¡¡Que trabajen los presos!!

El epistemólogo y docente de la UNCUYO Roberto Follari reflexiona sobre la ley de obligatoriedad de trabajo en las cárceles de Mendoza. Un análisis sobre el libre albedrío de quien delinque y la voluntad política nula para llevar la iniciativa oficial a la práctica.

Sociedad

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Publicado el 24 DE MAYO DE 2017

La mayoría de la población no piensa en los delitos económicos, o los de "guante blanco". Los enormes desfalcos y vaciamientos empresariales a algunos les parecen casi un recurso normal, y cuando se sabe de los políticos, sólo importan para atacar a los demás, mientras se disimulan los del propio bando. Que en uno solo de esos robos al erario público se pierdan recursos en una escala incomparablemente más alta que en los delitos de robo común contra las personas no parece importar a la conciencia social mayoritaria.

Es que el delito que duele en carne propia es el que se hace directamente sobre nuestros cuerpos. Por ello, la noción de "inseguridad" está totalmente centrada en estos y es contra quienes los cometen (o contra quienes son sus supuestos "posibles detentores") que se desata el rechazo visceral de las clases medias y altas de la población.

Ello se potencia con el no-entendimiento sobre el condicionamiento social de la acción. Generalmente, se cree que quien delinque lo hace porque eligió libremente hacerlo. La noción durkheimiana de "coerción" de la sociedad sobre el sujeto es por completo ajena al sentido común y la ideología hegemónica, según los cuales "cada uno es el fruto de lo que quiso hacer de sí mismo". No se advierte que, si hubiéramos vivido en las condiciones del otro, seríamos iguales a ese otro. Que en sitios sin suficiente escolarización, casas sin padres, en hogares destrozados y familias sin trabajo, la vida es muy diferente de la de quien tuvo una condición medianamente acomodada.

Por supuesto que hay derecho a la seguridad, pero para obtener seguridad de manera efectiva y a la vez democrática, se requieren planes estratégicos, que incluyan acción comunitaria, mejoras sociales, actividades de recreación barrial para jóvenes, tareas de prevención, acción de inteligencia, disuasión previa antes que represión posterior del delito, modificaciones legales y penitenciarias, control y mejora en relación con la policía. Es una torpe ingenuidad creer que se acaba la inseguridad sólo con más patrulleros y agentes policiales; la criminología ha demostrado sobradamente que tampoco se abate el delito con más penalidades.

Por ello, el anuncio gubernamental en Mendoza de que "deberán trabajar todos los presos" parece claramente demagogia punitiva. Carece de toda efectividad seria, pero cae bien a quienes creen que eso es un segundo castigo para los internos. Se buscan votos, no seguridad. La desafortunada frase del gobernador "La cárcel no es un spa" deja bien claro que se trata de castigar doblemente, como si la privación de la libertad fuera poco.

Se juega con que la población suele creer que en la cárcel se la pasa muy bien, y se afirma: "Yo trabajo para mantener a esos vagos y criminales". A quien eso diga (¡¡y son milesy miles!!) bastaría con darle un par de semanas de beca en "el spa" de Boulogne Sur Mer: celdas que son sólo cuevas empotradas en la pared, espacios de 3 metros por 6 metros donde viven hacinados seis presos, falta de ventilación y de iluminación, bañarse en invierno al aire libre, ser a menudo violados, que se juegue a la pelota con la cabeza de alguien a quien se decapitó. Una vida envidiable, quién lo duda.

Así, se sale de la cárcel peor de lo que se entra a ella. Sumado a que aproximadamente el 30 % de los presos no tiene condena firme, lo que hace que muchos de ellos sean luego declarados inocentes, pero ya estuvieron viviendo el infierno carcelario.

Para colmo, el trabajo de todos los encarcelados es, simplemente, imposible. No porque no fuera bueno: sin duda que muchos de ellos querrían hacerlo, así como muchos de ellos estudian. Pero no se puede trabajar en el escaso espacio de las celdas; en un patio... ¿se podría juntar a 300 o 500 presos, todos con sus herramientas? Es un atentado a la seguridad colectiva, tanto de los internos como de la población. ¿Que salgan masivamente para trabajar fuera? Sería imposible controlar la alta probabilidad de fugas múltiples.

Está claro, entonces. A falta de mejores anuncios, se inventa el del trabajo de los presos mientras un gran sector social aplaude, sin advertir que podría estarse perjudicando su propia seguridad.

No en vano el director del principal penal de Mendoza se curó en salud y lanzó un elíptico mensaje, señalando que, para que la ley pueda aplicarse, habrá que dar las condiciones presupuestarias necesarias. Como él sabe que tales condiciones no llegarán, ya tiene justificada de antemano su nula aplicación.

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