“Hay archivos” y son la base de los estudios de los últimos años sobre la dictadura
En su paso por Mendoza, la historiadora rosarina Gabriela Águila explicó que durante años se trabajó con la premisa errada de que no había fuentes documentales para estudiar el violento período de nuestra historia reciente. Las investigaciones actuales demuestran lo contrario.
"Hacían inteligencia, pero terminó siendo un archivo histórico", dijo Gabriela Águila. Foto: Unidiversidad
“Contrariamente a lo que se suponía de la dictadura –que se había destruido todo, que se había perdido todo, que no había nada, toda la investigación que se ha hecho en los últimos años está mostrando lo contrario: que hay archivos”. La historiadora rosarina Gabriela Águila estuvo en Mendoza y, además de presentar su libro Historia de la última dictadura militar, dio una charla en el Espacio para la Memoria ex-D2, apoyada también por el Área de Derechos Humanos de la UNCUYO. A pesar de que en aquel período fue destruido el sistema universitario, científico y técnico –particularmente el de las ciencias sociales–, los estudios históricos actuales han logrado renovarse notablemente a partir del acceso a fuentes documentales.
Hay factores que nos hacen creer que somos una sociedad saturada de información en todos los aspectos y que ya sabemos todo sobre la última dictadura. Lo cierto, aclara la investigadora de Conicet, es que sabemos mucho más de sus efectos en el corto, mediano o largo plazo que de la dictadura en sí. Águila es docente de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) e investigadora de Conicet especialista en temas del pasado reciente.
Es muchísimo lo que queda por estudiar, conocer y reflexionar. Sin embargo, también es notable la renovación de los estudios sobre la última dictadura de los últimos quince años en el campo de las investigaciones académicas, es decir, en el sistema universitario y científico técnico público en Argentina, asegura la especialista. Todo se vio facilitado con el acceso a ciertos archivos, sí, pero, sobre todo, por becas de doctorado y posdoctorado de una cantidad de gente joven que, en palabras sencillas, pudo acceder a que le pagaran por estudiar. Si no, no se explica, afirma taxativamente Gabriela Águila, cómo es que sabemos mucho más de la dictadura de lo que sabíamos veinte años atrás.
"¿Qué hay de nuevo en los estudios de la última dictadura?", en el ex centro clandestino de detención D2. Foto: Unidiversidad
Los desafíos de estudiar el pasado reciente
Si bien desde el primero en 1930 hubo casi un golpe por década –y la normalidad de las instituciones se vio afectada por cada uno de ellos–, la última dictadura tuvo un impacto particularmente fuerte sobre el sistema universitario argentino. El gobierno de facto ejecutó la expulsión, persecución, exilio, desaparición o detención de una gran cantidad de docentes, intelectuales, investigadoras e investigadores. El proceso de reconstrucción de esa vida universitaria a partir de 1984 llevó mucho tiempo: además de rearmar la institución, ciertas disciplinas que habían quedado al margen tuvieron que ponerse al día con los debates y discusiones en el campo académico o científico.
---Entre esas disciplinas que habían quedado al margen, Gabriela Águila se refirió a las ciencias sociales en general y a la historia en particular, que, en el proceso de reconstrucción de la posdictadura, tenía el desafío de enfrentarse a la idea de que el pasado reciente no era considerado historia, sino política. Por eso, fueron otras las disciplinas que abordaron primero el golpe del 76: fueron la sociología y la ciencia política, y fueron, también, economistas y juristas, que sentían mayor comodidad al tomar a la dictadura como objeto de estudio.
El pasado reciente estaba fuera de lo que se podía estudiar desde la historia, explica Águila. Y había –hay– quienes afirmaban –afirman– que la historia no tiene que investigar temas abiertos, calientes, sino aquellos que ya estén cerrados sobre sí mismos y no estén atravesados por el presente. “Llevó mucho tiempo derribar esta idea como sentido común y como posición epistemológica”, señaló Águila.
Explanada y frente del Palacio Policial, donde funcionó el D2. Foto: Unidiversidad
Primeros estudios: la memoria social
Lo cierto es que, recién a partir de los 2000 –con la crisis económica, social y política del “Que se vayan todos”–, el contexto de conflicto surgía como puntapié para los estudios académicos. Esto fue un desafío particular para historiadores e historiadoras, porque la sociedad empezó a preguntarles qué tenía el pasado para decir sobre el presente. Entonces, no solo había que investigar los efectos de las violaciones a los derechos humanos en los años de la dictadura, sino que, además, había que explicar esa crisis, ese presente crítico, dramático y angustiante, recordó Gabriela Águila.
