Trata de personas: cómo se abordan los casos

En Mendoza funciona desde hace poco más de un año la oficina de Rescate y Acompañamiento a las víctimas de explotación laboral y sexual por el delito de trata. Cuáles son los indicadores y en qué consiste la restitución de derechos.

Trata de personas: cómo se abordan los casos

Foto: Axel Lloret

Sociedad Edición U #15 - Esclavos / por Paola Alé / Publicado el 23 DE OCTUBRE 2016

Desde septiembre de 2015 existe en Mendoza, aunque depende del Gobierno nacional, la oficina de Rescate
y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, a cargo del abogado Carlos Blanco, quien relató cómo se realiza el abordaje del rescate y el posterior acompañamiento de las víctimas.

El profesional explicó que, al tratarse de un delito federal, las denuncias, y la investigación y los allanamientos que surjan de ellas, son analizadas por un juez federal. En el momento de los procedimientos en territorio concurre el equipo que él lidera, compuesto por tres profesionales –trabajador social, psicólogo y abogado– en conjunto con la Policía y el fiscal. “Nosotros somos auxiliares de justicia, actuamos a requerimiento de un juez cuando se nos solicita por un presunto caso de trata”, manifestó.

En el momento del allanamiento, los integrantes de la oficina de Rescate se ocupan de la contención de las víctimas y también son los encargados de elaborar un informe del estado de las personas rescatadas y de la situación que encontraron. Después del allanamiento y de la atención de los damnificados transcurre la etapa de restitución de derechos. En este momento es cuando la respuesta la debe brindar el Gobierno provincial a través del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes (ver más abajo).

Blanco aclaró que esto se hace con el consentimiento de las personas rescatadas, ya que no se va en contra de su voluntad. Si manifiestan que no quieren recibir ayuda ni asistencia psicológica, no se actúa, a menos que exista vulneración de derechos de personas menores de edad. En ese caso, según manifestó el profesional, lo más indicado es que intervenga el Órgano Administrativo Local (OAL) luego de que haya sido puesto al tanto de la situación de los niños y niñas o adolescentes damnificados.

 

La declaración

Las personas que deciden prestar testimonio lo hacen de una manera particular: por medio de la Cámara
Gesell, es decir, en una habitación separada por un vidrio de visión unilateral que cuenta con equipos de
audio y video para poder grabar los testimonios. Las preguntas que necesita hacer la Justicia se analizan
a través del trabajo de un psicólogo o psicóloga y se focalizan puntualmente en el hecho que se investiga.

El objetivo es no caer en la revictimización de los rescatados. Si por algún tema en particular la entrevista se tiene que repetir, no se hacen preguntas “victimizantes”, como, por ejemplo, cuestionar a la persona por datos escabrosos sobre el trabajo que estaba realizando, ni si había comenzado a hacerlo por propia voluntad, especialmente cuando se abordan casos de explotación sexual. La tarea de la oficina es, entonces, la de hacerse cargo del bienestar de los sujetos que se rescatan y también de acompañarlos hasta que se produzca la restitución de derechos, tarea exclusiva del Ejecutivo.

 

Los indicadores

La abogada Josefina Neirotti, exintegrante del equipo de rescate y especialista en esta problemática, se explayó en cuanto a los indicadores que pueden dar cuenta de un caso de trata de personas.

La profesional mencionó el confinamiento físico, que no necesariamente tiene que ser encierro. Puede deberse a que, al no conocer una determinada zona geográfica por ser foránea, la persona se encuentre desorientada y nadie le indique el camino a seguir.

También nombró como indicio las amenazas de denuncia. En este sentido, ejemplificó que puede tratarse de un extranjero que sea amedrentado permanentemente con la posibilidad de ser deportado. Muchas veces las víctimas carecen de información. “En este caso, no saben que ser extranjero en Argentina no se condice con delito alguno y que la falta de documentación local se puede solucionar a través de un trámite”.

Por otra parte, Neirotti habló de endeudamiento inducido y retención de salarios, esto es, decirle a la persona que por haber financiado sus pasajes y los de su familia desde el lugar de origen hasta el lugar de destino, esto los convierte permanentemente en deudores del patrón. También se les cobra la comida, el alojamiento y los impuestos, y con eso no les queda dinero para manejarse por su cuenta.

También son indicadores la falta de higiene, seguridad y condiciones de trabajo dignas, el engaño y las falsas promesas, sobre todo en cuanto a que la situación va a mejorar en un futuro si las personas explotadas cumplen determinados requerimientos impuestos por los explotadores. Por último, hizo mención a la retención de documentos.

Según la abogada, no necesariamente se deben dar todos estos indicios en el mismo caso. Con que coincidan algunos rasgos se puede determinar si es o no un caso de trata de personas. De todas maneras, subrayó que no es el equipo que aborda a las presuntas víctimas el que saca estas conclusiones, ya que el único que puede determinar si se está en presencia o no de este delito es el juez.

Restitución de derechos, obligación del Ejecutivo

La subsecretaria de Desarrollo Social, Marcela Fernández, explicó de qué manera se realiza la restitución de derechos, etapa esencial del proceso de rescate de las víctimas.

Actualmente, en Mendoza hay 23 personas que se encuentran bajo programa y vienen de ser asistidas en años anteriores. A ellas se les da un subsidio para que funcionen sus microemprendimientos de tareas textiles, panadería, peluquería, manualidades y cerámica.

Por otra parte, durante 2016 ingresaron tres casos nuevos. A estas personas se les ha hecho un ofrecimiento para que se autogestionen con el respaldo de Economía Social, que es el área que ofrece líneas de crédito para concretar los emprendimientos. Además, Desarrollo Social se encarga de tramitar alojamiento (en forma temporaria), pasajes y cualquier otra necesidad de las personas afectadas, después del abordaje que realiza la oficina de Rescate.

 

Un área devastada

La funcionaria aseguró que, cuando la actual gestión se hizo cargo del Ejecutivo, la Dirección de Derechos Humanos estaba desierta. Los profesionales que prestaban servicios se habían ido dos o tres meses antes de que terminara el gobierno de Francisco Pérez y sólo habían dejado papeles.  En cuanto a la gente que se encontraba bajo programa –más de 100 personas–, el 80 % no concurrió más y sólo quedaron 23 personas, que son a las que asisten hasta el momento.

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