En la era digital, un pequeño grupo de gigantes tecnológicos —Alphabet (Google), Meta, Microsoft, Amazon y Apple— ejerce una influencia extraordinaria sobre la infraestructura, los servicios y las normas que configuran nuestra vida online. Estas empresas tecnológicas, conocidas como “las cinco grandes”, dominan sectores clave de internet: motores de búsqueda, redes sociales, tiendas de aplicaciones y computación en la nube. El amplio poder que ejercen, prácticamente sin control —advirtió Amnistía Internacional—, en distintos sectores digitales representa un serio peligro para el derecho a la privacidad, el derecho a la no discriminación, la libertad de opinión y el acceso a la información. 

En su nuevo informe, Breaking up with Big Tech, Amnistía hizo foco en los riesgos de estas “oligarquías digitales” y llamó a los Estados a actuar. La recomendación es investigar las prácticas anticompetitivas, bloquear fusiones nocivas, desmantelar monopolios que dañen derechos y regular el sector emergente de la inteligencia artificial. La inacción de los Estados no es opción si se quiere garantizar un entorno digital justo y equitativo para proteger nuestras democracias y libertades. 

Si bien no todas sus posiciones de mercado constituyen monopolios ilegales, señala Amnistía, su poder colectivo les permite definir las condiciones de la interacción digital para miles de millones de personas en todo el mundo. Su alcance es tan amplio que algunos expertos incluso los han comparado con los proveedores de servicios públicos. 

 

 

 

 

 

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El informe analiza cómo han construido su poder estas grandes empresas tecnológicas, cómo lo mantienen y qué pasos están dando actualmente para afianzarlo aún más en los nuevos campos de la inteligencia artificial. “Estas pocas empresas actúan como terratenientes digitales que determinan cómo interactuamos en línea”, señaló Hannah Storey, asesora de Política e Incidencia sobre Tecnología y Derechos Humanos de Amnistía Internacional.

Los casos documentados de eliminación de contenidos, prácticas de moderación incoherentes y sesgos algorítmicos ponen de relieve los peligros de permitir que unas pocas empresas dominen la esfera pública digital. En muchos países, estas plataformas están tan integradas en la vida cotidiana que la participación en la sociedad ya depende del uso de sus servicios y eso les otorga un poder enorme para influir en el discurso público y controlar los flujos de información. Todas estas razones impulsan a Amnistía Internacional a elaborar un informe que pone de relieve la necesidad urgente de que los Estados aborden el “poder descontrolado” de estas empresas tecnológicas.

“En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos, entre otras cosas mediante la regulación y la adopción de otras medidas para controlar el poder de las empresas”, afirman desde Amnistía.  

¿Cuál es el capital de “las cinco grandes”?

Parece difícil de entender dónde radica la riqueza de los gigantes tecnológicos, porque como personas usuarias de Google, Meta, Amazon, Microsoft o Apple solemos acceder a sus servicios sin un costo monetario a cambio. Sucede que las ganancias de las “Big Tech” se basan en los datos que pueden vender nuestros intereses, gustos, prácticas y rutinas de las personas. 

Primero recopilan la información que cada sujeto proporciona al usar sitios web (consultas de búsqueda, datos personales, rastros de comportamiento, aplicaciones en primer plano, etc.). Después, sobre esa base creación de perfiles muy íntimos y precisos sobre los usuarias y usuarios que luego utilizan para influir en su comportamiento de consumo, obtienen ingresos mediante la presentación de anuncios perfectamente dirigidos o la venta de bases de datos.

Sugerencias a los Estados

Entre otras medidas, Amnistía recomienda en el informe a los Estados: 

• Investigar a las grandes empresas tecnológicas por los perjuicios para los derechos humanos asociados a las prácticas anticompetitivas. 
• Desmantelar empresas cuyo poder monopolístico se considere perjudicial para los derechos humanos.  
• Investigar el sector emergente de la inteligencia artificial generativa con el fin de determinar los riesgos e impactos en materia de derechos humanos derivados de prácticas anticompetitivas.  
• Bloquear las fusiones y adquisiciones que puedan vulnerar los derechos humanos. 
• Integrar consideraciones de derechos humanos en las investigaciones y decisiones en materia de anticompetencia.