Tres comunas desbordadas por denuncias de maltrato infantil

Los OAL de Las Heras, Guaymallén y San Rafael manejan unos 2100 casos, la mayoría por maltrato, abuso y falta de acceso a tratamientos de salud. Lo confirmó la directora de Promoción y Protección de Derechos, Verónica Álvarez. Cambios para mejorar el sistema.

Tres comunas desbordadas por denuncias de maltrato infantil

La mayoría de los casos son por maltrato, abuso o falta de acceso a tratamientos de salud.

Sociedad Unidiversidad por Verónica Gordillo / Publicado el 23 DE SEPTIEMBRE 2016

Las Heras, Guaymallén y San Rafael son los departamentos donde más denuncias e intervenciones se realizan por malos tratos y abusos contra niños, niñas y adolescentes y por dificultades en el acceso a los servicios de salud. Así lo confirmó la directora de Promoción y Protección de Derechos, Verónica Álvarez.

Las dependencias del Órgano Administrativo Local (OAL) de esos municipios están sobrepasadas por la demanda, ya que en cada una se mantienen 700 casos activos, es decir que entre los tres trabajan actualmente en unas 2100 intervenciones. Si bien ahora la Dinaf realiza un relevamiento bimestral de los casos de toda la provincia, desde esa dependencia aseguraron a Unidiversidad que por el momento los datos no son públicos.

La dependencia de Guaymallén sumó una nueva intervención cuando los vecinos alertaron sobre una nena de tres años que estaba desnuda y sola en la calle. Hasta que se evalúe el caso, la chiquita quedó al cuidado de los profesionales de Casa Cuna, dependiente de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf).
 

Colapsados

Las dependencias del OAL en Las Heras, Guaymallén y San Rafael están sobrepasadas por la demanda, especialmente de casos en que fue vulnerado el derecho a la vida y a la integridad física de los chicos y chicas. Es decir que la mayoría son casos de maltrato físico o psíquico, abuso y falta de acceso al sistema de salud, especialmente en lo relacionado con consumos problemáticos.

Álvarez explicó que el OAL de San Rafael concentra una gran cantidad de intervenciones relacionas con la imposibilidad de los pequeños para acceder a la atención de salud, ya que si bien existe un sistema público, resulta escaso para atender la demanda, sobre todo en lo relacionado con los consumos problemáticos.

El Ejecutivo analiza la posibilidad de tener una segunda dependencia del OAL en estas tres comunas, aunque Álvarez advirtió que, por el momento, no existe presupuesto para ampliar el sistema.
 

Ordenar y determinar roles

Álvarez explicó que ni bien asumió la nueva gestión comenzaron a analizar la situación de las 18 oficinas del OAL que hay en la provincia, con el objetivo de ordenar el sistema. Detectaron que en Las Heras había 800 denuncias de las que nadie se había ocupado, es decir que se encendió una señal de alarma pero nadie actuó para saber qué les pasaba a los niños y niñas involucrados. Por eso, recalcó, lo primero que hicieron fue resolver esas situaciones.

El sistema se puso en marcha luego de la aprobación de la Ley Nacional 26061 de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, cuyo objetivo central fue “desjudicializar” a la infancia, teniendo en cuenta que la mayoría de los problemas que la aquejan son sociales, culturales y económicos y que es el Ejecutivo quien debe actuar para restituirles sus derechos. Es decir, que todo lo que antes resolvía el Poder Judicial quedó en manos del Ejecutivo.

La ley nacional se aplicó en Mendoza a partir de 2008, para lo que se puso en marcha un sistema articulado por la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), cuya cabeza es el Órgano Administrativo Local (OAL), sus delegaciones en la provincia, las áreas municipales de niñez, las organizaciones de la sociedad civil (OSC), todas las dependencias públicas como las sanitarias y educativas y la comunidad en general. Esto, porque la norma plantea la corresponsabilidad social en el cuidado de los pequeños.

Álvarez señaló como un logro de la gestión justicialista que exista una delegación del OAL en cada departamento, aunque aseguró que al asumir advirtieron desorden, falta de seguimiento de los casos, de estadísticas y, sobre todo, de claridad en los roles y las labores de cada uno de los integrantes del sistema.

En las oficinas de OAL trabajan 303 personas, entre las que hay licenciadas en trabajo social, abogados y operadores. Estos últimos no son profesionales, sino que cumplen el rol de promotores de derechos de los niños.

Álvarez señaló que la confusión de roles se da tanto puertas adentro del sistema como hacia afuera, es decir que la comunidad tampoco entiende cuál es el papel del OAL. Dijo que a estos órganos deben llegar los casos cuando todos los demás actores (como la escuela, el centro de salud o la comuna) agotaron las instancias de resolución, ya que allí se deben tomar medidas y controlar su cumplimiento.

También explicó que están trabajando con todos los actores del sistema para que comprendan cuál es la labor de cada uno y las situaciones en que deben recurrir al OAL. Las denuncias pueden llegar a través de la guardia que el sistema mantiene las 24 horas o por intermedio de un vecino, de un maestro, de un municipal. Los profesionales analizan la información y toman distintas medidas: de protección (por ejemplo, firman un acuerdo con los padres para que garanticen que su hijo o hija complete un tratamiento de salud), conexas (es decir que piden asistencia a un tercero para cumplir una orden, por ejemplo, a la Policía) o de excepción (sacar al niño de su ámbito familiar para proteger su integridad física o psíquica), que es la única que tiene el control de un juez de Familia.
 

Claridad legislativa

Además del ordenamiento que está realizando el Ejecutivo, la Comisión Bicameral de Niñez de la Legislatura elaboró un proyecto para adecuar la Ley de Niñez Mendocina (6354) a la norma nacional. No es un mero trámite, sino que la iniciativa dejará en claro cuáles son las tareas y responsabilidades de cada actor del sistema, ya que hoy existen muchas zonas grises y esto ayuda a diluir responsabilidades, como pasó ante la muerte irreparable de nenas y nenes, aun cuando había denuncias y se realizaron intervenciones. 

En una nota que concedió a Unidiversidad, la presidenta de la comisión, Beatriz Varela, comentó algunos de los puntos que incluye el proyecto que se presentará la semana próxima. La Dinaf se reducirá a dos direcciones, se creará un legajo único social, la figura del Defensor del Niño y se determinarán las responsabilidades de cada uno de los actores que intervienen en el sistema de protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes.

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