En 1979, la denuncia a una mujer de Mendoza por ser madre soltera activó a los feminismos de todo el país
La trabajadora judicial había quedado embarazada producto de un amorío con un policía casado. No había delito, pero sí necesidad de aleccionar por una conducta contraria a la moral y la religión. Mujeres reconocidas de los medios, las artes y la academia salieron al cruce del juez que insistía con castigarla. ¿Qué pasó con el policía?
Superposición de noticias y artículos sobre el caso de la mujer sumariada por ser madre soltera.
Esta nota podría ser el culebrón de una mujer que, en 1978, quedó embarazada de un policía casado y su esposa la denunció. También podría ser la historia de un expediente que en 1979 llegó a la Suprema Corte de Mendoza para investigar y sancionar a una trabajadora judicial por ser madre soltera. O podría relatar los argumentos de distintos operarios judiciales de los 70 —todos varones— en un sumario que acusa a una mujer de “faltas morales y religiosas” por estar embarazada siendo soltera. Y va a contar todo eso, pero desde este enfoque: en dictadura, el sumario a una trabajadora judicial mendocina por ser madre soltera activó a los feminismos de todo el país.
El caso que conmovió a la opinión pública fue, quizás, la excusa que encontraron las feministas, en aquel contexto represivo para decir, “acá estamos”. Artistas, académicas, estrellas de televisión salieron a defender a la trabajadora judicial en apariciones públicas y solicitadas en los medios más grandes y de alcance nacional: en Mendoza, se estaba sumariando por embarazo a una madre soltera.
Es la historiadora Natalia Naciff, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO, quien compartió con Unidiversidad aquel suceso sobre el que está escribiendo para un dossier con su colega Laura Rodríguez Agüero. En su investigación sobre la formación de los feminismos en Mendoza, Naciff encontró los primeros indicios en los 60 —como la formación de centros de estudio— y notó que en dictadura, las organizaciones políticas estaban desarticuladas y las feministas hacían trabajo silencioso y reuniones por lo bajo. La militancia que quedaba había reconducido sus tareas a acompañar a las familias de las personas desaparecidas.
Suplemento Crónica de la Mujer aborda el tema en la tapa y dedica dos carillas al tema. Buenos Aires, 4 de diciembre de 1979.
Pero en 1979, cuando algunos argumentos de la dictadura empezaban a resquebrajarse y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó la Argentina, el feminismo hizo su primera aparición pública en dictadura. Fue una solicitada, una petición a un juez de la Suprema Corte de Mendoza para defender a la trabajadora del Poder Judicial de Mendoza. La firmaban actrices, vedettes, escritoras, fotógrafas, periodistas, amas de casa, profesionales, cantantes, intelectuales, y apareció en distintos diarios locales y nacionales a fines del 79.
“Las mujeres argentinas alzamos nuestra voz para protestar enérgicamente contra el acto inconstitucional perpetrado contra una mujer, empleada del Poder Judicial de la Provincia de Mendoza, a quien se ha sumariado por estar embarazada siendo su estado civil soltera”, inicia la carta abierta al juez Emilio Poccioni.
En esa solicitada, publicada hasta en La Nación y Clarín, argumentan que la maternidad no puede ser juzgada y que no se debe privar de sustento a quien debe solventar a un hijo. También hablan de igualdad de los sexos, del respeto a los derechos individuales y de la libertad de elegir sobre el propio cuerpo. En el suplemento Así, de Crónica, la fecha de publicación fue, específicamente, el 25 de noviembre, aunque, para ese año, todavía no se conmemoraba el Día de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. ¿Coincidencia?
La solicitada que apareció en distintos medios fue dirigida directamente al juez Poccioni, quien debía decidir sobre el caso.
El caso
Los nombres y los detalles aparecen en los diarios de la época, que reproducían los expedientes casi idénticamente y sin el más mínimo cuidado de la intimidad de las personas. Pero acá usaremos solo sus nombres de pila —excepto en el caso de los funcionarios— para proteger su privacidad, porque es probable que sigan vivas.
San Martín, Mendoza, octubre de 1978. Una ama de casa (Elsa), esposa de un policía (Enrique), se dirige a la delegación de San Martín del Poder Judicial y presenta una denuncia contra Lucía, una trabajadora judicial, porque la funcionaria mantenía una relación con su esposo y ponía, así, en peligro su hogar. Lucía era la delegada de libertad vigilada en el juzgado de menores de la localidad y Enrique era el policía encargado de llevar y traer a los niños del juzgado. La abogada Ana María González Loyarte de Salomón recibe el caso y eleva el expediente a sus superiores de la Suprema Corte de Justicia. Hasta ahora, estas tres son todas las mujeres del caso. El resto —los que argumentaron, opinaron y decidieron—, son todos varones.
