La Corte y el Convenio de Prensa: ¿qué quieren los molestos periodistas?

La UNCUYO convocó este lunes a una charla debate por la situación laboral del conjunto de periodistas de Mendoza. Hoy será la audiencia pública llamada por la Corte local, por un caso que puede ser un precedente para la aplicación del artículo 58 del Convenio Colectivo de Trabajo que regula la actividad y se refiere al escalafón salarial.

La Corte y el Convenio de Prensa: ¿qué quieren los molestos periodistas?

De izq. a der. Marisa Carrizo, Héctor Garofoli y Miriam Zelarrayán.

Sociedad Unidiversidad por Laura Fiochetta - Fotos: Axel Lloret / Publicado el 09 DE ABRIL 2014


¿Cómo es la situación laboral de quienes trabajan en la prensa? ¿Por qué es tan importante la audiencia de mañana? ¿Qué papel puede a llegar a jugar la Corte? Estas preguntas y muchísimas otras encontraron respuesta el lunes por la tarde en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, cuando se abrió el debate por las condiciones de trabajo de quienes trabajan en la prensa. La convocatoria la hizo la dirección de Carrera de Comunicación Social (las profesoras Bettina Martino y Cecilia Deamici). 

Hubo tres disertantes que tocaron el tema de arriba abajo y anticiparon la importancia que tendrá la audiencia pública que se realizará hoy desde las 9.00, en la Corte local, por el caso Mariana Silva contra Diario Los Andes. Se trata de una empleada administrativa que fue echada de ese matutino e hizo un planteo judicial para pedir que se aplicara el artículo 58 del convenio de trabajo 17/75, que rige la actividad periodística. Ese artículo contiene la escala salarial que deben cobrar las personas que se desempeñan en el periodismo y en la prensa en general, y que implica, para quienes recién se inician en la actividad, un sueldo equivalente al doble de un salario mínimo vital y móvil, que los dueños de las empresas mediáticas se niegan a pagar. 

Por eso, lo que suceda en este caso particular puede sentar un antecedente para periodistas locales, especialmente por la gran cantidad de demandas judiciales que hubo a fines del año pasado contra los medios de comunicación para que se aplicara este artículo. Esos reclamos masivos, impulsados por el Sindicato de Prensa, han sido la causa de despidos en muchas empresas de medios. De hecho, el caso concreto de Diario UNO (donde fueron echadas cuatro personas) fue el motivo principal del paro y protesta del 27 de marzo, que protagonizaron quienes desempeñan sus tareas laborales tanto en medios privados como públicos.


La primera disertante el lunes pasado en la UNCUYO fue Marisa Carrizo, quien además de ser una periodista con una gran trayectoria en la radio LV10 es hoy la secretaria general del Sindicato de Prensa, que fue recuperado a través de una lucha que llevaron adelante periodistas de todos los medios de comunicación  hace cuatro años, cuando el exsecretario general, Roberto Picco, impulsó un nuevo convenio colectivo de trabajo, rubricado por representantes de Diario UNO y Los Andes, que contenía grandes retrocesos para el personal de prensa en sus condiciones laborales. "Era un convenio a la baja", recordó Carrizo. 

La periodista empezó su alocución, con mucho de historia reciente, poniendo énfasis en la importancia de la aplicación del artículo 58 del Convenio Colectivo de Trabajo. "Establece para el aspirante el equivalente a dos sueldos mínimo, vital y móvil, es decir que alguien que recién empieza la actividad en una empresa periodística estaría ganando un salario por encima de los 7200 pesos", subrayó. De esa escala, que quienes tienen medios de comunicación se niegan a aplicar, se desprende además que "los redactores –una categoría que, junto con la de cronista, es la que tiene la mayoría del periodismo local– estarían ganando 11 mil pesos".

En ese sentido, contextualizó Carrizo: "En 2004. el Gobierno nacional (en ese momento el presidente era Néstor Kirchner) alude a la puesta en marcha del salario mínimo vital y móvil. El Diario Los Andes se niega a pagarlo, con el argumento legal de que está vigente la ley de Emergencia Económica. De hecho, Canal 7 lo había pagado pero lo descontó cuando se enteró de lo que hizo Los Andes", contó. Eso le dio pie para citar un caso clave que sentó un antecedente judicial para todo el conjunto de las personas que trabajan en la prensa: el conocido "caso Asumma". 

El periodista Orlando Asumma hizo un juicio por esta situación de no aplicación del artículo 58, que le fue favorable en 2010. Vila-Manzano (dueños de Supercanal, donde él trabajaba) retiraron una apelación ante la Corte nacional para que no quedara el precedente de que el máximo tribunal había avalado tal aplicación. “Fijense cómo ese grupo empresario conoce lo que sucedería en la Corte nacional”, resaltó.

