YPF, una historia marcada por los vaivenes políticos de la Argentina

El 3 de junio de 1922, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, se creó por decreto la Dirección General de YPF, que se convirtió en la primera petrolera estatal integrada verticalmente en todo el mundo.

YPF, una historia marcada por los vaivenes políticos de la Argentina

Fotos: Télam

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Publicado el 03 DE JUNIO DE 2022

Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) cumple el 3 de junio 100 años de su fundación, cuando el Estado nacional creó la Dirección General de la compañía, hito fundamental en la historia de la industria petrolera local, que marcó no solo buena parte del desarrollo productivo del país, sino que acompañó los vaivenes políticos y sociales de la Argentina.

Los antecedentes de YPF pueden encontrarse en el descubrimiento de petróleo en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, en 1907, por parte de un grupo de operarios que cavaba pozos en busca de agua y se encontró con el "oro negro".

En 1910, bajo la presidencia de José Figueroa Alcorta, se formó la Dirección General de Explotación del Petróleo, con el objetivo de regular la actividad de las compañías extranjeras que comenzaban a establecerse en el país. Los cambios más significativos comenzaron a producirse a partir del 3 de junio de 1922, cuando el Estado nacional, durante el mandato de Hipólito Yrigoyen, creó por decreto la Dirección General de YPF, que se convirtió en la primera petrolera estatal integrada verticalmente en todo el mundo.

En octubre de ese mismo año, asumió la presidencia Marcelo Torcuato de Alvear, que nombró al general Enrique Mosconi como director general de YPF, cargo que ocuparía durante ocho años y que significó un impulso decisivo a la actividad y a la expansión del nacionalismo petrolero. Debido su carrera militar, Mosconi consideraba a YPF como un instrumento de patriotismo argentino, a tal punto que la defensa de la empresa se transformaba en la defensa de la soberanía nacional, al tiempo que valoraba las intervenciones empresariales en relación con la vivienda obrera, la asistencia educativa y sanitaria. En 1930, Mosconi renunció forzosamente y se exilió tras el golpe de Estado que encabezó el general José Félix Uriburu, lo que dio lugar a la llamada Década Infame, el puntapié inicial del avance del capital extranjero en la actividad petrolera.

Durante las primeras dos presidencias del general Juan Domingo Perón, YPF fue una de las empresas estatales que contribuyeron al nacimiento de muchas localidades. Colaboró en la construcción de infraestructura, la asignación de viviendas, la creación de escuelas y hospitales para sus empleados, sus familias y la comunidad.

La producción de petróleo pasó de 2.300.000 toneladas en 1946 a 7.500.000 en 1955. YPF creció de modo significativo con el peronismo, siguiendo el horizonte de nacionalización de los recursos naturales que se plasmó en la Constitución Nacional de 1949.

Ese mismo año, se inauguró Gas del Estado y se tendió el gasoducto más largo del mundo financiado con capitales nacionales; en ese entonces, el 54 % del petróleo consumido era nacional, un ritmo de desarrollo que estuvo nuevamente demorado con la irrupción de otro golpe militar en 1955. El autoabastecimiento se obtuvo por primera vez durante la presidencia de Arturo Frondizi, en el marco de su "batalla" del petróleo (15.600.000 toneladas), por la cual, además, Argentina estuvo en condiciones de exportar petróleo por primera vez en su historia.



Tras el golpe militar de 1962, asumió en 1963 Arturo Illia, que ordenó anular los contratos petroleros con compañías extranjeras firmados por Frondizi. Esto llevó a YPF a una pérdida del autoabastecimiento, de la producción petrolera y de la perforación de nuevos pozos.

Con la llegada del presidente de facto Juan Carlos Onganía, YPF perdió el monopolio, ya que esa administración abrió las puertas a nuevas concesiones. En 1976, llegó una nueva dictadura cívico-militar –la autodenominada "Proceso de Reorganización Nacional"– y, en ese contexto, se designó como interventor de YPF al general de brigada Juan Carlos Reyes.



Durante ese ciclo, la política petrolera consistió en la intervención ascendente de las empresas privadas en detrimento de la firma estatal: se desfinanció la compañía, ya que el Ministerio de Economía retenía una parte del precio de la nafta en el surtidor; se alcanzó una deuda del 1613 % hasta llegar a los USD 6000 millones y fueron despedidos 13.000 empleados, mientras que, hasta el momento, se tiene conocimiento de otros 30 detenidos desaparecidos.

Con la llegada a la presidencia de Carlos Saúl Menem, YPF comenzó su proceso de privatización: entre 1991 y 1992, dejó de ser una sociedad del Estado y se convirtió en una sociedad anónima. En 1999 fue vendida a la firma española Repsol, que adquirió el 14,99 % de las acciones en aproximadamente 13.500 millones de euros, pero la experiencia privada rápidamente reflejó una caída de inversión, la consecuente merma de producción, la falta de proyectos de exploración y el agotamiento de los yacimientos maduros.



El 16 de abril de 2012, la por entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, motivada por la disminución de las reservas de petróleo y la voluntad de retomar el control estatal de la petrolera, presentó el proyecto "Soberanía hidrocarburífera de la República Argentina" para que el Estado Nacional recuperara la propiedad de YPF y asegurara el autoabastecimiento energético del país. En su discurso, Cristina Fernández remarcó que el modelo elegido no era de estatización, sino de "recuperación de la soberanía y del control de un instrumento fundamental", lo que alejaba a YPF del modelo del nacionalismo petrolero del siglo pasado.

Así, el Estado nacional declaró el 51 % del patrimonio de YPF de utilidad pública y sujeto a expropiación. De ese 51 % expropiado a Repsol y a la familia Ezkenazi, el 49 % iría a las provincias, y el 51 % restante, al propio Estado.

Con esto, además de su centenario, YPF también celebra los 10 años de su expropiación, con grandes desafíos a mediano plazo para incrementar su producción, con el incremento de infraestructura de transporte, como la construcción del gasoducto Néstor Kirchner en Vaca Muerta, anunciado en abril último por el presidente Alberto Fernández. El nuevo gasoducto conectará el parque industrial Tratayen (Neuquén) con la ciudad bonaerense de Salliqueló (558 kilómetros) y se estima que esté finalizado para el invierno de 2024, lo que promete abrir una nueva etapa para Vaca Muerta y para la petrolera nacional, en particular.

Fuente: Ignacio Méndez para Télam

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