América Latina y el Caribe atraviesan una situación crítica marcada por los niveles alarmantes de cifras de violencia armada, abuso sexual y disciplina violenta que sufren niñas, niños y adolescentes en la región. Frente a esta realidad, un informe reciente de Unicef y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) releva una serie de intervenciones locales que están demostrando que es posible revertir el problema. Desde la mediación comunitaria hasta reformas legales, las estrategias de intervención están salvando vidas. El documento destaca que en la acción de los Estados y la coordinación entre todos sus sectores está la clave. También señala la importancia de fortalecer las herramientas que funcionan y establece lineamientos para usar de guía.

En toda la región, comunidades, gobiernos y organizaciones están demostrando que el cambio es posible. Leyes sólidas, programas de prevención basados en evidencia, mejores datos y una acción coordinada entre los sectores de salud, educación, justicia y protección ayudan a romper el ciclo de la violencia y a dar a cada niño, niña y adolescente una oportunidad justa para prosperar.

En 2019, el homicidio se consolidó como la principal causa de muerte entre adolescentes de 10 a 19 años en América Latina y el Caribe. Si bien se observó una disminución en las víctimas varones de 15 a 17 años entre 2018 y 2022, las tasas de asesinatos de chicas adolescentes en ese mismo rango etario mostraron un preocupante aumento hacia el final de ese periodo.

La violencia no solo ocurre en las calles. En el hogar, la situación es igualmente negativa: más de 6 de cada 10 niños de 0 a 14 años son sometidos a disciplina violenta, una cifra que en países como Surinam y Haití se eleva a 8 o 9 de cada 10. El informe pone especial énfasis en la "superposición de heridas": la violencia no es un hecho aislado, sino que suele acumularse. Una niña o niño pueden sufrir, simultáneamente, golpes en casa, acoso en la escuela y ciberacoso, lo que perpetúa un ciclo que daña su salud y aprendizaje de por vida.

Además, el estudio resalta la desprotección de los 19,1 millones de niños y niñas con discapacidad en la región, quienes tienen una probabilidad significativamente mayor de sufrir castigos físicos que aquellos sin discapacidad en casi la mitad de los países analizados.

Soluciones probadas: el éxito de la prevención local

“Sabemos lo que funciona”, destaca el informe frente al panorama descripto. No se trata de teorías, sino de programas con resultados estadísticos contundentes:

Para interrumpir la violencia armada, el modelo Abriendo Caminos (Cure Violence) aplicado en Cali, Colombia, es uno de los ejemplos más notables. Utiliza mediadores comunitarios para desactivar conflictos antes de que escalen y así logró reducir los homicidios juveniles en un 95 %. En Trinidad y Tobago, un programa similar redujo los tiroteos mensuales en un 39 %.

En San Pablo, Brasil, el programa Olho Vivo implementó el uso de cámaras corporales en la policía y redujo las muertes en operativos en un 67 %. El impacto fue aún mayor en jóvenes varones afrodescendientes, con una caída del 80 % en las fatalidades. Esta política concreta es la prueba de que se puede poner la tecnología al servicio de la vida.

Guyana ha implementado los Centros de Defensa de la Niñez (CAC), espacios integrales donde las víctimas de abuso sexual pueden denunciar, recibir terapia y respaldo judicial en un solo lugar. Dan justicia y apoyo integral. El 95 % de los menores atendidos señaló que estos centros les ayudaron en su proceso de recuperación.

En las casas se puede incentivar la educación y la crianza positiva. Programas como Cuna Más en Perú y ACT Raising Kids Safe en Brasil han demostrado reducir significativamente el uso del castigo físico mediante visitas domiciliarias y talleres de formación para padres. Asimismo, en Jamaica, el Irie Classroom Toolbox capacitó a docentes en disciplina positiva, logrando reducir la agresión en las aulas de preescolar.

Otros ejemplos son Fútbol Más, fundado en Chile e implementado en Perú, que utiliza el deporte como entrada para fortalecer habilidades para la vida en las comunidades, escuelas y centros de atención residencial y logró reducir en un 52 % la aceptación de la violencia de la pareja en adolescentes. Por su parte, Laaha —que se puso a prueba por primera vez en Irak y Ecuador y, ahora, en Venezuela— es una plataforma virtual que funciona como un espacio seguro para mujeres y niñas y ofrece información sobre salud sexual y seguridad digital adaptada a sus necesidades.