El entonces presidente del máximo tribunal, Rodolfo Galdós, lo remitió al procurador general, Oscar Palero, que decidió instruir un sumario administrativo. En noviembre, Galdós inició la investigación y el expediente empezó su recorrido: por las oficinas de la tercera circunscripción, por la junta de disciplina, por la Corte. Galdós fallece y asume su lugar el juez Emilio Poccioni, un hombre del Sur vinculado a la derecha católica, casado con una mujer de familia bodeguera con quien tenía nueve hijos.
"Una madre soltera" como parte de las mujeres de la portada de la revista feminista Todas.
Si bien luego el sumario pasó a ser por “violación del deber de dignidad de conducta”, al principio había sido instruido contra Lucía por ser madre soltera. No son solo las feministas de la solicitada las que lo dicen, sino diarios como Los Andes: “Triste historia en la que se acusa a una mujer porque, siendo soltera, quiso que su hijo naciera”. Si no daba a luz, avanza el periódico, la alternativa era caer en el delito del aborto. Y también llama la atención sobre la persecución a esta mujer, ya que su situación es la de muchas otras a las que no se castiga. En Mendoza, de 31500 niñas y niños nacidos en 1977, 5859 fueron extramatrimoniales y sería razonable pensar que buena parte son de madres solteras.
En la investigación los hechos se dan por sentado, pero se investiga si la conducta es o no una falta. Los varones de cada instancia fueron definiendo que no había delito porque era una situación privada y la mujer no había excedido el ámbito de intimidad previsto por la Constitución Nacional. Sin embargo, los argumentos son de lo más llamativos. Por ejemplo, para la “conducta reprochable”, uno de los hombres de la junta de disciplina —Jorge Imperiale— advierte dos alternativas: juzgarla por adulterio o sancionarla por incumplir el deber de mantener una conducta decorosa prevista por el Estatuto del Empleado Público. También afirma que “el verdadero castigo ya lo ha recibido”, en referencia a haber sido madre soltera e, incluso, propone trasladarla.
La identidad del juez Emilio Poccioni no es un dato menor, explicó la investigadora Natalia Naciff, porque en su cruzada moral, la dictadura buscaba disciplinar los cuerpos y la justicia fue un agente cómplice del ordenamiento de esa moralidad y esa ética centrada en la familia tradicional. Las mujeres que tenían hijos sin estar casadas incumplían el mandato: “Hay algunas madres y otras madres”, afirmó la investigadora. El sumario solo era contra Lucía, pero el fallo buscaba ser ejemplificador para todas las mujeres.
La nota de la revista Todas empieza así y luego suma la opinión de diversas mujeres.
La apuesta de las feministas
Si bien la dictadura había impuesto un sistema de terror estatal, para 1979, los argumentos represivos no estaban tan sólidos como en el 76. La visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habla de eso. Fue en ese contexto que las feministas decidieron salir públicamente para plantear una defensa sólida de Lucía y de las libertades de las mujeres.
La conclusión a la que llegan las historiadoras Naciff y Rodríguez Agüero es que las feministas locales, nucleadas en el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, —como María Elsa José, Alieda Verhoeven, Pocha Camín— levantaron el teléfono para llamar a las porteñas. “¿Qué les dijeron? No sé, probablemente ‘hagamos algo, no sabemos qué?”, ríe Naciff, y encontraron la estrategia mediática. Publicaron una solicitada y aparecieron en distintos medios dando notas para poner el tema en agenda.
En las intervenciones se metieron con todos los argumentos legales, morales, éticos, religiosos para presionar y que no la echaran. Salieron hablando abogadas, médicas, psicólogas, amas de casa, artistas de todo tipo. Casos como el de Pinky —la histórica periodista— muestran que aprovecharon todas las oportunidades para sacar el tema. La revista Así, de Crónica, la entrevistó por una enfermedad que atravesó y ella no perdió el tiempo: “Después de veintitrés años en la profesión, creo que hay la obligación de hablar claro y enfrentarse a la hipocresía”, dijo la conductora. Resonaron, también, los nombres de María Luisa Bemberg, María Elena Walsh, Nélida Lobato, Sara Facio, Luisa Vehil, María Elena Oddone, Alicia D’Amico y muchas otras.
El suplemento Crónica de la Mujer cuenta la historia al día siguiente de la resolución judicial.
El revuelo que generaron dio resultados positivos, porque de una posible exoneración, el juez Poccioni pasó a sancionar a Lucía con cinco días de suspensión sin goce de haberes y sin aportes jubilatorios. “Fue una ganancia. Y, para esa época, todo el trabajo que se hizo en los medios fue muy catártico para los feminismos”, concluyó Natalia Naciff.
¿Y el policía? Por el legajo que pudieron encontrar, ascendió a comisario.
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