Alberto Molina, licenciado en Ciencia Política y Administración Pública de la UNCuyo, investigador y docente, calificó positivamente la medida que registra viviendas populares. La consideró "parte de una necesidad planteada por las organizaciones sociales".

El objetivo consiste en visibilizar una situación en la que viven miles de argentinos y argentinas, con una doble precarización: la tenencia y el dominio irregular de terrenos, y la falta de acceso a los servicios básicos. Ante esto, Molina destacó que "a los pobres sí se los puede relocalizar, pero no a las clases medias trabajantes, y mucho menos a las clases altas". Por ello siempre se busca desplazarlos de terrenos aptos para la especulación inmobiliaria. 

Asimismo, agregó que Mendoza es la provincia que más barrios populares tiene y, también, la que posee más barrios privados, luego del Gran Buenos Aires. La provincia está jerarquizada en lo territorial y por ello se debe evaluar el plan de ordenamiento territorial. 

Molina explicó que se requiere plantear una política de arraigo, crear nuevos nodos estructurantes. Para eso se necesita acción pública e inversión pública y privada.