Fue un rumor que se confirmó. El Gobierno nacional degradó por decreto al Instituto Nacional del Agua (INA), que dejó de ser un organismo descentralizado y pasó a ser una unidad organizativa dentro de la estructura de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación. ¿Qué implica esto en el funcionamiento de un organismo que cuenta con un equipo experto en todos los temas relacionados con el agua? Aún nadie lo tiene claro, ni siquiera quienes trabajan en el lugar, aunque lo único seguro es que la decisión degrada el estatus del instituto y la posibilidad de tomar decisiones en forma autónoma.

Esta decisión del gobierno de Javier Milei tiene un impacto especial para Mendoza, porque aquí funciona uno de los cuatro centros que el INA tiene el país, el Andino, especializado en la zona oeste cordillerana que depende de las nevadas y los deshielos.

Justamente, teniendo en cuenta la centralidad de su tarea para la vida y el desarrollo de la provincia, fue que en una nota publicada en Unidiversidad —cuando los cambios eran todavía un rumor— el subgerente del Centro Regional Andino Santiago Ruiz Freites dijo que “Mendoza no se puede dar el lujo de perder al INA”.

"Mendoza no se puede dar el lujo de perder al INA", dijo Santiago Ruiz Freites en una entrevista que concedió en marzo a Unidiversidad. Foto: Unidiversidad. 

La motosierra en marcha

Los rumores sobre el cierre o achicamiento del INA se transformaron este 17 de junio en una realidad, con la publicación en el Boletín Oficial del decreto 396/2025, firmado por el presidente Milei, el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, y el titular de la cartera de Economía, Luis Caputo. El mismo establece: la transformación del INA de un organismo descentralizado a una unidad organizativa dentro de la Secretaría de Obras Públicas y la fusión del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) con el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar), que asumirá las competencias, facultades, compromisos y obligaciones del primero.

En el decreto se detalla que las decisiones están amparadas en la Ley Bases N.° 27742 que declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año y dio potestad al Ejecutivo para eliminar o modificar organismos, proceso que lidera el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, en cabeza de Federico Sturzenegger.

El decreto informó que las competencias asignadas al INA “pueden ser desarrolladas con igual grado de eficacia, rigor y profesionalismo desde la Administración Pública Nacional centralizada, mediante mecanismos adecuados de gestión y control presupuestario, sin que ello menoscabe su capacidad operativa ni su excelencia técnica”.

La transformación organizacional —detalla el escrito— “permitirá fortalecer la coordinación de las políticas públicas en materia de infraestructura hídrica, alineando sus funciones con los objetivos estratégicos del Ministerio de Economía”. Más adelante, expresa que la medida promueve “una mayor eficiencia organizacional y un uso racional de los fondos públicos, sin que ello afecte la continuidad de las funciones técnicas esenciales del organismo”.

Los equipos de INA realizan proyectos de desarrollo y asistencia técnica de alta especialización en calidad de aguas. Foto: Centro Regional Andino. 

Experto en agua

El INA se creó en 1973, aunque no con la denominación actual, como un organismo científico tecnológico descentralizado, con el objetivo de satisfacer los requerimientos de estudio, investigación, desarrollo y prestación de servicios especializados en el campo del aprovechamiento y preservación del agua.

¿Qué hace el INA? Solo por nombrar algunas tareas: pronósticos de inundaciones y sequías, evaluación de la calidad, monitoreos de disponibilidad, prevención aluvional y de contaminación, evaluación de grandes proyectos como presas y opinión fundada en conflictos judiciales.

El organismo cuenta con cuatro centros en el país, que abarcan la realidad hidrológica de todo el territorio. Uno en el Litoral, con sede en Santa Fe, especializado en la zona húmeda de grandes caudales de la cuenca del Plata y el río Paraná; el de Región Semi Árida, ubicado en Córdoba; el de Aguas Subterráneas, en San Juan, y el Andino, en Mendoza, especializado en la zona oeste cordillerana, que depende de las nevadas y los deshielos. A eso se suman tres laboratorios ubicados en el llamado Polo Ezeiza: el de Hidráulica, que evalúa proyectos de grandes obras, el de Hidrología, que monitorea todos los ríos del país y el de Monitoreo de Caudales, que brinda informes periódicos para que los gobierno tomen decisiones con base científica.

En el Instituto trabajan 300 empleados y empleadas y contaba con un presupuesto para el presente ejercicio de 8357 millones de pesos, destinado especialmente al pago de sueldos y al mantenimiento edilicios y de equipos, según detalló Ruiz Freites en la entrevista que concedió en marzo a Unidiversidad.

En el Centro Andino, ubicado en Mendoza, trabajan 32 personas, 12 empleados de planta y el resto contratados. La mayoría son especialistas en temas hídricos, a los que se suman dos administrativos y un ingeniero encargado del edificio, que está ubicado en Belgrano y Lamadrid, de Ciudad.

En la citada entrevista, Ruiz Freites detalló algunas de las temáticas que abordan desde el centro ubicado en Mendoza: cuentan con un sistema de sensores a lo largo del piedemonte que mide la cantidad de lluvia, con lo que determinan las zonas de riesgo aluvional; tienen unidades de huella hídrica, de riesgo y calidad del agua, entre otras; participan en la creación de un laboratorio para estudiar temas que relacionen la vitivinicultura y el agua; realizan las auditoría técnica de los trabajos de remediación que hace YPF sobre el acuífero de la refinería donde existe un pasivo ambiental, aportan sus conocimientos en temas de ordenamiento territorial y junto al centro ubicado en San Juan, realizaron un  relevamiento del agua subterránea disponible, entre otros aspectos.

En la menciona entrevista, el subgerente del centro regional alertó sobre las consecuencias de cerrar el INA. “Si se produce el cierre del INA y de este Centro Andino, la provincia y la región en general se quedan sin ese bagaje de alta especialización de un organismo de ciencia y técnica que no depende de la política de turno, sino que hace estudios que nos garantizan neutralidad y rigor científico”, expresó.