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Un total de 90 ejemplares fueron encontrados muertos en menos de dos años en Argentina debido a la ingesta de tóxicos ilegales. "Es ilegal envenenar a los predadores y contaminar el ambiente", dijo Jennifer Ibarra, directora de la Fundación Cullunche. Qué pasa con la reglamentación del Senasa.
Foto: Prensa de Gobierno de Mendoza.
Noventa cóndores fueron encontrados muertos en menos de dos años en Argentina debido a la ingesta de tóxicos ilegales. De ellos, 34 fueron hallados a principios de 2018 en Malargüe. Estas aves, que en la provincia son monumento natural provincial, fallecieron por una práctica peligrosa entre los ganaderos andinos, quienes buscan alejar a los depredadores (como perros, zorros y pumas) utilizando venenos ilegales. Así, al morir, su carne es comida por los cóndores, que lamentablemente sufren la misma suerte.
Jennifer Ibarra, directora de la Fundación Cullunche, explicó que se sigue trabajando con el Gobierno en una ley de trazabilidad de agrotóxicos (presentada por Federico Zamarbide en el Congreso), que busca conocer todo el camino que hace el agrotóxico desde que sale de la fábrica hasta que llega a la persona que lo va a usar. "Además, incluye como obligación la receta de un ingeniero agrónomo para poder comprar este producto", dijo.
En octubre pasado, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) prohibió la elaboración, la importación, el fraccionamiento, la comercialización y el uso de las sustancias activas carbofuran, carbosulfan, diazinon, aldicarb y dicofol y sus productos formulados. Estos fueron identificados como los venenos habituales relacionados con la muerte de cóndores. Sin embargo, según señaló Ibarra, esta reglamentación empezará a regir dentro de un año, algo que no colabora con el intento de preservar esta especie.
"El proceso judicial por el hecho ocurrido en Malargüe sigue en marcha, nosotros somos querellantes", reiteró Ibarra.
Escuchá la entrevista completa a continuación.
Fundación Cullunche
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