Dos psicólogas del Órgano Administrativo Local (OAL), dependiente de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), fueron condenadas a 3 años de prisión en suspenso, por el Caso Luciana Rodríguez, una niña que murió víctima de abusos y castigos.

Fabiana Lucentini (50) y Gianina Consina (32) fueron sentenciadas a 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación para cargos públicos, mientras que fue absuelta otra funcionaria del organismo, la licenciada en Minoridad, Mónica Castro (60).

Luciana Rodríguez, que tenía 3 años cuando falleció, el 7 de enero de 2014, había sido abandonada sin vida en una camilla de la Clínica Santa María de la Ciudad de Mendoza.

Se comprobó que la menor era violentada por su padrastro, Jorge Orellano (41), y tanto él como la madre de la pequeña, Rita Rodríguez (28), ya habían sido condenados por esta causa a cadena perpetua en septiembre de 2015.

Ahora, les tocó ser condenadas a las funcionarias del OAL, que entregaron a la menor a su familia castigadora, luego de pesar en su contra varias denuncias de maltrato.

El 31 de diciembre de 2013, un cuidacoches llevó a la pequeña a una comisaría de la zona porque dijo haberla encontrado sola en la calle, con signos de haber sido maltratada, en inmediaciones de la casa usurpada en la que vivía con su madre, su padrastro y dos hermanitas menores.

Sin embargo, una hora después fue restituida a su familia.

El 2 de enero de 2014 se iniciaron en la DINAF los trámites administrativos para permitirle a su abuela materna, Claudia Rivas, que obtuviera la custodia de la pequeña.

Pero la inacción, desidia y burocracia de los funcionarios del OAL llevaron al brutal desenlace, y cinco días después, Luciana fue llevada sin vida a la Clínica Santa María por Jorge Orellano, quien la había masacrado a golpes.

En declaraciones a la prensa, el abogado querellante Oscar Mellado, quien representó a la abuela paterna de la infortunada niña, dijo: "Como abogado, desde el punto de vista jurídico, creemos que esto se armoniza con lo sucedido. El encuadre que en definitiva le dio la jueza (la doctora Guajardo) corresponde, porque es el abandono de persona en concurso con los incumplimientos de los deberes de funcionario público, y por ese costado, estamos de acuerdo".

“Pero este es un fallo que trasciende lo meramente jurídico y llega a pliegues más profundos de la sociedad en el aspecto social, en cuanto a una niñez desvalida y abandonada. Es un fallo que entiendo que debe gravitar y servirá, siempre y cuando sea un mensaje, y que lo acepten los funcionarios y la sociedad toda", finalizó el abogado.

Sebastián Capizzi, el fiscal de la causa, sobre el fallo, sostuvo: "Resulta difícil hablar de justicia, porque está presente la muerte de Luciana. Pero sí, de alguna manera es un mensaje contundente del tribunal, al condenar y sancionar a la burocracia, porque quedó claro que el Estado y la burocracia pública también abandona a las personas, y este es un caso clarísimo de abandono".