La muerte de una joven en el Hospital Perrupato dejó a la vista al menos dos problemas: por un lado, la falta de ética periodística al publicar datos íntimos sin autorización e información no chequeada; por otro, la necesidad de capacitar al personal de salud, tanto en lo relativo a garantizar la salud sexual y reproductiva de las personas como en su deber de guardar el secreto profesional.

La intimidad de las personas es un derecho consagrado y defendido tanto en tratados internacionales como en normas locales. Lo sostiene, por ejemplo, el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación”. 

Difundir nombres y detalles de la vida e historia clínica no es más que morbo y espectacularización.

Desde La Trenza Revista recordamos que el Estado debe garantizar el derecho a la salud y a decidir de las mujeres y personas con úteros a partir de la aprobación de la Ley 27610

— La Trenza (@LaTrenzaRevista)

April 12, 2021

Sin embargo, esto parece desdibujarse en ciertos casos, como cuando se trata de la intimidad de las mujeres y personas con identidades feminizadas. Esto sucedió, por ejemplo, ante la muerte de una joven en el Hospital Perrupato que investiga el Ministerio Público Fiscal de San Martín.

Sin que la familia autorizara ni hiciera pública la situación, distintos periodistas y medios de comunicación locales y nacionales divulgaron datos íntimos e información sobre la joven que falleció en el Hospital Perrupato del Este mendocino. La misma actitud reprodujeron distintas personas en sus redes sociales.

Publicaron el nombre de la paciente, su edad, sus actividades principales y su historia clínica. Desde La Trenza, una revista digital, autogestiva y feminista, recordaron que “difundir nombres y detalles de la vida e historia clínica no es más que morbo y espectacularización”. La información es un derecho que, como tal, no tiene más valor ni estatus que otros derechos, como la intimidad. Llevar esto a la práctica, particularmente la periodística, evita la espectacularización de una situación que merece un tratamiento serio, responsable y con perspectiva de género. 

Es responsabilidad Estado y del personal sanitario capacitarse, por un lado, en lo referido a la salud y a la intimidad en tanto derechos, particularmente en relación con los derechos sexuales y reproductivos que defiende la ley 27610, sancionada recientemente; y, por otro, respecto del secreto profesional y el resguardo de la intimidad de las personas en tanto deber. 

La investigación de lo sucedido está en manos de la justicia mendocina. Según publica diario Los Andes, “el caso está caratulado como averiguación de muerte y la investigación está a cargo del fiscal de Santa Rosa Gustavo Rosas, pero en las próximas horas podría pasar a manos del fiscal Martín Scataregi, de la fiscalía de San Martín, comandada por el fiscal jefe Oscar Sívori”. Por el momento, la fiscalía “está esperando los resultados de la necropsia para saber si la muerte se debió a una posible negligencia médica. De ser así, sería calificado como una mala praxis médica y derivar en un caso de homicidio culposo o doloso, según las circunstancias”, continúa la noticia en el portal informativo.