Entre otros puntos, Marisa hizo hincapié en la unidad de los empresarios mediáticos ante el periodismo organizado y la embestida contra los poderes del Estado. “Han impulsado una campaña mediática contra el juez de la Corte Carlos Böhm antes de que se pronuncie en el caso por el artículo 58. Esto incluyó un pedido de juicio político, más allá de los motivos formales para el mismo. Pero, además, hubo una campaña contra todos los jueces que integran el máximo tribunal. Hace 10 días, Canal 9 puso un informe al aire de más de 10 minutos donde se hablaba de todos los ministros de la Corte y sus supuestos familiares que estaban empleados en el Poder Judicial. Esto generó que, el lunes, la Corte llamara a audiencia pública para descomprimir una situación que pesaba sobre los jueces supremos”. 

Carrizo contó, además, su propia situación, en la que el dueño de LV10, Sigifredo Alonso (quien además es dueño de Canal 9, Diario El Sol, etcétera) pidió que le sacaran los fueros, lo que sería un golpe para todo el periodismo. La secretaria general advirtió también que varios empresarios de los medios “pidieron al gobierno de Mendoza que el canal estatal, el canal Acequia, no tuviera trabajadores a quienes se les pagara el artículo 58. "El Gobierno tomó la decisión de encuadrarlos bajo el sindicato de TV y no dentro del nuestro ni de nuestro convenio", se quejó.

A continuación, el profesor especialista en Derecho a la Información y abogado, Héctor Garófoli, tomó la palabra. Él es una de las 11 personas que se anotaron como expositoras para la audiencia de hoy y argumentará a favor de la aplicación del artículo. Garófoli dijo: “Es histórico que la Corte haya tomado la decisión de llamar a una audiencia pública, teniendo en cuenta que el máximo tribunal no se caracterizó por estar del lado de los trabajadores. La sociedad argentina está logrando poner en caja a algunas corporaciones. Los grandes grupos concentrados están desquiciados y creo que han sacado en este caso de quicio a la Corte, que tuvo que llamar a audiencia”.

Según el abogado, hay tres situaciones que pueden darse en el caso de Silva contra Los Andes: “Que una parte tenga absolutamente la razón y, por lo tanto, la otra ninguna, y por tercera situación, diferente de la primera y la segunda, es que haya duda y, en ese caso, se favorecerá al diario”. Además, Garófoli consideró que esta audiencia será útil porque “las empresas periodísticas van a quedar en evidencia, porque no se entiende por qué no reconocen el convenio colectivo cuando los convenios están vigentes den la Argentina desde 1974”.

La última disertante antes del debate fue la profesora y exdirigente gremial Miriam Zelarrayán. La mujer se mostró crítica acerca de la “unidad del periodismo local” y advirtió: “No creo que el gremio tenga tanta fuerza en este momento, creo que no es la oportunidad para un gran debate y el (exsecretario general) Roberto Picco es en realidad producto de nuestro abandono de los espacios gremiales”. Su apreciación despertó después una respuesta de Carrizo, quien defendió el proceso llevado adelante por quienes trabajan en el periodismo local. Zelarrayán también cuestionó la importancia de la audiencia pública. “¿Para qué va a servir socialmente, va a trascender a la sociedad?”, dijo. Y en esa línea, exhortó al estudiantado de Comunicación Social que estaba entre el público a "articular el estudio de teorías críticas con un armado político gremial".

Por último, a la hora del debate se planteó la situación laboral de periodistas que trabajan para los medios de comunicación de la UNCUYO y la posibilidad que tanto quienes trabajan en la gráfica como la radio y la TV sean incluidos bajo el Convenio Colectivo de Trabajo. Hubo consultas al sindicato y a quienes disertaron. 


La audiencia
La audiencia será hoy a partir las 9.00, en el salón de acuerdos de la Corte. Para defender los intereses de Mariana Silva hablará el abogado laboralista local Adolfo Marengo (quien también es abogado del Sindicato de Prensa) y por el demandado, el Diario Los Andes, el abogado laboralista de Buenos Aires, Mario Ackerman, quien además es el titular de la cátedra de Elementos del Trabajo y la Seguridad Social en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. También estarán por la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) el diputado nacional por el Frente para la Victoria Héctor Recalde (abogado con gran trayectoria en materia laboral); por el Sindicato de Prensa de Mendoza hablará el Profesor y Doctor en Derecho a la Información Damián Loreti; por Supercanal, el abogado Miguel Grosso, además de los abogados Carlos Varela Álvarez, por la Asociación XUMEK, y Héctor Garófoli por la UNCUYO. Cada uno tendrá un tiempo máximo de 10 minutos para hacer su exposición.

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