Un año y tres meses después de ocurrido el hecho que acabó con la vida de Franco Díaz e hirió de gravedad a Jaquelina Johana Flores, de 19 y 27 años respectivamente, se desarrolla en la Primera Cámara del Crimen el juicio que tiene como único imputado al efectivo policial Walter García Lenis.

En un primer momento estaban estipuladas tres jornadas consecutivas para su desarrollo, pero dilaciones en el inicio del juicio, sumado a la cantidad de testigos previstos, hicieron que se extienda hasta la próxima semana.

En total serán 69 personas –20 de ellas, efectivos de seguridad– las que brindarán testimonio ante el Tribunal presidido por Víctor Hugo Comeglio y conformado por Lilia María Vila y Julio Mila. Varios testigos ya aportaron lo suyo, pero aún restan escuchar las declaraciones de más de la mitad de ellos. Entre los que se encuentran los dueños de la casa donde fue asesinado Díaz, funcionarios del Ministerio de Seguridad y distintos grupos de asistentes a la fiesta y de compañeros de García Lenis.  Por su parte, el acusado se ha negado ha declarar.

Contradicciones entre las versiones testimoniadas en las dos primeras jornadas del debate, y de la segunda de ellas con la investigación que dio instrucción al hecho, harían entrever en estos primeros momentos del juicio que existe una tendencia por parte de la fiscalía y los policías testimoniantes a beneficiar al imputado.

Las dos versiones de la misma bala

Durante la primera audiencia el testimonio central fue el de Jaquelina Flores, sobreviviente de la represión policial que en la noche del 5 de mayo de 2012 puso fin a los días de Franco. El hecho ocurrió cuando un centenar de jóvenes se encontraba disfrutando de una fiesta convocada a través de las redes sociales en una casa del Barrio Palumbo de Godoy Cruz.

 Entrada la madrugada, el 911 comenzó a recibir denuncias telefónicas motivadas por el alto volumen de la música que partía del evento e incomodaba a los vecinos del lugar, tal como se desprende de la investigación oficial.

La respuesta del subcomisario Francisco Verna, a cargo de la Comisaría N°40, a esos reclamos, fue el envío al domicilio de “varios” móviles policiales –aún no puede establecerse con exactitud el número– que más tarde fueron reforzados por la Unidad Especial de Patrullaje de ese departamento. La llegada de los agentes a la casa fue lo que, según indican las versiones policiales, provocó una revuelta por parte de los jóvenes al oponerse al ingreso de los efectivos a la vivienda. 

“Adentro todo estaba tranquilo hasta aproximadamente las cuatro de la mañana. A esa hora se empezaron a escuchar gritos y ruidos de disparos que venían de la calle”, declaró Jaquelina cuando la fiscal especial Claudia Ríos le pidió el relato de lo sucedido. Aseguró no haber visto a ningún efectivo policial en el interior de la fiesta, aunque alcanzó a observar “de refilón” que la puerta de entrada de la casa se encontraba “entre abierta hasta la mitad”. 
En medio del desorden, la joven se guareció por unos minutos en el baño de la casa y al momento de salir en búsqueda de otro refugio, recibió un disparo en la mejilla izquierda. En ese instante, cerca de la entrada a la vivienda del lado interior, comenzaba a agonizar Franco Díaz. 

Jaquelina fue intervenida quirúrgicamente el 4 de julio de ese año. La bala calibre 9 milímetros que se extrajo de su pómulo coincidió con las municiones que portaba Walter García Lenis en su arma reglamentaria aquella noche, tras ser cotejada por la Policía Científica.

Hasta la segunda jornada del juicio, la investigación de la Fiscalía señalaba que aquel disparo que hirió a la joven en su rostro fue el mismo que fulminó a Franco al ingresarle por el mentón y salir por su nuca. De hecho, la contundencia de esa prueba –el cotejo de la bala y su trayectoria– fue lo que le costó a García Lenis la imputación por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego y abuso como miembro de la fuerza policial, con concurso real con lesiones graves doblemente agravadas”.

Sin embargo, algo insólito ocurrió en la segunda audiencia cuando tres efectivos de la Policía Científica que participaron de los peritajes de la investigación –el jefe de esa Dirección, José Vega; la oficial a cargo del operativo el día del crimen, Lucía Martínez,  y el experto en balística, Gustavo Micha– al comparecer frente al Tribunal, coincidieron en que “no podían asegurar que el proyectil que recibió la joven en su rostro haya sido el mismo que mató a  Franco Díaz”.

Tampoco pudieron afirmar si la bala que recibió la víctima en su cuerpo correspondía a un arma de 9 milímetros, como las que utiliza la policía. En tanto, sobre la  autoría de la descarga que hirió a la muchacha, mantuvieron la versión de la investigación original donde se incrimina directamente al imputado.

No obstante, durante las inspecciones que se llevaron a cabo en el lugar de los hechos no se encontró ningún tipo de proyectil, solo un “casquillo”. Los peritos explicaron que la bala que ingresó al rostro de Flores - y la única hallada durante la investigación - había rozado con anterioridad en la misma trayectoria un “cuerpo blando”. Es decir, algún contacto le hizo perder fuerza, de lo contrario la joven hubiera muerto en el acto. 

