El Estado Provincial quiere recuperar casi $ 70 millones mensuales a partir de la privatización del sistema de cobro de multas, que funciona desde este 1° de agosto. Cada policía tendrá un teléfono móvil con una aplicación que registrará la multa y le dará el comprobante al infractor en el momento. De no pagarse en los 30 días posteriores, comenzarán las acciones judiciales.

La firma correntina Servicios y Consultoría S.A. será la encargada de cobrar las infracciones de tránsito ya que en septiembre del año pasado ganó la licitación para gestionar el cobro. De esta forma, se hará cargo de la gestión, de la asistencia técnica y de la logística del nuevo sistema. Inicialmente, se extenderá cuatro años el contrato firmado con el Estado provincial. La inversión tecnológica quedará a cargo de la empresa, que se quedará con el 28 % más IVA sobre el resultado positivo que arroje su gestión.

Del total de $ 80 millones en multas emitidas, hoy el Estado cobra poco más del 15 %: $ 13 millones al mes. Con la privatización, el Gobierno espera mejorar la recaudación por infracciones de tránsito. En caso de no superarse el piso mensual, la empresa correntina no cobrará nada.

Para el funcionamiento del sistema, cada policía tendrá un teléfono móvil con una aplicación para registrar las multas, donde se cargará la infracción y los datos del conductor: DNI, domicilio y número de celular. El dispositivo cuenta con una impresora que permite imprimir el comprobante en el momento, teniendo en cuenta la gravedad de la multa determinada por ley.

El boleto mostrará dos códigos de barras: uno con un monto con el 40 % de descuento, si se paga en los 3 días hábiles siguientes, y otro por pago fuera de término. El Banco Nación seguirá cobrando las multas, pero prometen que para enero de 2018 puedan pagarse en los Rapipago. Más adelante, podrían sumarse las tarjetas de crédito y de débito.

Mediante el acta vial, el Estado quiere asegurarse que la notificación esté en conocimiento del infractor, lo que expone a que si en 30 días no paga, al día posterior pueden comenzar las acciones vía administrativa y judicial. “Queremos dejar de ser el Estado que costea todo y no cobra lo que le corresponde”, aseguró Diego Lázzaro, director de Administración del Ministerio de Seguridad.

El sistema privatizado también tendrá un centro de llamadas (call center) para contactar a los infractores y avisarles de la deuda antes de iniciar acciones legales. Además, se habilitará una página web para que las personas puedan acceder y estar al tanto de cuántas multas tienen y su costo correspondiente.