Buscan que funcione el sistema de protección de la niñez

La Bicameral de Niñez elaboró un proyecto que modifica todo el sistema que debe proteger a los pequeños y determina responsabilidades. El abogado del niño y el legajo único.

Buscan que funcione el sistema de protección de la niñez

Varela aseguró que el sistema que debe proteger a los pequeños no funciona. Foto: Axel Lloret.

Sociedad Unidiversidad por Verónica Gordillo / Publicado el 21 DE SEPTIEMBRE 2016

La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) se reducirá a dos direcciones, se creará un legajo único social, la figura del defensor del niño y se determinarán las responsabilidades de cada uno de los actores que intervienen en el sistema de protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes. Esas son algunas de las propuestas del proyecto que prevé adecuar la Ley Provincial de Niñez (6354) a la norma nacional (26061), iniciativa que se presentará la semana próxima. Y, sobre todo, es una iniciativa que busca que el sistema creado para proteger a la infancia funcione.

La titular de la Comisión Bicameral de Niñez, la radical Beatriz Varela, explicó que el sistema que debe proteger a los pequeños funciona mal y sin coordinación entre sus actores, por lo que trabajaron con la colaboración de especialistas para elaborar el proyecto que busca aceitar los protocolos a seguir.

Las palabras de Varela, es decir que el sistema de protección no funciona, tienen un correlato en la realidad, en cada uno de los niños y niñas que murieron aun cuando se encendieron todas las alarmas y hubo intervenciones de distintos poderes del Estado: Valeria Henríquez, Micaela Reina, Andrea Ábalos, Belén Amitrano, Georgi Godoy y Luciana Rodríguez.
 

Una nueva mirada

En 2006, el Congreso aprobó la Ley 26061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que determinó un cambio radical en materia de políticas de niñez e intentó dejar atrás cien años de patronato. Esa norma planteó la “desjudicialización” de la infancia, teniendo en cuenta que la mayoría de los problemas que la aquejan son sociales, culturales y económicos, los que no son competencia del Poder Judicial sino del Ejecutivo, que debe poner en marcha mecanismos para solucionarlos. Es decir que a partir de la nueva norma, un pequeño no puede ser judicializado porque está en situación de pobreza, no tiene casa o no va a la escuela, sino que es el Gobierno el que debe restituirle esos derechos.

En Mendoza la ley entró en vigencia recién en 2008 y todo lo que estaba en cabeza del Poder Judicial pasó a manos del Ejecutivo. Se puso en marcha un sistema articulado por la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), cuya cabeza es el Órgano Administrativo Local (OAL), sus delegaciones en la provincia, las áreas municipales de niñez y las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).

Desde el momento en que el sistema comenzó a funcionar, distintos referentes advirtieron sus falencias, como la exministra de la Suprema Corte de Justicia Aída Kemelmajer de Carlucci y el pediatra Jorge Chahla. Ambos coincidieron en advertir la multiplicidad de diagnósticos, la falta de seguimiento de los casos y de coordinación entre los distintos organismos y poderes y, sobre todo, la falta de concursos para nombrar a quienes estaban a cargo de las decisiones relacionadas con la niñez.

La muerte de la pequeña Luciana Rodríguez, el 7 de enero de 2014, debido a los golpes que le propinó su padrastro provocó un reclamo social. La causa fue que los organismos que debían protegerla intervinieron pero la niña fue restituida a su hogar, pese a que existían más de diez denuncias de maltrato.

El entonces gobernador Francisco Pérez firmó el decreto 105/14, en el que instó a todos los integrantes del sistema de protección a revisar sus prácticas. Los resultados se plasmaron en un Pacto por la Niñez, que firmaron la mayoría de los actores intervinientes en el entramado de protección.

Uno de los puntos de ese pacto fue el acuerdo que el Ejecutivo firmó con el Poder Legislativo para elaborar un proyecto que permitiera adecuar la ley provincial a la nacional, ya que quedaron al descubierto zonas grises y la falta de determinación clara de las responsabilidades que le competían a cada uno. Con esta misión se conformó la Comisión Bicameral de Niñez, liderada por la justicialista Sonia Carmona, quien convocó a especialistas con los que elaboraron una iniciativa aplaudida desde distintos sectores pero que nunca se aprobó.
 

Los cambios

Ni bien asumió la nueva gestión radical, la subsecretaria de Desarrollo Social, Marcela Fernández, advirtió que el sistema de protección no funcionaba y adelantó que se realizarían cambios. Al mismo tiempo, los integrantes de la Bicameral de Niñez comenzaron a trabajar en un nuevo proyecto, tomando como base la iniciativa anterior pero también algunos cambios significativos, como los establecidos en el Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.

Algunos de los puntos incluidos en el nuevo proyecto son: la creación de un Sistema Integral de Promoción, Protección y Restitución de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (SippreDnna); la figura del defensor del niño; un legajo único; la determinación clara de las competencias y responsabilidades de cada uno de los integrantes del sistema de protección; pautas para la formación constante del personal y la necesidad de que ingresen por concurso. Además, se determinará con claridad cuáles son las medidas adoptadas por el Ejecutivo que deben tener un control de legalidad por parte de la Justicia, ya que hoy sólo sucede con las llamadas excepcionales, es decir, cuando el niño es separado de su hogar para proteger su integridad física o psíquica.

Varela comentó que muchas de estas medidas fueron parte del Pacto por la Niñez que se firmó durante la gestión de Pérez pero aseguró que nunca se cumplieron.

La diputada Varela explicó que la Dinaf desaparecerá tal como la conocemos y se reducirá a dos direcciones: la de Protección y Promoción de Derechos (de la que dependerán el OAL, todas sus delegaciones y las dependencias municipales) y la Dirección de Cuidados Alternativos (encargada de los 39 hogares de la Dinaf, 31 propios y 8 de organizaciones sociales, además de los programas de familia cuidadora o temporaria). También incluirán la apertura de la segunda oficina de OAL en Las Heras, Guaymallén y San Rafael, ya que las existentes están colapsadas.

Varela explicó que además de este proyecto, están trabajando en otro relacionado con cambios en la Justicia de Familia (con la colaboración de Kemelmajer de Carlucci) y en un tercero relacionado el Sistema Penal Juvenil.
 

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