La decisión del Gobierno nacional de impulsar la derogación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como Ley de etiquetado frontal, reabrió una discusión que excede a los octógonos negros presentes en los envases de alimentos y bebidas. Mientras desde el Ejecutivo sostienen que los sellos generan confusión entre consumidores, imponen costos a las empresas y dificultan la armonización de criterios dentro del Mercosur, organizaciones de salud, especialistas en nutrición y algunos de los impulsores de la norma advierten que su eliminación implicaría perder una herramienta que ha permitido mejorar el acceso a la información nutricional y promover decisiones de compra más informadas.

La ley fue sancionada en octubre de 2021, luego de años de debate legislativo y campañas impulsadas por organizaciones médicas, académicas y de la sociedad civil. Su objetivo es brindar información clara y visible sobre alimentos y bebidas con excesos de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías, utilizando parámetros definidos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Sin embargo, especialistas recuerdan que su alcance va mucho más allá del etiquetado frontal, ya que también establece regulaciones sobre publicidad de alimentos y bebidas dirigida a niños, niñas y adolescentes, promueve entornos escolares saludables e incorpora contenidos de educación alimentaria.

Quienes defienden la norma sostienen que sus resultados ya pueden medirse. Según la primera encuesta nacional sobre el impacto de la ley, realizada por el Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA a fines de 2025, el 97 % de los argentinos y las argentinas identifica los octógonos de advertencia y el 94,5 % comprende su significado. Además, el 61 % aseguró haber dejado de comprar al menos un producto por presentar uno o más sellos, mientras que el 79 % afirmó haber modificado alguna decisión de compra a partir de la información disponible en los envases. El estudio también detectó efectos en todas las franjas etarias, lo que sugiere que la herramienta logró trascender generaciones.

Entre quienes rechazan la derogación se encuentran el exsenador nacional Julio Cobos, uno de los impulsores de la ley, y Belén Núñez, presidenta de la Fundación Sanar. Sostienen que la evidencia acumulada desde la implementación de la normativa demuestra que consumidores y consumidoras comprenden los octógonos y los utilizan al momento de elegir alimentos y bebidas. Además, destacan que la ley constituye una política pública orientada a proteger el derecho a la información y a promover hábitos alimentarios más saludables en una población donde el sobrepeso, la obesidad y otras enfermedades crónicas representan un problema creciente.

Sin embargo, el debate también expone diferencias sobre la forma en la que debería brindarse esa información. La nutricionista Diana Kabbache, integrante de la Sociedad Argentina de Nutrición, coincide en que es fundamental que los consumidores cuenten con herramientas claras para conocer qué contienen los productos que compran, aunque considera que el sistema actual presenta limitaciones. Según plantea, los octógonos pueden simplificar excesivamente la información nutricional, dejar en segundo plano otros aportes beneficiosos de algunos alimentos y generar interpretaciones que no siempre reflejan el perfil nutricional completo de un producto.

El etiquetado frontal ayuda a equilibrar la enorme asimetría de información que existe entre las empresas y los consumidores, aseguró la nutricionista Núñez.

Narrativas que giran en torno a la derogación del etiquetado frontal

1. Los octógonos simplifican excesivamente la información nutricional o generan confusión  

Uno de los principales argumentos del Gobierno es que los octógonos frontales simplifican excesivamente la información nutricional y pueden inducir a interpretaciones erróneas. Según esta postura, productos con composiciones similares podrían recibir advertencias diferentes debido a la metodología utilizada para evaluar los nutrientes críticos. Sin embargo, quienes defienden la ley consideran que precisamente esa simplicidad constituye su principal fortaleza.

Cobos rechazó el argumento de la supuesta confusión. “Son chicanas. Confusión sería tener que leer toda la composición nutricional en letra diminuta al dorso del envase y tratar de interpretar si tiene exceso de sodio o grasas saturadas. Los octógonos son claros. De hecho, más del 90 % de la población los comprende y los utiliza antes de comprar”, afirmó el exvicepresidente y exgobernador.

Cobos recordó que durante el debate legislativo existieron fuertes presiones por parte de sectores de la industria alimentaria para frenar la norma. “Durante años soportamos mucha presión. No me extraña que vuelvan a la carga. Se argumenta que los octógonos afectan las ventas, pero si los supermercados venden menos, es principalmente por la pérdida de poder adquisitivo. El Gobierno quiere desregular todo, incluso aquello que está funcionando bien”, sostuvo.

La evidencia científica disponible apunta a la efectividad del sistema no solo para quienes consumen, sino también para quienes ofrecen productos. Un análisis de más de 500 alimentos ultraprocesados realizado por investigadores de la Universidad Adventista del Plata y publicado en la Revista Argentina de Salud Pública detectó reducciones de hasta 40 % en grasas totales y cercanas al 10 % en sodio en distintas categorías de productos, como lácteos y snacks salados. Esto indica que parte de la industria reformuló sus productos para evitar la presencia de advertencias.

