El Instituto Próvolo, de Luján, está en el centro de la observación. Ayer, martes 29, saltaron detalles de los abusos investigados. Uno de los más perturbadores es que el lugar donde eran sometidas las víctimas era llamado por los abusadores como la “casita de Dios”.

Esta madrugada, el Procurador de la Corte, Alejandro Gullé, confirmó que pondrá a otro fiscal para que asista a Fabricio Sidoti a cargo de la investigación. También señaló sobre el asunto que “en esto se sabe en dónde comienza pero no se sabe en qué termina”, con lo que dejó en claro que habrá más testigos y víctimas que vendrán desde otras provincias para confirmar la denuncia.

Hay ya cinco detenidos, de los cuales dos son los sacerdotes a cargo de la entidad: Nicolás Corradi (82) y Horacio Gorbacho (55). Los otros son los asistentes José Luis Ojeda, Jorge Bordón y Armando Gómez. Diario UNO señala en su tapa impresa que son seis los casos de abuso confirmados.

Gullé reconoce que este tipo de delitos tiene sus dificultades en cuanto a la recolección de la prueba porque está basada, sobre todo, en los testimonios de las víctimas. El magistrado reconoció que a las testimoniales registradas de los chicos abusados ahora habrá que sumarles los exámenes psicológicos para asegurar ante la justicia que no mienten, para desbaratar cualquier argucia legal que pueda esgrimir algún defensor de los acusados.

El Procurador le dio crédito a la versión del Arzobispo José María Franzini cuando el jefe eclesiástico le dijo que no conocían lo que pasaba dentro del edificio de la calle Boedo en Luján de Cuyo que comandaban los curas pedófilos. El Gobierno, mientras tanto, suspendió una actividad pública del gobernador al mediodía de ayer para reemplazarla por una conferencia de prensa de funcionarios de la DGE y Desarrollo Social. Allí se anunció la restricción de acercamiento de los imputados hacia los alumnos y la cancelación del sistema de internación en la escuela. Además se garantizó el término de las clases.

La reacción de los padres se hizo notar, la bronca contenida se expresó ante los medios y se evidenció la idea de la participación del cuerpo de docentes en estos delitos. Por eso el Sadop, el gremio de los maestros privados, emitió un comunicado pidiendo a los organismos pertinentes de la DGE que garanticen la seguridad de los maestros ante el malestar creciente de los padres.