Argentina: avances legislativos y el desafío de la violencia digital

Argentina ocupa un lugar destacado en el informe debido a su sólido marco legal, aunque persisten desafíos significativos en la implementación y en los nuevos entornos digitales. Nuestro país ha sido pionero en abordar el grooming y la violencia en línea. Siguiendo el ejemplo de México, adoptó la Ley Olimpia para abordar la violencia digital. Además, a través de la iniciativa Clic Derechos, se ha capacitado a más de 500 profesionales técnicos y al personal de la Línea 102 para reconocer y responder a riesgos en internet.

A pesar de estos avances, el 21 % de las y los adolescentes argentinos reportó haber sufrido comportamientos ofensivos en internet, lo que subraya la necesidad de continuar fortaleciendo la alfabetización digital y los mecanismos de denuncia.

Según el informe, nuestro país forma parte del grupo de once naciones de la región que ya cuentan con una prohibición total del castigo físico en todos los entornos, incluyendo el hogar y las escuelas. Sin embargo, la prevalencia del acoso escolar sigue siendo alta. Según datos de encuestas realizadas entre 2022 y 2025, el 50 % de los niños, niñas y adolescentes en Argentina declararon haber sufrido bullying cara a cara.

Además, y a pesar de la limitación, Argentina es reconocida por la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en temáticas de género para todas las personas que trabajan en el Estado. Esta herramienta ha sido fundamental para coordinar estrategias nacionales contra el acoso sexual y el grooming, a través de la sensibilización de funcionarios, funcionarias y personal administrativo de distintos sectores para entender y prevenir la violencia de género, con su manifestación en la agresión a niñas, niños y adolescentes.  

El llamado a la acción

El informe concluye con una premisa clara: la violencia contra la niñez no es inevitable. El éxito de las intervenciones en ciudades como Cali o San Pablo demuestra que, con voluntad política, inversión y datos precisos, es posible romper el ciclo de agresión.

El relevamiento destaca también que sin datos precisos no se puede saber si niños, niñas y adolescentes están realmente protegidos. Asegura que se necesitan mejores datos sobre la escala y los factores de riesgo de las diferentes formas de violencia, así como sobre las soluciones que sí funcionan, ya que mejores datos significan mejor protección.

El camino hacia una región segura implica cerrar vacíos legales, apoyar la crianza positiva y garantizar que trabajadoras y trabajadores de primera línea —policías, profesionales de la salud, docentes— tengan los recursos necesarios para proteger a la niñez. La evidencia está sobre la mesa; y debe seguir el compromiso de transformar estas soluciones en una realidad para cada niño y niña de América Latina.

Por eso, también establece algunos lineamientos para reducir la violencia contra la niñez:

• Crear espacios seguros para el cambio. Dejar que quienes participen reflexionen sobre sus propias creencias acerca de la violencia y se comprometan a adoptar nuevas formas de actuar en sus hogares, escuelas y comunidades.
• Ofrecer alternativas reales. Capacitar a madres, padres y docentes en la disciplina positiva y dar a adolescentes en situación de riesgo acceso a la educación, a la capacitación y a oportunidades de empleo.
• Diseñar junto con la niñez, no solo para ella. Involucrar a niños, niñas y adolescentes, especialmente a sobrevivientes, en la elaboración de iniciativas junto con profesionales.
• Adaptarse a la cultura y al contexto. Garantizar que los programas reflejen las realidades locales, incluidas las tradiciones de las comunidades indígenas y afrodescendientes.
• Encontrar líderes y mentores. Apoyar a líderes que pueden inspirar el cambio y ayudar a resolver los desafíos que se presenten.
• Conectar los distintos esfuerzos. Vincular los programas con los servicios de lucha contra la pobreza y de apoyo familiar para que menores y sus familias reciban la ayuda que necesitan y las víctimas reciban atención.
• Trabajar dentro del sistema. Alinear los programas con las leyes nacionales y locales para garantizar que formen parte de un enfoque más amplio y sostenible.