¿Qué hizo Mendoza y qué falta en materia de ordenamiento territorial y uso del suelo? Dos profesionales que participaron en un encuentro sobre la temática en la UNCUYO coincidieron en algunas respuestas. Lo positivo: que la provincia cuenta hace 15 años con una ley, que —aún con retrasos— casi todas las comunas concluyeron sus planes de ordenamiento y que se unificó la información que ayuda a tomar mejores decisiones. Lo negativo: estructuras que no funcionan y hay que repensar, falta de coordinación entre los actores que actúan en el territorio y la necesidad de poner en marcha líneas de acción concretas para resolver problemas persistentes como el avance urbano sobre las tierras productivas en medio de la profundización de la escasez del recurso hídrico.

Quienes coincidieron en esos aspectos fueron Verónica D´Inca, coordinadora académica del doctorado en Ordenamiento Territorial que dicta la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO, y Matías Dalla Torre, director de Planificación Territorial del gobierno provbincial. Los dos participaron en el encuentro en la universidad, que se realizó en el contexto del Congreso Internacional sobre Regionalización, Gobernanza y Desarrollo.

D´Inca y Dalla Torre, ambos especialistas en la materia, coincidieron en algunas de las fortalezas del proceso que Mendoza inició hace más 20 años y también en lo que falta o en lo que es necesario modificar, porque no funcionó.

Hay otro aspecto en el que coincidieron: el objetivo del ordenamiento territorial es mejorar la calidad de vida de las personas o, lo que es lo mismo, que cerca de sus casas no se instalen actividades que desmejoren su día a día o que sean dañinas para la salud, contar con servicios esenciales, como la conexión con transporte público, con espacios verdes y de esparcimiento, entre muchos otros aspectos. Todo eso, porque la planificación permite advertir y evitar conflictos y buscar acuerdos entre quienes tienen algún interés en ese suelo.

Durante el encuentro en la UNCUYO, profesionales de Mendoza, de otras provincias y de distintos países contaron cómo se realizaron los procesos de ordenamiento en sus territorios. También compartieron sus balances, para que aún con las particularidades de cada territorio, cada ejemplo sirva a quienes lideran procesos de cambio.

D' Inca explicó que el ordenamiento tiene la particularidad de ser trasnversal, por lo que es necesario dejar de lado los compartimientos estancos a la hora de tomar decisiones. Foto: Unidiversidad

Historia de una ley

Hace 30 años que en Mendoza se inició la discusión acerca de la necesidad de contar con una ley de ordenamiento territorial para marcar el rumbo hacia un crecimiento equilibrado y equitativo. No fue un camino fácil. Después de muchas idas y vueltas, en 2009 se aprobó la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo (8051), con la participación clave del sector científico y en especial de la UNCUYO, que obligó a desestimar un proyecto que beneficiaba al sector privado. La norma marcó un lineamiento general y determinó una serie de pasos para hacerse efectiva.

Esos pasos, aún con demoras, se fueron dando: la conformación de la Agencia de Ordenamiento Territorial (el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la norma), el Consejo de Ordenamiento (un órgano consultivo integrado por representantes de 65 organizaciones) y un Plan de Ordenamiento Provincial (Ley 8999) que se aprobó en 2017 y que es la columna vertebral sobre la que debían elaborar sus propios lineamientos los 18 municipios. El cumplimiento de este último punto fue problemático: recién ahora casi todos cuentan con esta herramienta. Faltan —según dijo Dalla Torre— La Paz y Malargüe, ya que este último está adecuando el suyo después de la aprobación de una zona minera.

Los planes municipales —que están aprobados por los concejos— son una herramienta central teniendo en cuenta que las comunas poseen autonomía sobre sus territorios y son las que determinaron la zonificación. Es decir, qué sector será urbano, agrícola, de interfase, de uso industrial, comercial o cuál es necesario proteger por su fragilidad o por sus beneficios ambientales. Y esos planes están basados en aspectos técnicos, que les permiten fundamentar por qué está prohibida o permitida una actividad e intentar equilibrar todos los intereses en pugna.

Dalla Torre destacó la importancia de que Mendoza cuente con una ley, pero dijo que es necesario adecuar algunos mecanismos que no funcionaron. Foto: Unidiversidad.

