Caso Bonarrico: el PJ insiste en que Ibañez vaya a la Legislatura y pedirá juicio político en su contra

El oficialismo se negó a tratar este martes el pedido de interpelación al ministro de Gobierno, cuestionado por el subsidio otorgado al pastor para la Fundación Acción Social.

Caso Bonarrico: el PJ insiste en que Ibañez vaya a la Legislatura y pedirá juicio político en su contra

Foto: Memo.

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Publicado el 08 DE JUNIO DE 2022

Legisladores y legisladoras del Frente de Todos se retiraron este martes del recinto cuando sus pares de Cambia Mendoza se negaron a tratar durante la sesión el pedido de interpelación al ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, para que dé explicaciones en la Casa de las Leyes sobre el subsidio otorgado y luego cancelado a la Fundación Acción Social, presidida por el pastor y exlegislador provincial Héctor Bonarrico. 

Tras este movimiento, el Partido Justicialista anunció una suerte de ultimátum al ministro Ibañez. Durante una conferencia de prensa este miércoles, diputados y diputadas indicaron que si en una semana no brinda explicaciones sobre el subsidio que iba a entregarse a Bonarrico, pedirán un juicio político en su contra. Manifestaron que le darán una semana al funcionario, como plazo para que acepte ser interpelado.

Es que la oposición no quiere dejar pasar el tema que más le molesta al Gobierno provincial y, ante la negativa de discutirlo por parte del oficialismo, el jefe de bloque peronista, Lucas Ilardo, se levantó en plena sesión este martes y anunció que no seguirían participando de la misma.

"Es importante que la sociedad mendocina tome conocimiento de que se está protegiendo a un funcionario involucrado en hechos de corrupción. Si el Gobernador de Mendoza tiene la intención de defender a su amigo Ibañez, claramente no está priorizando la institucionalidad en la provincia, y esto es inaceptable", enfatizó el senador kirchnerista.

En contrapartida, el jefe del bloque radical, Martín Kerchner, expresó: "No vamos a acompañar alteraciones del orden del día", y argumentó que el tema está siendo investigado por la Justicia y que ya fue tratado en ambas cámaras, haciendo alusión a los pedidos de informes aprobados al respecto. "En Mendoza se respetan las instituciones", le respondió a la oposición.

El oficialismo ya había anticipado que no iba a hacer lugar al pedido del PJ para que Ibañez se presente en la Legislatura.

"Tal como sucedió con la convocatoria en la Cámara de Diputados, el Gobierno decide proteger y ocultar al funcionario", denunció Ilardo, quien habló de “ruptura institucional”.

La sesión de este martes fue presidida por el vicegobernador Mario Abed, quien aparece firmando el decreto de otorgamiento del subsidio a Bonarrico, a diferencia de lo ocurrido la semana pasada, que no estuvo presente y la senadora Natacha Eisenchlas ocupó su lugar.

La crónica del escándalo

El Gobierno provincial firmó un convenio con la Fundación Acción Social, presidida por Héctor Bonarrico, pastor evangélico y exsenador aliado al oficialismo, por un monto que superaba los $18 millones.

El Ejecutivo se comprometía a entregar "la suma de $9 millones distribuidos en 4 pagos trimestrales de $2.250.000, comenzando el primer desembolso a partir de la fecha de aprobación del presente decreto".

El convenio tenía vigencia por el término de 24 meses. La cifra del segundo año no podía ser "bajo ningún aspecto ser inferior al asignado en el primer año". Además, el convenio podía "ser renovado tácitamente por igual término si las partes así lo quisieran".

Sin embargo, el exlegislador confesó que ese convenio formaba parte del acuerdo electoral entre Cambia Mendoza y su partido, MásFe, para bajar sus pretensiones para renovar su banca el año pasado.

Por ello, desde la Casa de Gobierno salieron a desmentir a Bonarrico, que luego negó haber dicho lo que efectivamente dijo en una entrevista radial.

Finalmente, el gobernador Rodolfo Suarez derogó el polémico acuerdo que desató un terremoto político en la provincia.

Paralelamente, enterados de la situación, el PJ denunció el hecho en la Justicia para que se investigue la posible comisión de varios delitos: negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos y cohecho y tráfico de influencias.

En esa línea, el ministro de Gobierno, Víctor Ibanez, también realizó una presentación judicial, contra Bonarrico, por darle un destino distinto al previsto a los fondos otorgados en el subsidio.

 

 

Fuente: El Sol

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