La Ley de Glaciares (26.639) vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública, esta vez por que se discute su modificación en el Senado. Mientras que la normativa vigente ofrece un resguardo amplio a todos los glaciares y al ambiente periglacial como reservas estratégicas, la nueva iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo acota esta tutela a aquellos cuerpos de hielo que cumplan una “función hídrica efectiva” y relevante para la recarga de cuencas hidrográficas. Para eso, redefine el control provincial sobre esas zonas y habilita la minería en lugares que hoy están vedados.  

En este escenario de debate surgen varias preguntas claves: qué protege la norma, cómo se implementa, por qué es una ley pionera a nivel mundial y por qué ha logrado sostenerse a lo largo del tiempo.

Qué dice la Ley de Glaciares

Saber qué establece esta norma ayuda a comprender por qué distintos gobiernos buscan modificarla. La Ley 26639, que se aprobó el 30 de septiembre de 2010, prevé un Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, es decir, estándares básicos que deben respetar todas las provincias con el objetivo de proteger esas reservas estratégicas de agua dulce. Este piso legal común es central, teniendo en cuenta que las provincias tienen el dominio originario sobre los recursos naturales que están en sus territorios.

La norma determinó, además, la prohibición de realizar algunas actividades en las zonas de ambientes glaciares y periglaciares con el objetivo de evitar que se afecte su condición natural o que se interfiera en su avance. Estas son: la construcción de obras (salvo las necesarias para la investigación científica y la prevención de riesgos), la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, y la instalación de industrias.

La ley estableció la realización del Inventario Nacional de Glaciares —que debe actualizarse cada cinco años— y designó al Ianigla para concretar esa tarea, con la coordinación del entonces Ministerio de Ambiente de la Nación, hoy Secretaría. Contar con esa información fue y es central para saber qué recursos tiene Argentina y dónde están, para protegerlos. 

El relevamiento identifica así distintos cuerpos de hielo en todo el territorio nacional, todos ellos relevantes desde el punto de vista ambiental e hidrológico. Entre ellos se encuentran los glaciares descubiertos, los glaciares cubiertos, los manchones de nieve y los glaciares de escombros. Las categorías surgen de criterios técnicos y científicos ampliamente aceptados, y permiten caracterizar de manera precisa las distintas formas en que el hielo y el agua se almacenan en los ambientes de montaña.

Foto: Inventario Nacional de Glaciares

La cuestión es el ambiente periglacial

Dentro del ambiente periglacial, lo que el inventario identifica y protege son los glaciares de escombros, que es un aspecto sobre el que se busca avanzar con la iniciativa del Gobierno nacional. Estas geoformas están compuestas por detrito rocoso que contiene agua en sus intersticios. Esa agua intersticial cumple un rol ambiental clave, especialmente en ambientes áridos y semiáridos, donde los glaciares completan o aportan agua en momentos de sequía. Por lo tanto, tienen un rol hidrológico sumamente importante, sobre todo, en zonas como Mendoza.

Organizaciones ambientalistas explican que dejar que las provincias avancen por sí mismas sobre el ambiente periglacial para habilitar distintas actividades económicas, como la minería, implicaría no solo poner en riesgo la disponibilidad del agua del lugar, sino también el acceso del recurso hídrico para el resto del país. Es que el agua afectada no se encuentra solamente en los territorios que alojan los glaciares, ya que las cuencas son interprovinciales, y lo mismo ocurre con las napas, que son alimentadas por los hielos de montaña. Por eso, sostienen que estas zonas cumplen un rol irremplazable en la regulación hídrica y climática. 

Desarrollo extractivo

El Gobierno nacional —con el apoyo de gobernadores promineros— busca reformar la Ley de Glaciares, “con el objetivo de ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional”, según el comunicado de la Oficina del Presidente.

Para eso, el  proyecto de reforma busca reducir el área protegida y redefinir el concepto de ambiente periglacial para limitar la tutela legal solo a aquellas geoformas que cumplan una "función hídrica efectiva". El cambio radica en que la potestad de decidir qué glaciares se protegen pasaría de los criterios científicos del Inventario Nacional a la discrecionalidad de las provincias, lo que, según especialistas, perfora el mínimo de protección garantizado por la Constitución Nacional, principalmente en su artículo 41.

“Los presupuestos mínimos establecen un piso común de protección ambiental. A partir de ese piso, las provincias conservan plenamente sus competencias. El dominio originario implica que las provincias son dueñas de los recursos naturales y deciden qué se hace con ellos. No hay contradicción, sino complementariedad. La ley nacional fija la base mínima; las provincias, en ejercicio de su autonomía, toman decisiones adicionales en función de sus realidades territoriales”, explica Gabriela González Trilla, ecóloga e investigadora del Conicet en el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (IIIA-Conicet-Unsam), exdirectora Nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos del Ministerio de Ambiente de la Nación (2019-2023) y presidenta de Ecosistemas Azules.

Cuántos glaciares hay en Argentina 

El primer informe del Inventario Nacional de Glaciares se presentó en 2018. Según el relevamiento, en Argentina hay 16.968 cuerpos de hielo cuya superficie, cercana a los 8.484 kilómetros cuadrados, equivale a 41 veces a la Ciudad de Buenos Aires. La inmensa mayoría se encuentra en la Cordillera de los Andes y solo 890 en las Islas del Atlántico Sur. 

La primera actualización se presentó en 2024, pero solo con datos de la región Andes Desérticos (Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y el norte de San Juan) y se espera que en el corto plazo se den a conocer los datos de la región Andes Central (sur de San Juan, Mendoza y norte de Neuquén). 

El inventario relevó solo glaciares mayores a una hectárea y, dentro del ambiente periglacial, únicamente a los glaciares de escombros (cuerpos de hielo cubiertos por fragmentos de roca) porque son los que pueden identificarse mediante imágenes satelitales y verificación en campo.