La experiencia internacional también muestra resultados favorables para los sellos. Nuñez explicó que Chile implementó un sistema comparable en 2016 y es considerado uno de los principales casos de estudio a nivel mundial. Una investigación conjunta de la Universidad de Chile y la Universidad de Carolina del Norte, publicada en 2024 en la revista PLOS Medicine, analizó las compras de 2.844 hogares durante seis años y detectó una reducción del 37 % en la compra de azúcar proveniente de productos con sellos de advertencia. También registró disminuciones del 22 % en sodio, 16 % en grasas saturadas y 23 % en calorías.

“Chile, en una década, logró reducir significativamente el consumo de bebidas azucaradas y mejoró la calidad de las decisiones de compra. No es casualidad que más de 40 países y nueve naciones de América Latina hayan avanzado con sistemas de etiquetado frontal”, señaló Núñez.

En paralelo, el proyecto cuestiona la rigidez de la ley actual, con criterios técnicos establecidos directamente en la normativa y no en reglamentaciones más flexibles, dificultando su adaptación a cambios científicos o tecnológicos.

“Decir que la ley no alcanzó resultados es discutible —agregó Cobos—. La gente entiende los octógonos, y los estudios muestran que modifican hábitos de compra. No es perfecta, pero es mucho mejor que eliminarla y dejar a los consumidores sin información clara”, señaló.

Para Diana Kabbache, en cambio, el problema no radica en informar consumidores y consumidoras, sino en la forma elegida para hacerlo. Según explicó, los octógonos pueden generar miedo y una interpretación incompleta de los alimentos.

"La gente muchas veces me dice: 'Todo tiene octógonos'. Entonces los normaliza o directamente deja de considerar otra información importante del producto", señaló en una entrevista con el programa Todo lo que es Beat de Señal U. Además, cuestionó que el sistema argentino evalúe nutrientes críticos en relación con las calorías y no por cada 100 gramos, como ocurre en otros países, lo que a su entender dificulta las comparaciones entre alimentos y limita los incentivos para reformular productos.

Uno de los cuestionamientos oficiales apunta a la supuesta demonización de ciertos alimentos. Foto: La Nación.

 2. Los octógonos demonizan los alimentos 

Otro de los cuestionamientos oficiales apunta a la supuesta demonización de ciertos alimentos. El proyecto de derogación sostiene que los sellos generan una percepción negativa automática sobre determinados productos y condicionan la libertad de elección de consumidoras y consumidores.

Quienes defienden la ley actual aseguran que no prohíbe ni restringe el consumo de ningún alimento, sino que brinda información clara para que cada persona pueda decidir. “Las decisiones de compra se toman en pocos segundos. En un supermercado lleno de promociones, colores y mensajes publicitarios, el etiquetado ayuda a equilibrar la enorme asimetría de información que existe entre las empresas y los consumidores”, explicó Núñez.

La discusión adquiere, según la presidenta de la Fundación Sanar, una dimensión aún más relevante al observar los problemas de salud en el país. Según la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, el 13,6 % de los menores de cinco años presenta exceso de peso. Entre las personas adultas, la Organización Mundial de la Salud estima que alrededor del 39 % tiene obesidad y el 73 % presenta exceso de peso.

A eso se suma que las enfermedades crónicas no transmisibles, como diabetes, hipertensión arterial y patologías cardiovasculares, representan aproximadamente el 70 % de las muertes en Argentina. Diversos estudios identifican al consumo excesivo de productos ultraprocesados como uno de los factores que contribuyen al crecimiento de estas enfermedades.

“Estamos viendo cada vez más hipertensión, sobrepeso, obesidad y diabetes en chicos menores de diez años. Cuando un niño consume constantemente ultraprocesados, deja de incorporar frutas, verduras y otros alimentos naturales. Es un problema que excede las decisiones individuales y se convierte en una cuestión social y sanitaria”, remarcó.

En este punto, Kabbache aportó su mirada y explicó que los sellos destacan únicamente los aspectos negativos de un producto y dejan de lado sus posibles beneficios nutricionales. Como ejemplo, mencionó yogures fortificados o productos enriquecidos con calcio que reciben advertencias por determinados nutrientes críticos, pero cuyos aportes nutricionales no son visibles para el consumidor o consumidora. "Un alimento puede tener exceso de azúcar y al mismo tiempo aportar calcio, hierro u otros nutrientes importantes. Esa información queda invisibilizada", sostuvo. Para la especialista, los sistemas de advertencia deberían complementarse con información sobre nutrientes beneficiosos para evitar que ciertos productos sean percibidos como completamente perjudiciales.

Otro de los puntos defendidos por el Gobierno es la necesidad de armonizar la normativa argentina con los criterios vigentes en otros países del Mercosur. Foto: Clarín.