De la teoría a la práctica

D´Inca planteó que la lección más dura aprendida fue que una ley, aun cuando fue un logro, no garantiza que un proceso se sostenga en el tiempo. “Yo no puedo decir en este momento si el proceso está frenado o no, lo cierto es que hay dinámicas que estaban planificadas, que se tenían que dar en tiempos determinados, organismos, instituciones creadas para llevar adelante un proceso de ordenamiento que no fuera de arriba hacia abajo, que no estuviera tan congestionada del interés propio de un determinado gobierno, y esas instituciones, esos organismos se han ido diluyendo con el tiempo”, comentó.

La profesional explicó que uno de los mayores desafíos es que los organismos que tienen injerencia en el territorio trabajen en forma interrelacionada, que se dejen de lado los compartimentos estancos y planifiquen todas sus acciones con el ordenamiento territorial como columna vertebral, desde la obra pública hasta la toma de decisiones sobre dónde y cómo invertir.

“El ordenamiento territorial tiene la particularidad de que es transversal. Toca todo, una política de vivienda debería tener una mirada al plan de ordenamiento, una política de infraestructura vial, igual, un proyecto de gestión de residuos, lo mismo. Muchas veces no existe esa posibilidad de coordinación, que es el déficit también que puedo remarcar que sigue existiendo. Tiene que ver con una cultura institucional y una cultura más verticalista y más de sectores, de compartimentos estancos”, dijo la especialista.

Dalla Torre coincidió en dos aspectos. Dijo que hay organismos creados por la ley que es necesario repensar, como el consejo de ordenamiento, y también que es necesario trabajar para dejar de lados políticas sectoriales. “Se necesitan acuerdos interinstitucionales, porque un problema ambiental, uno económico, uno social no respetan las barreras político administrativas, entonces es necesario coordinar líneas de acción”.

El profesional destacó la importancia de las experiencias que se plantearon en el encuentro. “Aquí hablaron de gobernanzas duras y blandas. Es decir, que hay que ser duros con el cumplimiento de las normativas, por ejemplo, en este lugar no se puede instalar ningún barrio o asentamiento, porque es una zona de conservación ecológica o una zona de fragilidad ambiental; y hay que ser blandos en procesos que se realizan en estas zonas interjurisdiccionales, donde sí o sí necesitás llegar a acuerdos”, comentó.

Ambos especialistas destacaron el mismo aspecto positivo del proceso: tanto la provincia como las comunas debieron trazar sus planes de ordenamiento, lo que implica analizar sus debilidades y fortalezas, sus problemáticas y, en el caso de los comunas, una zonificación para desarrollarse en base a esa mirada general.

Ambos profesionales coincidieron en que el avance urbano sobre las tierras productivas es uno de los problemas que persisten. Foto: Unidiversidad. 

Problemas que persisten

Aún cuando los dos profesionales reconocieron avances en la planificación, en el mejoramiento de los espacios públicos y en el intento por resolver entre dos o más jurisdicciones temas como el de los residuos domiciliarios, también coincidieron en los problemas que persisten. Entre otros, el avance de la urbanización sobre tierras productivas sobre el piedemonte.

D´Inca dijo: “Creo que hay problemas en el territorio que persisten como, por ejemplo, el avance de las áreas urbanizadas hacia sectores frágiles del piedemonte o hacia sectores cultivados. Van a seguir, no estoy diciendo que el plan lo debería haber frenado, pero sí hay ciertas condiciones que los planes municipales deberían haber hecho para que el avance no se diera de forma indiscriminada. De todas formas, se hicieron cosas, como el caso de Guaymallén o la misma provincia cuando frenó el avance sobre el territorio, pero son aspectos que hay que seguir trabajando”, expresó.

Dalla Torre también hizo su evaluación. “Los procesos de urbanización continúan y ahí está la necesidad de la protección del cinturón verde, de lo que se llama la soberanía alimentaria. Y a eso se suman otros problemas, como la escasez del recurso hídrico, que si bien siempre estuvo, ahora se potencia con el tema del cambio climático. Entonces, creo que tenemos que pensar prospectivas más cortas, porque los cambios son muy vertiginosos”.