Los querellantes comenzarán con sus alegatos. Los acusados, entre los que está el ex subsecretario de Seguridad, Carlos Rico Tejeiro, responderán por los secuestros, torturas y asesinatos de 86 víctimas.
Viviana Beigel, querellante en el VI Juicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en Mendoza, planteará en su alegato que las mujeres sufrieron violencia de género.
El genocida figura en una lista de presos que podrían cumplir su condena fuera de las cárceles elaborada por el Servicio Penitenciario Federal. El objetivo es bajar la superpoblación de los complejos penitenciarios. El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, dijo que el Ejecutivo se opondrá "sistemáticamente" a que se le otorgue el beneficio por su calidad de paciente oncológico "salvo que su situación de salud sea muy delicada".
Se trata de alojados en establecimientos federales. Entre ellos figuran 96 represores condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
La visita a la Clínica Colón de Mar del Plata la realizó el pasado sábado 20 de enero, después de las 20. Se desconoce si tenía autorización judicial y la causa médica por la cual abandonó su casa.
Por ese motivo, los abogados solicitaron protección y que se "garantice la seguridad" de un testigo que vive en el vecindario donde cumplirá prisión domiciliaria el represor y exjefe de la Brigada de Investigaciones de la Policía Bonaerense para cumplir la prisión domiciliaria. Quieren evitar la revictimización.
En la segunda jornada del juicio de la causa Subzona 14 II, donde son juzgados 18 exmilitares y expolicías acusados por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura en esa provincia, se le adjudicó a Luis Enrique Baraldini un rol "expresamente activo y ofensivo" en la "lucha contra la subversión".
El exjuez federal de La Plata, que condenó en 2006 a Miguel Etchecolatz, aseguró que la sentencia de la Megacausa Mendoza demuestra que el proceso contra la impunidad es irreversible.
Rosa Gómez es una de las víctimas de la Megacausa. Pasó nueve meses en el D2 donde sufrió torturas y violaciones. Hoy se conocerá la sentencia contra 28 acusados, entre ellos cuatro exjueces federales.
La decisión la tomó la Universidad Nacional de La Pampa tras derogar la resolución que le otorgó ese reconocimiento en 2014 a la jueza de la Corte Suprema.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se expresó a través de un comunicado. Dijo que la decisión de la Corte "se aparta de los estándares internacionales".
En un comunicado, el máximo tribunal informó que a partir de la semana que viene "correrá vista a las partes de los distintos casos sin resolver".
Organismos de derechos humanos, partidos políticos y otros sectores se concentraron en repudio al fallo de la Corte Suprema.
La presentación la hizo el abogado y ex legislador porteño Marcelo Parrilli. Dice que los magistrados excedieron los alcances previstos por la legislación vigente.
Desde el oficialismo y distintos sectores de la sociedad se pronunciaron contra el fallo de la Corte Nacional que beneficia a los represores en sus condenas por delitos de lesa humanidad.
La Corte Suprema ocupa el centro de la escena pública por el fallo que beneficia a un represor con la aplicación de la derogada ley del “dos por uno”.
El material audiovisual presenta a los represores como "héroes" y llama "terroristas" a los desaparecidos. Además, culpa a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner porque se beneficiaron con el “gran negocio” de los derechos humanos.
El exmilitar fue condenado a cadena perpetua pero estaba prófugo desde hacía tres años. Este lunes declaró en Tribunales Federales en medio de un fuerte operativo.
La cuestión es conocer qué pasó y por qué pasó. Quizá sea un intento de entender el origen de un mal que parecía irremediable. Las copias de las actas de la Junta Militar que trajo el ministro de Defensa a Mendoza actúan como una guía en medio de la penumbra. En esta se nota se puede acceder a ese documento histórico desclasificado.
El ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, entregó dos copias de actas secretas de reuniones mantenidas por los represores durante la dictadura: una, a los organismos de derechos humanos locales; la otra, al gobernador Francisco Pérez. Estos archivos quedarán guardados en la biblioteca San Martín y en la Fundación Ecuménica para acceso público.