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Son datos de un informe especial de la UCA. En el país son, como mínimo, 146 mil niños, niñas y adolescentes quienes viven esta situación. Presentan mayores dificultades para acceder a la educación y son la franja más vulnerable. Aquí, los datos.
Foto: onaf.uda.edu.ar
Su situación es compleja, tanto por lo que vivieron en el interior de sus hogares como por el presente que en su gran mayoría les toca afrontar. En su mayoría, los hijos e hijas cuya madre, padre o ambos se encuentra cumpliendo una condena en alguna de las cárceles del país, viven en la pobreza, no cuentan con obra social y su educación formal se ve truncada. Pero además, son ellos y ellas quienes entre maltratos y ausencias han tenido que salir a trabajar a edades muy tempranas, con todas las consecuencias que ello implica.
Por primera vez, la realidad en la que viven los niños, niñas y adolescentes del país mientras sus progenitores cumplen una condena fue visibilizada, al menos en estadísticas. Recientemente, el Observatorio de la Deuda Social de la Infancia, de la Universidad Católica Argentina (UCA), publicó un documento especial que pone el foco en las condiciones de vida de los y las menores de 17 años en esta condición.
Entre los datos preliminares de la investigación –en base a proyecciones y estimaciones basadas en estadísticas oficiales y estudios relativos a la población infantil argentina realizados por la UCA- surge que del total de niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años, al menos 1,15% es hijo o hija de un adulto privado de la libertad en su entorno familiar, al estar cumpliendo una condena. El porcentaje equivale a 146.112 menores de 17 años, de los cuales al menos 8.182 (5,6%) viven en el Gran Mendoza.
En el mapa nacional, el dato ubica a nuestra provincia en el tercer lugar después de Buenos Aires (con 38,5% del total de menores en esta condición) y Santa Fe (con 9,3% en el Gran Rosario).
En tanto que en Córdoba el porcentaje es levemente menor que en Mendoza, con un 5% de niños, niñas y adolescentes que en 2018 tuvieron a su madre o padre en la cárcel tras haber cometido un delito. Por su parte, el informe estima que el resto (41,6%) se reparte en los diferentes centros urbanos del interior del país.
Si se compara la situación social y educativa de los y las menores de 17 años que tienen a su madre o padre presa/o con aquellos niños, niñas y adolescentes de hogares pobres que no sufren esta realidad más compleja, surge el primer grupo es justamente el que presenta mayores dificultades para acceder al sistema educativo y de salud, pero además, son quienes han sido víctimas de abusos y maltratos desde muy pequeños dentro de su entorno familiar.
De hecho, la crianza de tipo negativo es más frecuente en los hogares donde uno de los progenitores, ambos o un familiar cercano está privado de la libertad.
Así, los datos de la UCA muestran que 42,2% del total relevado vive en condiciones precarias y afronta necesidades en su vivienda, en tanto que quien actuaba como sostén de familia se dedicaba al sector más informal de la economía (obreros o trabajadores marginales) en un 55,3%.
Pero además, la mayoría de los niños, niñas y adolescentes en estas condiciones (48,4%) presentó un bajo clima educativo dentro de su hogar. Asimismo, el déficit en seguridad alimentaria y acceso a la salud también es mayor en este grupo al hacer un paralelismo con sus pares que no tienen a alguien de su familia privado de la libertad.
Todos los datos de la UCA en una infografía
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