Remoción de comisarios: “El PJ trata de tapar su propia negligencia”

El director de la Inspección de Seguridad, Marcelo Puertas, contestó las acusaciones del peronismo. Dijo que no realizan una purga policial sino una investigación con pruebas. Presuntas irregularidades por el combustible y los repuestos de los móviles.

Remoción de comisarios: "El PJ trata de tapar su propia negligencia"

El director de la IGS, el abogado radical Marcelo Puertas. Foto: Axel Lloret.

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Policías bajo la lupa

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Verónica Gordillo

Publicado el 23 DE JUNIO DE 2016

El director de la Inspección General de Seguridad (IGS), Marcelo Puertas, le contestó al justicialismo y aseguró que no están realizando una purga policial, sino que llevan adelante una investigación sobre la base de pruebas contra cuatro comisarios generales por presuntas irregularidades en el cobro de los servicios extraordinarios. Dijo que con sus dichos, el PJ trata de tapar su propia negligencia, ya que no investigó esta problemática que se arrastra desde hace años.

El Ejecutivo anunció el martes 21 la suspensión de los comisarios generales Gustavo Walter Garis Lo Duca, Víctor Daniel Loyola González y Edgardo Mestre Medina por presuntas irregularidades en el cobro de los servicios extraordinarios. Además quedó bajo la lupa Darío Orlando Irrutia, por haber certificado un título inexistente de un colaborador.

El anuncio provocó un verdadero temblor hacia el interior de la fuerza, teniendo en cuenta que los sumariados son uniformados de máxima jerarquía. Frente a esto, el PJ, a través del diputado Mario Díaz, presidente de la Bicameral de Seguridad, criticó al oficialismo y dijo que no se trata de una investigación sino de una purga que busca perseguir a los uniformados afines a su partido.

Puertas negó las acusaciones. Dijo que la verdadera purga policial la hicieron los justicialistas, ya que luego de la reforma en seguridad impulsada por el exgobernador Arturo Lafalla y su ministro del área, Alejandro Cazabán, expulsaron de la fuerza a 130 uniformados. “En ese momento no les dieron ni derecho a defensa”, lanzó Puertas.

La Inspección fue uno de los organismos que se creó luego de la reforma en seguridad que anunció Lafalla el 28 de diciembre de 1998, y que fue motorizada, entre otros aspectos, por el asesinato de Sebastián Bordón a manos de uniformados y por una revuelta policial. El espacio es el encargado de investigar la actuación policial. El director de la IGS aseguró que no tiene inconveniente en asistir a una reunión de la Bicameral y explicar cómo están realizando la investigación.

El abogado radical también negó que exista malestar hacia adentro de la fuerza. Por el contrario, explicó que los uniformados están conformes, porque siempre denunciaron la protección con que contaban los comisarios generales.
 

Bajo la lupa

La Inspección investiga a cuatro comisarios por presuntas irregularidades en el cobro de los servicios extraordinarios, una labor que los uniformados realizan para empresas y organismos estatales –como Banco Nación– durante sus francos y que luego cobran. Esta labor es muy requerida, porque se paga 450 pesos por hora, y a fin de mes significa el 50 % del sueldo de un policía.

Puertas aseguró que abrieron la investigación con base en dos pruebas: los testimonios de policías –que pidieron mantener el anonimato– y los libros de las comisarías, donde queda en claro que un uniformado estaba al mismo tiempo trabajando en una comisaría y prestando un servicio extraordinario, además de irregularidades en el cobro. En este sentido, el funcionario dijo que el dinero por este trabajo extra no ingresó a la cuenta del Ministerio de Seguridad en el Banco Nación, sino que fue entregada directamente a los comisarios, que se la dividieron.

El abogado radical señaló que las irregularidades encontradas están relacionadas con los servicios extraordinarios que se prestaron a empresas privadas y no a organismos estatales como el Banco Nación o la Anses, aunque recalcó que no existen pruebas de connivencia de las firmas.

El proceso continuará la próxima semana, cuando los acusados ejerzan su derecho a defensa. Si los encuentran culpables, la máxima sanción administrativa es la cesantía (no pueden trabajar como policías, pero después de cinco años pueden volver al Estado), aunque esto se puede agravar si hay una sentencia firme judicial contra cualquiera de ellos, ya que en ese caso llegarían a la exoneración (no pueden volver a trabajar en ningún ente estatal).

Puertas explicó que el mismo día que anunciaron la suspensión de los comisarios, hicieron las presentaciones en distintas Unidades Fiscales, según el lugar donde trabajaban los jefes policiales. Lo más probable es que todas las denuncias pasen a manos de un fiscal especial por el impacto mediático del tema y porque están involucrados jefes del brazo armado del Estado.  

Puertas aseguró que en la investigación están involucrados otros comisarios generales. Dijo que llevan adelante otra pesquisa por presuntas irregularidades en la compra de combustibles y en los repuestos que utilizan los móviles.

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