Fernando “Pino” Solanas, senador nacional y líder de Proyecto Sur, explicó en Dale! que a partir de la audiencia pública realizada en el Senado con representantes de muchas comunidades indígenas, referentes de derechos humanos, investigadores/as e integrantes de la Iglesia Católica, el ministro Marcos Peña anunció por medio de un twit que el Ejecutivo apoya la prórroga de la Ley 26.160. La normativa prohibe el desalojo de comunidades indígenas cuyas tierras han sido previamente relevadas. El senador señaló que, según el compromiso obtenido por los bloques mayoritarios, la iniciativa será tratará este miércoles 27 de setiembre en el Congreso. 

"Las comunidades indígenas argentinas no tienen los mismos valores, ni tienen las mismas concepciones, ni hablan como hablamos nosotros. Hay que respetar al otro. La democracia es el respeto a la diferencia, pero hay que hacer memoria contra el olvido ante tanta campaña mediática desinformante y objetivamente neorracista que hemos escuchado estos dos meses para encubrir la desaparición forzada de Santiago Maldonado", destacó Solanas.  

Asimismo, el senador nacional señaló que en la Reforma Constitucional del '94 se incluyó como obligaciones del Congreso Nacional (en el artículo 75, introducido con un extraordinario concenso histórico), dictar leyes que reconocieran la preexistencia étnica y cultural de las comunidades indígenas. "Esto incluyó reconocer la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan. Pero esto no se ha cumplido", aclaró.

Solanas manifestó que la realidad ha respondido a intereses económicos nacionales e internacionales, vinculados a la soja, la minería y el petróleo, entre otros. 

En 2006 se le solicitó al INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, la realización del relevamiento catastral de las tierras en conflicto. "En la actualidad, apenas se ha alcanzado relevar un 25% del territorio y no se ha entregado un sólo título de propiedad, y se habla de usurpación", agregó Solanas. 

"Este conflicto solamente se resuelve con una idea suprema, reparación histórica junto con un presupuesto realista. No es algo imposible para la Nación argentina. Lo tiene que hacer, pero esto es una farsa. Y si no se resuelve el problema, es un generador de conflicto y de violencia, con muertos siempre de las comunidades indígenas", concluyó.