Cuando finalmente se puso el lente donde correspondía, la realidad se impuso y se hizo justicia. Me refiero a la aparentemente interminable discusión por la adhesión o no en la provincia a la Ley Nacional de Discapacidad 24.901.

Lamentablemente fue necesario que un programa televisivo de carácter nacional llegara a la provincia y amplificara la voz de padres y madres para que los legisladores pusieran el foco donde correspondía: el reconocimiento de derechos, más allá de los cuestionamientos económicos. Y en la desesperación por no quedar escrachados de una manera tan grosera a nivel nacional, surgieron alternativas en el punto que correspondía: ¿cómo financiar los costos extras que para el Estado y la Obra Social de Empleados Públicos significa cumplir la ley?

Es así que la norma mendocina de adhesión contiene ítems de justicia redistributiva que desde hace muchos años eran una deuda pendiente de los empleados públicos más pudientes de la provincia. Y entonces la equiparación de derechos toma un énfasis especial. A partir de la aprobación de esta ley de discapacidad, en Mendoza  los jueces, intendentes y concejales deberán estar afiliados y aportar obligatoriamente a la obra social que les corresponde.

Así el porcentaje adecuado de sus cuantiosos sueldos colaborará como el de TODOS los empleados públicos con un fondo común de cobertura de salud, sumamente necesario.

Pero además, la  norma exige que la OSEP afilie a cualquier persona que cumpla con los requisitos de ingreso, aun con discapacidad, y que mantengan bajo su órbita a los hijos mayores de 21 años con alguna discapacidad.  

Si hay algo para lo que sirvió esta discusión en Mendoza es que más allá del terror que los políticos tienen a ser escrachados a nivel nacional, es posible poner en juego la imaginación para resolver los problemas de una manera creativa y en beneficio de los más vulnerables. Las respuestas rápidas y negativas, sin hacerle frente al nudo de cada problema, no son una alternativa saludable, menos en lo que a gestión sanitaria se refiere.

Esperemos que no sea necesario un nuevo escrache televisivo nacional, para resolver tantos otros problemas en materia sanitaria y educativa que aún subsisten en nuestra provincia y donde el sentido común ha sido el que menos se ha tenido en cuenta.