La extradición y prisión preventiva del destituido juez Otilio Romano permite ampliar las investigaciones y procesamientos de los funcionarios de la Justicia Federal en la dictadura cívico-militar. La “causa de los jueces” queda integrada y, a la vez, estructura el megajuicio con el 11 de noviembre como fecha probable. Impresiones de unas jornadas históricas.
Una semana al mes, cincuenta chicas y chicos de distintas zonas rurales de Mendoza asisten a la Escuela Campesina de Agroecología, que funciona en el predio de la Unión de Trabajadores Rurales sin Tierra (UST), en Jocolí, Lavalle.
Las audiencias públicas por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) en la Corte Suprema de Justicia invitan a reflexionar acerca del camino recorrido hacia la democratización de la comunicación en la provincia. En esta nota, referentes de la militancia mendocina hacen su balance y reafirman la vigencia de la lucha.
Cincuenta adolescentes y adultos asisten a la Escuela Campesina de Agroecología que la Unión de Trabajadores Rurales sin Tierra (UST) abrió en el 2011 en Jocolí, Lavalle. Los alumnos cuentan que por primera vez respetaron su historia y sus saberes, y que les enseñan conceptos y prácticas que aplican todos los días en su vida cotidiana.
En la Comisión de Derechos y Garantías del Senado avanza una investigación sobre la actuación de Rodolfo González, procurador de la Corte. La máxima autoridad de los fiscales habría ordenado un inusitado operativo policial para detener al representante gremial de los trabajadores judiciales en plena campaña en contra del acoso laboral y por la destitución del Fiscal de Godoy Cruz, Juan Carlos Alessandra.
Más de 50 personas debatieron en Ia I Jornada de trabajo sobre Acceso a la Justicia y Violencia Institucional, convocada por la Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, el 21 de agosto en la UNCuyo. Funcionarias y funcionarios, autoridades y personal penitenciario, referentes sociales y universitarios, trazaron ejes para discutir y trabajar integralmente estas problemáticas.
Organizaciones que respaldan la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual surgida en democracia, se concentrarán el próximo miércoles en la puerta de la Legislatura Provincial para reclamar la constitucionalidad de la norma, que es objetada por Clarín, el mayor grupo de medios del país.
Referentes sociales, universitarios y del campo de los derechos humanos, junto a funcionarias y funcionarios judiciales y políticos, debatieron sobre violencia institucional y acceso a la justicia. La UNCuyo fue anfitriona de la apertura facilitada por la Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte. Diagnósticos de especialistas del CELS sobre la problemática y herramientas políticas y de conocimiento contra las violaciones a los derechos humanos.
El miércoles 31 de julio fue rescatado un grupo de familias, trabajadores rurales, de una finca del departamento de Junín, al este de la provincia de Mendoza, que se encontraban en una grave situación de trata laboral junto a sus hijos. Hoy declararon los funcionarios ante la Justicia Federal.
El 3 de agosto se realizará el Encuentro Federal por la Democratización de la Justicia. La convocatoria está dirigida a todos los que quieran debatir acerca de la situación de la justicia actual.
En el segundo juicio por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura en San Juan, fueron sentenciados los siete exmilitares que llegaron a la instancia final. Hubo tres condenas perpetuas, tres a 25 años y una a 10 años de prisión, casi en línea con lo que habían solicitado la Fiscalía y las partes querellantes. Una justa conformidad que avala la profundización del juicio y castigo para las tres provincias de Cuyo.
Se espera que antes de la feria judicial de mediados de julio se dicte sentencia en el segundo juicio por delitos de lesa humanidad en San Juan. Son siete los represores que llegaron a la instancia final, acusados de la comisión de detenciones ilegales, torturas, violaciones y una desaparición forzada, por 61 personas agrupadas en cuatro causas. Edición UNCuyo entrevistó al fiscal Dante Vega, participante del debate histórico.
Héctor Antinori tiene una larga trayectoria que va del sindicalismo a las cooperativas o consorcios obrero-empresariales. Hoy celebra el fin de la concesión del Ferrocarril San Martín a la empresa ALL, tras varios años perdidos para el desarrollo de transportes que no contaminan y prescinden de costosas autopistas. Lo que es más importante: hoy articula un polo productivo local para hacer posible, de aquí en más, ese desarrollo pendiente.
El último documento generado por el colectivo de intelectuales Carta Abierta-Mendoza advierte sobre el oscurantismo en el que ha vivido el Poder Judicial durante buena parte de su historia. Las consecuencias se observan en el presente, en el que, "salvo honrosas excepciones, los magistrados no se han opuesto a disposiciones anticonstitucionales y criminales de las dictaduras pasadas, y ahora se oponen, en nombre de la República, a leyes del Congreso que no hacen más que ampliar derechos".
El artista visual y escritor Luis Scafati quiebra y expande a cada paso los “casilleros” del arte. “La palabra direcciona, la imagen expande”, dice acerca del diálogo entre las dos pasiones que dan vitalidad a sus días. Una heterogénea charla con el autor del libro y muestra “Cadáver exquisito”, que se puede ver hasta 4 de julio en la Nave Cultural.
Multitudinario congreso nacional por la reforma de la justicia en la Matanza. El encuentro contó con una profusa participación y debate, reafirmando y legitimando la necesidad de un cambio.
El abogado Horacio Martínez Baca, residente en California desde la dictadura militar, es hijo del ex gobernador Alberto Martínez Baca, elegido por el pueblo de Mendoza en 1973. Exactamente un año atrás, escribió esta carta que, más que confrontar con Jorge Rafael Videla, busca satisfacer el ansia de conocer de una juventud estudiosa y capacitada pese a la larga noche de la dictadura militar.
Madres de Plaza de Mayo, Abuelas y demás organismos de Derechos Humanos lucharon durante más de tres décadas para que la justicia tocara en vida al mayor genocida de la Argentina, quien efectivamente, murió condenado y en cárcel común.
El movimiento por una "Justicia legítima” es para Horacio Báez, Juez de la Cuarta Cámara del Crimen, el último aire fresco que ha sentido luego de 29 años de ejercicio de la magistratura en sedes federal y provincial.
El 8 de mayo se hicieron públicos los fundamentos del fallo sobre las responsabilidades que tuvieron diez personas acusadas durante el tercer juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza. Generó indignación la posición adoptada por Alejandro Noceti Achával, juez de Buenos Aires nombrado para completar el Tribunal. Se apoyó en la “prescriptibilidad” de los crímenes comprobados para votar en disidencia la mayoría de las resoluciones. Controversias respecto a la pena aplicada al acusado Fernando Morellato.