Esa pregunta no era errada, explicó la historiadora, porque todas las sociedades que pasaron por procesos de violencia estatal y exterminio masivo –masacres, genocidios, guerras– están atravesadas por los efectos de esa violencia. Hay quienes eligen llamarlo “trauma social”, que no es la expresión que prefiere ella, aunque le resulta muy ilustrativa. Por eso, los primeros estudios sobre la dictadura vinieron desde el campo de la memoria social.
Todo esto planteó múltiples desafíos entre historiadoras e historiadores. Primero, porque no existían las fuentes, así que tuvieron que salir a recolectar testimonios mediante entrevistas. Segundo, porque conocían técnicas metodológicas para trabajar con archivos documentales, pero no con fuentes orales. Tercero, porque tenían que estudiar periodos que habían vivido, que habían atravesado con su propia experiencia y sobre los que personalmente, seguramente, tenían algo para decir. Cuarto, porque tenían que trabajar con los recuerdos, con la memoria, que a veces comete errores involuntarios, que a veces miente, no porque quiere, sino porque se confunde.
Sobrevivientes del ex centro clandestino guían un recorrido en el Espacio para la Memoria. Foto: Unidiversidad
El valor de los archivos
Lo primero fue el avance de la investigación por testimonios y Argentina, de hecho, es pionera en los estudios sobre memoria. Pero cada vez aparecen más archivos y fuentes documentales para estudiar esa etapa de la historia. “Estaban ahí y no los habíamos visto porque habíamos asumido la premisa de que no había fuentes para estudiar el periodo”, sostuvo Gabriela Águila. Y profundizó: los trabajos de investigación de estos últimos años se han hecho en gran parte sobre archivos públicos, disponibles, abiertos y accesibles.
La investigadora rosarina puso como ejemplo el archivo estatal de la Dirección General de Información del Gobierno de Santa Fe, una especie de SIDE que funcionó del 66 al 90 y que respondía directamente al Ejecutivo de esa provincia. Quienes trabajaban allí recopilaban información, por un lado –leían y recortaban diarios, enviaban agentes a la calle, a asambleas, sindicatos, universidades, actos públicos– y organizaban inteligencia, por otro. Hasta su disolución fue la oficina encargada de averiguar antecedentes de quien quisiera trabajar en la administración pública provincial.
Ese organismo se disolvió, pero los papeles no desaparecieron. Con el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dipba) pasó lo mismo, y con los del D2 de Mendoza, también: “Les ponen una llave y los dejan ahí para que alguien los descubra”, dijo Águila. Historia aparte es la tarea de desentrañar la lógica de esas fichas, expedientes y repositorios policiales, casi sin apoyo concreto ni políticas públicas para recuperar y organizar esas fuentes.
Integrantes del Archivo Provincial de la Memoria de Mendoza trabajan en la organización de los materiales. Foto: EPM ex-D2
Es de hecho la compleja labor a la que se dedican las integrantes del Archivo Provincial de la Memoria Susana Muñoz, que funciona en el Espacio para la Memoria ex-D2 de Mendoza, donde se preservan los legajos de inteligencia realizados sobre la población mendocina por el Departamento de Informaciones (D2) de la Policía de Mendoza. Con los datos –obtenidos mediante la vigilancia de personas, la infiltración de agentes o los recortes de diarios–, detectaban a personas sospechadas de “subversión”, a las que se les abría un legajo y quedaban literalmente fichadas. Los documentos fueron encontrados en el lugar tras la disolución del D2, con la reforma policial a fines de los 90.
¿Cuál es el valor de todo eso? Imaginemos el escenario de que alguien quiere investigar la historia de partidos políticos, del movimiento estudiantil u obrero, de reclamos sindicales o, incluso, de los organismos de derechos humanos. Entre los contenidos de los folletos, las intervenciones en asambleas, las declaraciones públicas, las notas periodísticas y demás materiales, las investigadoras e investigadores tienen materia prima más que suficiente para solventar sus trabajos.
“Los archivos de inteligencia son una mina de oro (...)", manifiesta Águila. "Era inteligencia, pero termina siendo un archivo histórico”.
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