Habría una cadena de complicidades en el Instituto Antonio Próvolo, de Luján. Es que la serie de abusos sexuales cometidos en el hogar para chicos hipoacúsicos y no oyentes es lo próximo que quiere resolver la Justicia mendocina.

Esta semana, además de continuar realizando cámaras Gesell a testigos y posibles víctimas de los cinco imputados (dos curas y tres administrativos), el fiscal Fabricio Sidoti solicitará una compulsa para que se investigue a las autoridades educativas actuales y pasadas. Es que varios padres coinciden en señalar que una exdirectora conocía las aberraciones que se cometían y las ocultó. 

Según informó diario Los Andes, cuesta creer que todos los abusos se hayan realizado sin que existiera conocimiento alguno o que jamás se haya hablado del tema puertas adentro. De hecho, desde 2000 y hasta la fecha nunca ingresó una denuncia contra la institución en la DGE y eso resultaría extraño para el seno interno de la investigación.

Las sospechas apuntan contra las monjas que también residían en el edificio y que no pudieron estar ajenas a lo que ocurría en el albergue, donde sometían a las criaturas. El Sol.com.ar publica que también hay dudas sobre la situación del personal de cocina, de los exdirectivos, de los funcionarios actuales y de los asesores legales de la institución.