Presentaron amparo para que la provincia suspenda clases presenciales

Sociedad

En su escrito, el fiscal explicó que, en este caso, existe una tensión entre dos derechos, el de la protección de la salud y el derecho a recibir una educación de calidad, lo que, aseguró, se logra en mayor medida con la presencialidad en las escuelas.

El amparo

El 23 de abril, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos presentó un amparo judicial con el objetivo de que el Gobierno de Mendoza suspendiera las clases presenciales por dos semanas. El fundamento fue que esa decisión permitiría frenar el número de contagios de COVID-19.

De acuerdo a la postura del organismo, el Ejecutivo provincial incurrió en una “conducta arbitraria” al no tomar medidas restrictivas temporarias de la presencialidad, teniendo en cuenta el incremento de contagios y las publicaciones científicas internacionales, que advirtieron sobre el rol de los establecimientos escolares en la cantidad de personas infectadas y en las muertes.

En el texto del amparo, la entidad expresó que Mendoza se encuentra en una situación de “alto riesgo sanitario” y en condiciones epidemiológicas que ameritan adoptar medidas de limitación de la circulación, dentro del marco del decreto nacional. 

Los fundamentos del fiscal

Siguiendo los criterios de las Corte, Simón compartió el concepto de que decisiones como la pretendida por el organismo que planteó el amparo son ajenas a las atribuciones del Poder Judicial, ya que son una prerrogativa de las autoridades provinciales, siguiendo los criterios establecidos por Nación.

Luego de recibir las opiniones de Fiscalía de Estado y de Asesoría de Gobierno, decidirá la Justicia, específicamente la jueza Patricia Fox, integrante del Tribunal de Gestión Asociada en lo Civil N.º 2 . 

Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires son las únicas jurisdicciones que no adhirieron a la última decisión del Consejo Federal de Educación, que aprobó un sistema de dictado de clases acorde al nivel epidemiológico de cada región del país