La exministra de la Suprema Corte de Justicia y especialista en Derecho de Familia, Aída Kemelmajer de Carlucci, aseguró que el sistema que puso en marcha el Ejecutivo para proteger a la infancia no funciona, lo que pone en riesgo la vida de los pequeños. Señaló que existe una grave falta de coordinación entre los actores que deben dar respuestas rápidas frente a la vulneración de un derecho, y que en algunas ocasiones se malgastan los escasos recursos existentes.

La profesora de la Facultad de Derecho de la UNCUYO recalcó que las pruebas del funcionamiento deficiente del sistema están a la vista, cuando se conocen casos en los que hubo intervenciones que no protegieron a los pequeños. Y la peor muestra de esa ineficiencia es la muerte evitable de pequeños, pese a que se activaron las alarmas y hubo intervenciones: Valeria Henríquez, Micaela Reina, Andrea Ábalos, Belén Amitrano, Georgi Godoy y Luciana Rodríguez.

La pequeña Luciana Rodríguez, víctima de violencia familiar. El sistema no la protegió, pese a las reiteradas denuncias.

Kemelmajer dejó en claro que él funcionamiento del sistema de protección de la infancia es responsabilidad del Poder Ejecutivo, ya que el Judicial sólo controla las medidas llamadas excepcionales, es decir cuando un chico es separado de su hogar para protegerlo. Esto es así, desde la aprobación -en 2005- de la Ley 26061 de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, cuyo objetivo fue “desjudicializar” a la infancia, teniendo en cuenta que la mayoría de los problemas que la aquejan son económicos, sociales y culturales y que los mismos no son competencia del Judicial sino del Ejecutivo.

Para la exministra de la Suprema Corte, la falencia central del sistema es la falta de coordinación. Foto: Axel Lloret.

La ley significó la reglamentación de los postulados de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, a la que Argentina adhirió e incorporó al bloque constitucional en la reforma de 1994. Y en la práctica significó que los pequeños no ingresaran en la rueda judicial, simplemente porque son las víctimas.

Para hacer efectivo el cumplimiento de esa norma, en Mendoza se activó un sistema que articulado por la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), cuya cabeza es el Órgano Administrativo Local (OAL) y los servicios de protección de derechos de las comunas. Esos son los organismos que deben dar respuestas frente a la vulneración de un derecho y frente a la violencia que sufren muchos pequeños.

Desde el mismo momento en que se puso en marcha, el sistema mostró falencias. Por eso, todas las gestiones prometieron cambios y mejoras, incluso luego de la muerte evitable de Luciana Rodríguez, el entonces gobernador, Francisco Pérez, firmó un Pacto por la Niñez, en el que todos los actores del sistema se prometieron a  implementar cambios, algunos nunca concretados.

Ahora, la nueva gestión prometió, otra vez, cambios en el sistema. En una nota publicada en diario Uno, la subsecretaria de Desarrollo Social, Marcela Fernández, reconoció que en las actuales condiciones, el Ejecutivo vulnera derechos de los pequeños que tiene bajo su cuidado y que tiene el deber de proteger.

Menos teorías, más práctica

Para Kemelmajer el problema más grave del sistema es la falta de coordinación entre los organismos del Ejecutivo que deben velar por la infancia. Y dijo que esto lleva no sólo a dar respuestas incorrectas y tardías, sino también a malgastar los pocos recursos existentes.

La integrante de la comisión que redactó el nuevo Código Civil, aseguró que en el tema de la niñez hay personas se la pasan haciendo teorías y no van a la práctica. Y ejemplificó que cuando deben resolver un caso puntual, teorizan sobre los derechos de los niños, pero no toman medidas concretas para protegerlos.

La abogada recalcó que las problemáticas que afectan a la niñez y a la adolescencia son tan complejas que no se pueden abordar desde una sola mirada, pero que ese abanico de miradas siempre debe seguir una política rectora que coordine todos los esfuerzos que se realizan.

Kemelmajer también se lamentó de que los legisladores no traten el proyecto de ley que busca adecuar la ley provincial de niñez (6354) a la norma nacional y al nuevo Código Civil, una labor está en manos de los integrantes de la Comisión Bicameral de Niñez. Y recalcó que esta adecuación no es un mero formalismo, sino que permitirá determinar la responsabilidad y las competencias de cada uno de los actores del sistema.

Una advertencia constante

Kemelmajer no es la única que advirtió sobre las falencias del sistema. La Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (Xumek) dejó plasmado en su informe anual 2015, que en materia de políticas de niñez las leyes van por un lado y las prácticas por otro. En el texto, aseguran que las normas formaron un verdadero entramado de protección de los pequeños, pero que las prácticas terminan vulnerando los derechos de los infantes y los adolescentes.

El doctor Chahla calificó como desastrosa la actuación de los organismos de protección de la niñez. Foto: Axel Lloret.

El pediatra Jorge Chahla, que lucha desde hace 30 años por los derechos de los niños, también alzó su voz contra un sistema que no funciona. En una entrevista concedida a Universidad, calificó como patética, desastrosa y decepcionante la actuación de los organismos que tienen la responsabilidad de proteger a los pequeños.

Durante la presentación de su libro, La causa de los niños en Mendoza, el creador del Programa de Atención y Prevención del Maltrato Infanto-Juvenil, del Grupo de Alto Riesgo (GAR), dijo que desde la gestión de Julio Cobos en adelante nadie escucha a los que saben del tema, que no hay seguimiento de los casos, que se nombra a dedo a los funcionarios del área y que los mismos avasallan e ignoran los postulados de la ley nacional sobre la Infancia. Una realidad que continúa y que la nueva gestión prometió cambiar.