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10 DE DICIEMBRE DE 2024
Marcelo Giraud, integrante de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, dijo que los proyectos que impulsan eliminan aspectos sustanciales de la norma. Mientras tanto, el senador provincial Alejandro Abraham afirmó que el proyecto presentado definirá mejor el uso de las sustancias permitidas.
Integrantes de las Asambleas por el Agua Pura criticaron las modificaciones propuestas a la ley. Foto: Unidiversidad.
Los integrantes de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura rechazaron dos proyectos de ley que plantean modificaciones a la Ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias contaminantes en los emprendimientos mineros. Por eso, prevén reunirse con legisladores para plantearles que aprobar las iniciativas significaría un retroceso en el cuidado del medio ambiente.
Es que en las últimas semanas, algunos legisladores presentaron dos proyectos que proponen hacer modificaciones a la ley. Una de las iniciativas –que ingresó a la Legislatura la semana pasada– lleva la firma del senador Alejandro Abraham. La segunda fue presentada hace 15 días y, además de Abraham, la rubrican Juan Agulles y Silvina Camiolo, todos del Partido Justicialista, y plantea la creación de Parques Mineros Controlados.
Marcelo Giraud, profesor de la UNCUYO e integrante de las Asambleas, aseguró que la intención es explicarles a los legisladores que las iniciativas no significan un avance, además de hacer lo propio con los ciudadanos, con el objetivo de que defiendan la norma.
Los proyectos
En 2007, durante la gestión de Julio Cobos, se aprobó la Ley 7722 que prohíbe en todo el territorio provincial el uso de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en los proyectos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración e industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo. Desde su aprobación, la ley generó posturas antagónicas entre quienes la defienden como el único reaseguro de que no se pondrán en peligro los recursos naturales de Mendoza –en especial el agua– y quienes están convencidos de que se aprobó a las apuradas, sin una discusión seria.
La Corte confirmó que la ley 7722 es constitucional
El máximo tribunal puso fin a la disputa entre la Provincia, que defendió la constitucionalidad de la ley, y los empresarios mineros.
A lo largo de los años, se analizaron diversas iniciativas para modificarla, aunque no prosperaron. Además, diez empresas mineras presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, pero en diciembre de 2015 el máximo tribunal determinó que la norma es constitucional.
En las últimas semanas, un grupo de legisladores (Alejandro Abraham, Juan Agulles, Silvina Camiolo, todos del Partido Justicialista) presentaron dos proyectos que proponen hacer modificaciones a la ley. Parques Mineros Controlados.
Unidiversidad se comunicó con Alejandro Abraham, actual senador provincial, y destacó que el proyecto presentado para modificar la actual Ley 7722 definiría mejor el uso de las sustancias permitidas. “La Ley 772 establece en el artículo 1 la prohibición del uso del cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico. En el proyecto que yo presento también se encuentra esta prohibición, pero hago una salvedad en las sustancias similares, ya que se debe definir la amplitud o variedad de las sustancias que puedan ser contaminantes para así abrir el debate y determinar fehacientemente cuáles contaminan y cuáles no”.
“La otra modificación que hemos realizado en este proyecto es sacar la rectificación legislativa, ya que lejos de haber tenido opiniones científicas o técnicas, han sido debates de carácter político, con fines electoralistas, por lo que trae poca seguridad jurídica para quienes vayan a invertir en estas actividades”, destacó Abraham.
“El proyecto que yo presento, pretende incluir 3 tipos de controles una vez que la actividad ya ha sido iniciada, cosa que la ley actual no los tiene: uno por parte del ejecutivo, donde establecemos a la policía ambiental minera; un control legislativo, con una bicameral que también haga un seguimiento de la actividad; y por último se habla de un control por parte de la red ambiental, el cuál será ejercido por las ONG ambientalistas y los ciudadanos que quieran incorporarse a esta red ambiental”, finalizó el senador.
"En Mendoza le cortaron la cabeza a la minería"
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En los fundamentos de la iniciativa, se plantea que hoy existen herramientas eficaces que permiten abordar el desarrollo de la actividad minera, y que esto hace que algunos aspectos de la Ley 7722 se tornen “obsoletos e inconducentes”. Además, en el texto se detalla que uno de esos aspectos son los controles posteriores al inicio de la actividad minera metalífera, a los que se considera escasos.
Entre las herramientas que permiten realizar un desarrollo de esta industria, los proyectos detallan la leyes de Ordenamiento Territorial y la Nacional de Glaciares, así como el Pacto Minero, que firmó –entre otras provincias– Mendoza.
Las críticas
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El geógrafo Marcelo Giraud enumeró las modificaciones que rechazan las entidades ambientalistas. Si bien continúa la prohibición de utilizar cianuro y mercurio, se elimina la frase “otras sustancias tóxicas”; además, se crea una Comisión Bicameral Legislativa para hacer un seguimiento de los proyectos una vez que están en marcha, pero recalcó que, por otro lado, se elimina la necesidad de que cada iniciativa logre la aprobación legislativa.
El profesor criticó los artículos en los cuales se establece que un porcentaje de las regalías obtenidas se destinen a objetivos específicos, como la construcción de viviendas o políticas a favor de quienes tienen alguna discapacidad. Calificó a este planteo como una simple “carnada” –como el tema de los empleos que genera la industria– porque dijo que si se calculan los montos que estarían destinados a políticas específicas, los mismos son “irrisorios”.
Giraud destacó que estos legisladores de la oposición trabajan en pos de impulsar la minería metalífera en Mendoza siguiendo los lineamientos planteados desde el inicio de su mandato por el gobernador Alfredo Cornejo. Dijo que la apuesta es plantear el tema ahora, en un año no electoral, para no tener que enfrentar el debate en 2019. El profesional destacó que plantearán sus críticas a los legisladores para que analicen punto por punto cada una de las modificaciones que se impulsan a esta ley.
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