La promesa del Ministerio

Exresidentes que denunciaron maltrato podrán volver a rendir.

La promesa del Ministerio

Oscar Sagás, subsecretario de Salud de Mendoza, aseguró que los médicos que hayan renunciado a sus residencias hasta el día de la fecha podrán volver a rendir. Foto: Archivo / Victoria Gaitán.

Sociedad Especiales Ley de Residencias Médicas / por Milagros Martín Varela / Publicado el 16 DE NOVIEMBRE 2018

Con la modificación de la Ley Provincial 7857 de Residencias Médicas, los médicos que renunciaron a sus prácticas por maltratos en 2016 podrán volver a presentarse para rendir y completar sus formaciones profesionales. Así lo aseguró a Unidiversidad el subsecretario de Salud, Oscar Sagás.

Luego de una ardua lucha para que por fin se sancionaran los cambios del séptimo artículo de la norma provincial que regula el sistema de Residencias Médicas, el funcionario de la cartera sanitaria dijo que los médicos que renunciaron a estas prácticas profesionales por violencia en 2016 podrán volver a presentarse a concurso y continuar con su formación. Esto, a pesar de que desde la Legislatura no aceptaron establecer la retroactividad de la modificación.

Fue a mediados de 2016 cuando un grupo de siete residentes de primer año –cuatro del Hospital Central, dos del Lagomaggiore y uno del Perrupato– denunciaron ante el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes que recibían graves maltratos de sus superiores, principalmente de jefes o jefas de residencia y de quienes ya estaban en tercero (R3) y cuarto (R4).

Ante las denuncias, desde la cartera –entonces bajo el liderazgo de Rubén Giacchi– les dieron quince días de licencia a las víctimas de violencia y autoritarismo con la promesa de que se aplicarían sanciones a los agresores, se harían peritajes psicológicos tanto a quienes sufrieron los maltratos como a quienes los aplicaron y se harían jornadas de capacitación en trato humanitario. También les aseguraron que aquellos que se habían animado a romper el silencio serían reubicados.

Sin embargo, poco y nada se supo después y, ante los miedos de volver a los hospitales y recibir represalias aún peores de las que ya habían sufrido, los residentes de primer año renunciaron a sus prácticas. Unos meses después, en enero de 2017, el exministro Giacchi fue denunciado por su expareja –Laura García, quien también trabajaba en el ministerio– y el funcionario renunció a su cargo, que fue asumido por la ahora diputada nacional Claudia Najul.

El conocimiento del caso prácticamente inédito de renuncias masivas a las residencias médicas quedó reducido al interior del ámbito médico: sólo era sabido por los denunciantes, sus allegados, funcionarios del ministerio y en los hospitales. Fue en el diario Los Andes donde, por primera vez, esta historia trascendió en los medios.

Poco tiempo después de que la noticia llegara al diario La Nación, y debido a que la Ley 7857 les prohibía a los médicos residentes volver a presentar examen después de haber renunciado, el entonces senador Eduardo Giner presentó un proyecto para modificar el artículo que disponía esa limitación.

Fue en mayo de 2017 cuando tuvo la sanción inicial en el Senado, pero pasó un año y medio en el que aquel grupo de médicos que había renunciado y denunciado –particularmente uno de ellos, cuyo nombre se reserva para resguardar a la persona– no dejó de golpear puertas y buscar reuniones para que ese proyecto de ley fuera sancionado en su totalidad por la Cámara de Diputados.

Recién el miércoles 14 de noviembre de 2018 fue tratado en el recinto y aprobado. Sin embargo, en ese “tiempo muerto” transcurrido, los exresidentes pedían que a las modificaciones de la ley se les agregara la retroactividad, para no tener obstáculos de ningún tipo si se volvían a presentar a examen, y que se les respetara el orden de mérito que ya habían conseguido la primera vez que rindieron. Sin embargo, al considerar el de ellos como un caso particular, los legisladores no dieron lugar a ese pedido y les dijeron que, en caso de tener problemas para volver a rendir, podrían recurrir a un recurso de amparo para que se tuviera en cuenta su situación.

Pero el subsecretario de Salud, Oscar Sagás, terminó por confirmar a Unidiversidad que este grupo de profesionales podrá volver a presentarse para realizar las residencias y que no tendrán ningún tipo de impedimento.

 

La palabra oficial

La imposibilidad de rendir “era una limitación que tenía la ley, que es de 2008, y había que adecuar algunos artículos. Hemos empezado por este porque nos parecía importante y era algo que no estaba previsto. La idea es que los que rinden, pero por cualquier circunstancia deciden no continuar en la residencia, tengan a partir de ahora la oportunidad para inscribirse en el año próximo y poder competir y concursar nuevamente. En cuanto al caso puntual, estas personas que en su momento renunciaron por un tema muy puntual, hoy por hoy, en el próximo concurso, va a poder rendir sin ninguna dificultad”, aseguró el funcionario.

Agregó: “El espíritu (de la modificación de la ley) fue para que estas personas pudieran volver a reinsertarse en el sistema porque a nosotros nos preocupa muchísimo, ya que nos hace falta recurso humano y estamos siempre atentos para que se cubran todos los llamados a lo largo de la provincia”. Sagás tambiéndijo que en su momento el caso fue investigado y que se armaron “dispositivos” para abordar a las personas que estaban cometiendo básicamente ilícitos que denunciaban los residentes de los primeros años.

“En realidad, es un tema que hay que seguir abordando. Esta no fue la primera vez que pasó en la provincia. Previamente había habido indicios, denuncias, pero nunca fue tan masivo como se hizo en este caso. Estos distintos residentes, de distintos centros de formación, se juntaron y hablaron, y esto ha permitido poner blanco sobre negro sobre situaciones que probablemente se venían repitiendo pero realmente no se decían a viva voz, o no se hablaba por miedo. Esto sirvió para ajustar algunas cosas con respecto a este tipo en el trato, en el respeto y a los derechos y a las obligaciones que tiene cada uno, dependiendo del rol que cumple en una residencia. Esto también fue abordado por los comités para explicar estas situaciones y se dejó todo muy en claro”, explicó el subsecretario.

Dichos comités tienen el rol de fiscalizar, ver cómo funciona la residencia y hacer cumplir todo lo que dice la ley.

Por otro lado, la diputada justicialista Carina Segovia realizó un pedido de informe que deberá aprobarse en la Cámara Baja para que desde el Ministerio den explicaciones claras sobre lo que sucedió con este caso, ya que su conocimiento estuvo –por mucho tiempo– limitado al ámbito de la medicina.

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