Más de 130 años tiene la legislación hídrica con la que la provincia maneja sus recursos y, a pesar de que todas las fichas estaban puestas en que Francisco Pérez anunciara una nueva Ley de Aguas en su último discurso ante la asamblea legislativa, hay dudas de que esta posibilidad vea la luz. Lo que sí se conocerá mañana es un proyecto para que los productores puedan acceder al riego por goteo, que de seguro deberá ser ratificado por la Legislatura porque incluye financiamiento.

Los rumores indicaban que este año Pérez se probaría con una nueva ley de aguas. Sin embargo, los organismos y especialistas consultados por Edición UNCUYO aseguran desconocer que esté en marcha una iniciativa de semejante calibre.

Uno de los debates que debía reflotar la ley era sobre el futuro del Ente Provincial de Aguas y Saneamiento (EPAS), como así también del Departamento General de Irrigación. A ambas instituciones se las acusa de burocráticas y hay hasta quienes opinan que deben desaparecer. Otras voces advierten de la posibilidad de integrar el ente regulador de las eléctricas con el del agua para fusionarlos en uno solo.

 Lo cierto es que el presidente del EPAS, Javier Montoro, asegura que las resoluciones del directorio pueden salir en un solo día, por lo que desestima las acusaciones de ente burocrático. El funcionario, que lleva siete años al mando del ente de control y que atravesó el proceso reestatizador de la empresa de aguas, admite que el organismo debería reformularse. Para eso presentó un proyecto que está en la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados desde setiembre de 2011. El expediente que impulsa los cambios es el 69983/11 pero nunca fue tratado.

Varios intentos de reformular la legislación hídrica quedaron en el camino, porque hace casi dos años el gobernador firmó un decreto para que se conformara una comisión que estaría presidida por integrantes de las universidades Nacional de Cuyo y de Mendoza. Allí se pedía que se estudiara la legislación hídrica para elevar una modificación a la Ley de Aguas, que data de 1884. Este informe debía ser elevado a los seis meses de conformada la comisión a la Secretaría Legal y Técnica.En este proceso, los organismos debían acompañar con información, pero lo cierto es que hasta el momento nunca fueron consultados, asegura Montoro.

El debate que se presenta es qué hacer con el ente de control, que hoy es estatal y debe controlar al propio Estado.

Los rumores de su pretendida fusión con el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) provienen de fuentes de la Unión Cívica Radical y se asemejan al intento fallido de la intervención dispuesta por Roberto Iglesias en 2002, cuando era gobernador, y comandada por Ricardo Milutín. El interventor también habló de una especie de fusión para recortar gastos y no duplicar esfuerzos, pero nunca prosperó.

Javier Montoro advierte que en Mendoza hay tres municipios que operan el agua potable, 140 operadores -entre cooperativas y uniones de vecinos-, y seis operadores comerciales -Lumaco, Dalvian, Acotur, Barrio La Bastilla, Hugo del Carmen Ojeda y Valle de Las Leñas-, que coexisten con el administrador del agua y el saneamiento de la mayoría de los hogares mendocinos, Aysam. El control de esta firma ha pasado por varias modificaciones. Cuando Obras Sanitarias era nacional, la regulación era endógena, en la década del 80 se traspasó el poder a la Provincia y también se autoregulaba a través del Estado. En la década del 90, con la privatización de la firma, surge el EPAS a través de la ley 6044, con el objetivo de reorganizar el sistema de agua y saneamiento.

Además, Montoro se ampara en un fallo que dictó la Corte en un conflicto con la municipalidad de Las Heras en el que le dio rango constitucional. Otro de los argumentos que sostiene Montoro es que el EPAS mantiene el mismo personal que hace siete años (60 personas) y maneja un presupuesto anual de 20 millones de pesos.

Montoro cree que hay que sostener el ente de control para que se plasme en una revisión exógena que siga los procesos tarifarios y también los balances de la empresa.

En este punto, Montoro asegura que todos los años se ha controlado y que hasta el momento mantienen la cantidad de trabajadores por prestaciones.

En este contexto, el futuro del ente de control es incierto. De seguro, en los meses por venir no habrá definiciones y será el próximo gobierno quien tome la decisión.