Inmigrantes en pandemia: sin DNI ni asistencia social, pero protegidos por la sociedad civil

Falta de trabajo, vivienda y dificultad hasta para salir a comprar. En el Día Nacional del Inmigrante, la politóloga y especialista en migración, Giuliana Guzzo, analizó el panorama argentino.

Inmigrantes en pandemia: sin DNI ni asistencia social, pero protegidos por la sociedad civil

Foto: Revista Venceremos

Sociedad Unidiversidad Crisis migratoria / por Unidiversidad / Ángeles Balderrama / Publicado el 05 DE SEPTIEMBRE 2020

En medio de la crisis sanitaria, el DNI se volvió una herramienta fundamental para realizar las compras, pedir préstamos o percibir ayudas sociales. Sin embargo, las poblaciones migrantes y refugiadas que se encuentran en el país, no cuentan con la misma suerte: con trámites inmigratorios frenados e imposibilidad de acceder a beneficios sociales, las organizaciones de la sociedad civil salieron a su rescate. En el Día Nacional del Inmigrante, Unidiversidad dialogó con Guiliana Guzzo, politóloga y coordinadora del Programa Acompañamiento Migrante de Integrar.

“Hay varios casos. Desde que cerraron las fronteras, muchos quedaron varados en Mendoza, porque se dirigían a Chile o a otro lugar del país. Algunos, que recién ingresaban a la provincia, no lograron hacer sus trámites de regularización migratoria, y por lo tanto no pueden acceder a un trabajo.  Y otros que llevaban algún tiempo viviendo en Mendoza no terminaron de presentar sus papeles, y por lo tanto, no lograron inscribirse en las ayudas económicas que brinda el Estado. El esfuerzo del nuevo gobierno es enorme aunque la situación heredada y la pandemia global disminuyen los impactos”, explicó Guiliana Guzzo.

Día del Inmigrante: "La pandemia nos recordó que somos ciudadanos del mundo"

Desde 1949, cada 4 de septiembre en Argentina se celebra el Día Nacional del Inmigrante. Sin embargo, la fecha que tradicionalmente busca reconocer y valorar el aporte de los inmigrantes en nuestro país este año posee un significado diferente.

Mujeres, hombres, niños, integrantes de colectivos LGTBIQ+, son algunos de los rostros visibles de la vulneración de derechos en pandemia. En este sentido, un relevamiento realizado por Agenda Migrante 2020,  integrado por organizaciones de la sociedad civil, de migrantes y derechos humanos, destacó que las personas en situación de movilidad internacional están más expuestas al impacto socio-económico desde el inicio de la cuarentena.

De 1266 personas que participan de la encuesta realizada entre el 9 y el 26 de abril, el 29 % no cuenta con documentación, está tramitándola o cuenta con una residencia precaria que impide acceder a otros derechos. El 75 % trabaja en changas o no trabaja, y un 58 % de los consultados perdió su fuente laboral. Además, el 81 % tiene que pagar alquiler y un 79 % no recibe beneficios o ayudas económicas desde Nación.

“Sin regularización de papeles es muy difícil que consigas trabajo porque necesitás un CUIL, que alquiles una vivienda, que encuentres ingresos para sostener una vida. Es una situación de angustia permanente porque esos papeles cuestan entre $ 3 mil y $ 6 mil, y en esta pandemia, muchas familias utilizaron sus ahorros para comer. Sin los papeles en pandemia, hasta se dificulta ingresar a un local a comprar alimentos”, ejemplificó Guzzo.

Migrantes y pandemia: leyes más restrictivas agravan los problemas de salud

Mientras más restrictivas son las leyes migratorias de un país, más problemas de salud generan, no solo para el colectivo de personas que abandona su lugar de origen, sino para toda la sociedad.

Sin IFE ni asistencia social

Según datos de la Organización de Naciones Unidas, en Argentina hay más de 2 millones de inmigrantes, que representan el 4, 9 % de la población del país. Y si bien las políticas migratorias del Gobierno Nacional apuntan a la equiparación y acceso de derechos universales, la mayoría de las poblaciones migrantes y refugiadas no recibieron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) ni otro tipo de beneficio social porque no cumplían con los dos años de residencia legal.

“El requisito para acceder al IFE habla de dos años de residencia legal, una terminología caduca, ya que en todo caso debería hablar de residencia regular. Muchas personas quedaron afuera porque implica haber presentado todos los papeles y luego de ello, son dos años viviendo en el país. El IFE nace para garantizar que las personas tengan cubiertos servicios básicos, pero en este caso se quedaron afuera de esta protección”, dijo Guzzo.

En líneas generales, la politóloga y coordinadora del Programa Acompañamiento Migrante indicó que las políticas migratorias vistas hasta el momento son insuficientes para el conjunto de habitantes que quieren poseer su ciudadanía. “Hay que agilizar y regularizar los trámites de quienes ya iniciaron la documentación”.

De dónde vienen y cómo viven los inmigrantes que llegan a Mendoza

Sociedad Unidiversidad por Florencia Martínez del Río / Publicado el 11 DE ENERO 2019 Desde la Casa del Migrante, institución que ayuda y asesora a los extranjeros recién llegados, comentaron cómo viven las personas que llegan a Mendoza y las dificultades que encuentran al intentar adaptarse a la provincia.

“Evidentemente hay un sistema que no está favoreciendo a los rápidos procesos de regularización inmigratoria. Pero no hablamos solo de esta gestión, sino de los últimos cuatro años en los que se debilitó la política migratoria. Desde el gobierno anterior, quedaron muchas solicitudes sin resolver, por ende, estamos acarreando situaciones en las que una gran cantidad de personas todavía no pueden acceder a su regularización de papeles”, comentó la licenciada.

De esta manera, sin papeles y alejados de sus redes de contención como familias y amigos, las vulnerabilidad aumenta. Por esta razón, ante la carencia económica y social por la que transitan, organizaciones de la sociedad civil realizan colectas y encaran proyectos destinados a socorrerlos en momento de pandemia.

“Las redes de solidaridad en territorio actúan para contener a las personas migrantes, las cuales al inicio de la pandemia comenzaron a pedir recursos, como alimentos o habitaciones disponibles, ya que el decreto que prohibía los desalojos, no se cumplió en algunos casos con estas personas residentes en Mendoza. Entonces, las organizaciones sociales fueron parte de la solución momentánea, y un sector importante de la población del país colaboró en esta causa junto con organismos del Estado nacional e iglesias”, concluyó Giuliana Guzzo.