Paredes, techos, muebles, todo fue peritado pero ninguno de estos elemento presentó marcas de rozamiento de algún proyectil, por lo que la Fiscal Claudia Ríos preguntó a los especialistas si ese “cuerpo blando” podría haberse tratado de un “chaleco antibala”. “Podría haber sido”, respondieron los testigos.

Más declaraciones

Sobre el testimonio de Jaquelina Flores, resta destacar que, tras ser consultada por el Dr. Lecour - representante particular de la joven y de la familia Díaz - sobre si en la fiesta alguno de los jóvenes portaba un arma, la testigo negó rotundamente esta posibilidad.

“¿Ha tenido secuelas luego de la operación?”, le preguntó seguidamente el equipo de abogados defensores que encabeza el Dr. Carlos Reig. “Sí, estuve dos meses sin poder estudiar, sin poder salir a la calle. Miedo, mucho miedo, he llorado mucho”, dijo la joven. “¿Estéticamente?”, insistió el letrado. “No tengo sensibilidad en la cara, me veo diferente, un pómulo me quedó más hinchado. Hay un ojo que ya no me llora”, respondió.

En la misma audiencia declaró Miguel Roque Díaz, papá de Franco, quien dijo que la última vez que vio con vida a su hijo fue la noche del 4 de mayo de 2012. “Me dijo que se iba a una fiesta del Facebook con sus amigos, así fue como nos despedimos”, expresó con pesar.

Sostuvo que sobre los acontecimientos de esa noche no sabe más que lo que le contaron los vecinos del lugar: “El disturbio entre los chicos y la policía en la puerta de la casa”.  Recordó que el dueño del lugar donde se organizó el festejo, le contó que una vez herido Franco llamó de inmediato a la urgencia médica. “Pero me dijo que la ambulancia tardó en llegar porque la policía no la dejaba pasar”. Al momento de ingresar al Hospital Lencinas, Franco ya se encontraba sin vida.

Dolo eventual

Edición UNCuyo preguntó al abogado Lucas Lecour sobre la situación judicial que atraviesa Walter García Lenis, quien hasta el momento de su procesamiento llevaba casi un año y medio cumpliendo funciones en la Unidad Especial de Patrullaje de Godoy Cruz.

El letrado explicó que desde que se inició la instrucción la responsabilidad del acusado estaba "prácticamente sin discusión",  hasta el momento en que los agentes de la Policía Científica ofrecieron esta nueva versión ante el Tribunal. Es que los inesperados testimonios de la segunda audiencia presentan una clara tendencia al policía. Habrá que esperar el desarrollo de las próximas jornadas para conocer el posible desenlace del proceso.

En torno a la pena que le cabe a este tipo de delito, Lecour detalló que sería la de prisión perpetua, sosteniéndose en la investigación que dio lugar al juicio.

La carátula de la causa por el asesinato por Franco Díaz y el abuso contra Jaquelina Johana Flores es por "dolo eventual", ya que si bien el policía no buscaba la muerte de alguien, tenía conocimientos de que al gatillar ese tipo de armas podía generar la muerte. 
“Disparó sin necesidad de hacerlo, en línea directa hacia los chicos. Ninguno de ellos representaba un peligro. García Lenis conocía con claridad el modo de proceder en este tipo de operativos”, expresó. 

Por lo tanto, y ante el nuevo giro que presenta el proceso, la querella aún está analizando la penalidad que requerirá al tribunal.

Por el fin de la impunidad

La mesa local de la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional - conformada principalmente por madres de víctimas de asesinatos policiales - acompañó a familiares y amigos de Franco en la primera jornada del proceso, ante la expectativa de que la Justicia se haga carne en los casos de gatillo fácil en que reiteradamente incurren las fuerzas de seguridad de la provincia.

Miriam Medina, mamá de Sebastián Bordón –uno de los casos íconos de violencia policial en Mendoza y en el país–, reclamó ante Edición UNCuyo el fin de la doble vara: “Cuando los imputados son chicos pobres, esperan su sentencia en cárcel común y se violan sistemáticamente sus derechos humanos desde el procesamiento. Si los acusados son policías, cuentan con todos los beneficios de la ley”. Lo dijo en relación al beneficio de la prisión domiciliaria del que goza Walter García Lenis. 

Al inicio del juicio, el Dr. Lucas Lecour había solicitado al Tribunal que el imputado fuese alojado en el módulo destinado a efectivos policiales en Contraventores durante el proceso. El pedido se basó en la demora de más tres horas de inicio del primer debate, debido al tiempo que tomó el traslado de García Lenis desde su domicilio en Tupungato hasta los Tribunales provinciales. Los jueces negaron a conceder el requerimiento en base a la imposibilidad judicial de “agravamiento de las condiciones de detención sobre los derechos y garantías constitucionales”.

Alicia Vargas, mamá de Cristian Reyes -asesinado en un falso allanamiento en 2006 y cuyo caso permanece impune - saludó a los padres de Franco con la fortaleza que la caracteriza. Acompañada de sus hijas y nietas, y con la imagen de su hijo a cuestas, dijo a este medio: “No hay que tener miedo. Tienen que saber que hasta que no se haga justicia no vamos a parar”.