En el marco de los juicios por delitos de lesa humanidad que se están llevando adelante en el Tribunal Federal Nº 1 contra Luciano Menéndez, Tamer Yapur, Orlando Dopazo, Juan Oyarzábal, Eduardo Smaha y Armando Fernández; Cladem e Insgenar presentaron un amicus curiae. Con esta figura se proponen mostrar que las agresiones cometidas contra la integridad sexual de las  personas víctimas del terrorismo de Estado producidos en nuestro país entre 1975 y 1983, constituyen delitos de lesa humanidad, lo cuales deben ser investigados, juzgados y sancionados como tales.

La violencia sexual formó parte del plan criminal, constituyendo un instrumento más de ataque, al igual que los golpes, el uso de la picana u otro tipo de vejámenes. Todos persiguieron un mismo objetivo: causar dolor, doblegar la resistencia de las víctimas, conseguir información, producir efectos de control y disciplinamiento, tanto para las víctimas como para el resto de la sociedad.

Existen innumerables testimonios a lo largo del país que dan cuenta de la sistematicidad y magnitud de los crímenes  sexuales  cometidos  por agentes del Estado en perjuicio de  hombres y mujeres durante  la última dictadura militar.

Una de las víctimas del D2 de Mendoza, declaró en el juicio: “Soportamos todo tipo de torturas, pero quizá la más horrorosa fue que por la calidad de mujer me violaron varias veces al día cuanto señor estaba de turno”.

Las agresiones sexuales fueron aplicadas tanto a hombres como a mujeres, pero  los y las sobrevivientes coinciden en que,  la  aplicación  masiva y rutinaria de vejámenes sexuales en todos los CCD del país, evidencia un especial ensañamiento con las mujeres.

La violencia sexual han sido invisibilizada por varias razones, entre ellas por los sentimientos de vergüenza y culpa, el temor, así como en la estigmatización que hace la sociedad de las víctimas de estos delitos.

El juzgamiento de  estos crímenes  se  vincula indisolublemente con la obligación internacional del Estado argentino de  investigar y sancionar a los responsables de delitos de lesa humanidad, así  como de respetar  y garantizar el derecho al acceso a la justicia y reparación a todas las víctimas sin discriminación de ningún tipo, en particular aquéllas motivadas en razón del género. Así lo establece el Estatuto de Roma, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).  

Por su parte, Tribunales nacionales ya han declarado expresamente que la violencia sexual en el contexto represivo del terrorismo de Estado configura un delito de lesa humanidad (Tribunal Oral Federal de Santa Fe – Causa Barcos -; Tribunal Oral  Federal de Mar del Plata – Causa Molina -)

De la misma manera, organismos de Naciones Unidas le han recomendado al Estado argentino que debe “continuar desplegando un esfuerzo riguroso en la tramitación de dichas causas, a fin de garantizar que las violaciones graves de derechos humanos, incluidas aquéllas con contenido sexual y las relativas a la apropiación de niños, no queden impunes”; y que  “se adopten medidas proactivas para hacer públicos, enjuiciar y castigar los incidentes de violencia sexual perpetrados durante la pasada dictadura, en el marco de los juicios por crímenes de lesa humanidad, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 1820 (2008) del Consejo de Seguridad, y que se concedan reparaciones a las víctimas”.

Los cargos que ejercieron los imputados a la fecha de los hechos que se investigan demuestran que poseían poder de mando y dirección sobre sus jurisdicciones, por lo que deberán responder por todos los delitos producidos en el área de sus dominios, incluidos los delitos sexuales. El Estado ha asumido frente a la comunidad internacional la obligación de reparar el daño causado a las víctimas de violaciones a los derechos humanos; una de las medidas fundamentales de reparación lo constituye el castigo a sus responsables.