3. Los sellos no están en línea con los estándares de países de la región

Otro de los puntos defendidos por el Gobierno es la necesidad de armonizar la normativa argentina con los criterios vigentes en otros países del Mercosur. La propuesta plantea reemplazar el actual sistema de octógonos por un modelo común para los países que lo integran, pero eso implicaría igualar hacia estándares más bajos. Por eso, Cobos considera que ese argumento es engañoso.

“Si se busca armonizar, debería hacerse elevando los estándares y no reduciéndolos. Argentina tiene una de las regulaciones más avanzadas de la región. No se trata de bajar la calidad de la información para adaptarse a sistemas menos exigentes”, indicó.

Núñez coincidió con Cobos y cuestionó que la eventual armonización de normas dentro del Mercosur implique adoptar estándares más bajos de protección para los consumidores. Según explicó, actualmente la discusión apunta a acercar el sistema argentino al modelo brasileño, al que considera significativamente más débil.

“Hoy se está dando una discusión en donde quieren pasar a tener una ley más parecida a la de Brasil. La de Brasil lamentablemente estuvo muy interferida por la industria y tiene una ley súper débil; el estándar de protección es mucho menor. Mientras que el sistema argentino detecta exceso de azúcares en el 68 % de los yogures analizados, el modelo uruguayo identifica apenas el 9 % y el brasileño alrededor del 1 %. La armonización no debería utilizarse como excusa para debilitar una política pública que ya demostró ser efectiva”, afirmó.

La especialista explicó también que mientras el sistema argentino advierte sobre siete nutrientes o componentes críticos —entre ellos azúcares, sodio, grasas, calorías, cafeína y edulcorantes—, el brasileño solo contempla tres: azúcar, grasas y sodio. Además, remarcó diferencias en el diseño de las advertencias: “Ellos, en vez de tener un octógono que es fácil de ver, grande y con alto contraste, tienen una lupa muy chiquita que ocupa una proporción mínima del envase”.

“Nosotros no estamos en contra de la armonización. El tema es qué tipo de armonización vamos a buscar. Si es la que recomiendan la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, perfecto. Pero sí implica ir hacia un estándar de menor protección, entonces tenemos que defender la ley que tenemos”, indicó la especialista.

Por su parte, Kabbache aquí también cuestionó aspectos metodológicos del modelo argentino y mencionó experiencias internacionales que utilizan otros criterios. Según explicó, países vecinos como Uruguay y Chile utilizan criterios basados en cantidades por cada 100 gramos, mientras que varias naciones europeas aplican sistemas alternativos, como el semáforo nutricional, que además de advertir sobre nutrientes críticos incorpora información sobre componentes beneficiosos. A su entender, cualquier discusión sobre modificaciones a la ley debería contemplar estas experiencias de otros países y evaluar modelos que permitan una información más completa para el consumidor.

4. El etiquetado frontal genera costos para las empresas

El Ejecutivo también argumenta que la ley de etiquetado frontal genera costos para las empresas vinculados al rediseño de envases, la adecuación de líneas de producción y evaluaciones técnicas, algo que afecta especialmente a pymes.

“Decir que la ley de etiquetado es un costo insoportable para las empresas es un argumento que no se sostiene. La industria tiene recursos enormes para adaptarse; si hay empresas pequeñas con dificultades, hay mecanismos para apoyarlas, pero no por eso hay que quitarle información a todos los consumidores”, sostuvo Cobos.

Ahora, mientras el proyecto comienza su recorrido legislativo, organizaciones de nutricionistas y especialistas en salud mantienen reuniones con senadores de distintos bloques para intentar frenar la derogación. “La derogación completa de la ley implicaría la eliminación total de los sellos. La ley vigente es una política pública basada en evidencia, libre de conflictos de interés y diseñada para proteger el derecho a la salud y a recibir información clara sobre lo que consumimos. Su derogación dejaría a la ciudadanía desprotegida, sin herramientas para tomar decisiones informadas frente a productos ultraprocesados que contribuyen al sobrepeso, la obesidad y enfermedades crónicas”, selló Cobos.

Diana Kabbache planteó la necesidad de una mayor participación de la industria en los procesos de educación alimentaria y reformulación de productos. Consideró que la discusión no debería limitarse a la presencia o ausencia de sellos, sino a la necesidad de incluir estrategias educativas de largo plazo en las que participen profesionales de la salud, especialistas en comunicación, el sistema educativo y también la industria alimentaria.

"Las empresas pueden colaborar en campañas de educación alimentaria junto con los profesionales. Es un trabajo interdisciplinario que beneficia a toda la sociedad", afirmó. En ese sentido, planteó que una eventual revisión de la normativa debería apuntar a mejorar la información disponible para las y los consumidores sin desalentar los esfuerzos de reformulación realizados por algunos fabricantes. 

La especialista sostuvo que los cambios culturales vinculados a la nutrición requieren tiempo, constancia, campañas sostenidas y trabajo interdisciplinario. "Lo instantáneo no suele dar buenos resultados", afirmó Kabbache.