Las detenciones arbitrarias en San Rafael han sido denunciadas por organismos de derechos humanos provinciales como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y por la Asociación Xumek, y constituyen una práctica de violencia institucional dirigida en contra de jóvenes de sectores vulnerables, que son detenidos por la policía en forma reiterada e injustificada, bajo la figura de la "averiguación de identidad". Esta práctica, que se manifiesta en forma generalizada, resulta estigmatizante e impide la inclusión laboral y educativa, y en general reproduce el circuito de la marginación y la exclusión social. 

Según las estadísticas citadas por el Magistrado a quien se pretende destituir, "luego de analizar las Actas de Aprehensión remitidas por Comisaría 32º, solamente en esta repartición (hay 54 comisarías en toda la provincia y otras tantas subcomisarías), durante los meses de Agosto y Setiembre (de 2012), se determinó que se aprehendieron, respectivamente, 340 y 348 personas, de las cuales 148 son empleados, 51 son desocupados, 74 son changarines, 119 son estudiantes, 132 resultaron albañiles y 21 vendedores ambulantes, 25 son pintores, siendo el restos panaderos, plomeros, artesanos, electricistas, poceros, soldadores, cortadores de leña, mozos, cadetes de mandados, agricultores, jornaleros, empleadas domésticas, mecánicos, músicos, locutor, a excepción de dos personas en la que se consignó "empresario" y "profesora". 

Esto demuestra con absoluta claridad la plena vigencia de la teoría del etiquetamiento, la selectividad del sistema penal y de las agencias policiales y el alto nivel de discriminación llevado adelante por los poderes de Estado. No hay entre los detenidos ningún profesional, ni un solo abogado, dentista, kinesiólogo, arquitecto, ingeniero, ni que decir algún juez, diputada, senador." Como se advierte claramente, este tipo de detenciones se orientan claramente hacia los más vulnerables y no a los denominados "delincuentes", no contribuyen a responder a las demandas de mayor seguridad sino que incrementan la inseguridad de las mayorías populares. Quienes sostienen estas prácticas de violencia institucional son los mismos sectores que se oponen a las profundas reformas en la justicia anunciadas por la Presidenta de la Nación y que el Congreso Nacional está debatiendo. 

En este marco, la destitución de Pérez Pesce constituye una muestra más de un poder judicial subordinado a los intereses de minorías corporativas y un intento de disciplinar a otros magistrados que sigan el mismo camino frente al horizonte de ampliación de derechos que vive nuestra Patria y la región latinoamericana.