No hay indicios de trata en los casos de Johana y Soledad

El fiscal Fernando Alcaraz pidió el archivo de la causa. No hallaron ninguna prueba objetiva de que las jóvenes hayan sido captadas por una red de trata.

No hay indicios de trata en los casos de Johana y Soledad

La comunidad educativa de la escuela Virgen del Rosario impulsó la apertura de la causa judicial. Foto: Axel Lloret.

Sociedad Unidiversidad Soledad Olivera / por Verónica Gordillo / Publicado el 11 DE ABRIL 2017

La Justicia no encontró ningún indicio de que Soledad Olivera y Johana Chacón hayan sido captadas por una red de trata de personas con fines de explotación sexual. Así lo determinó la investigación que lideró el fiscal, Fernando Alcaraz, quien solicitó el archivo de la causa.

El abogado a cargo de la Fiscalía Federal N.º 2 explicó a Unidiversidad que solicitó el archivo de la causa luego de concluir que no existe ninguna prueba objetiva que sostenga que las mujeres lavallinas hayan sido captadas por una red de trata, ni que fueran trasladadas a otro sitio con este mismo objetivo.
 

Sin rastros

Soledad Olivera y Johana Chacón son dos mujeres que vivían en la localidad de Tres de Mayo, en Lavalle, de las que nada se sabe. A la primera, sus hermanas la vieron por última vez el 18 de noviembre de 2011, mientras que a la segunda sus compañeros la vieron bajar del micro que los traía de la escuela el 4 de septiembre de 2012. Nunca más se supo de ellas.

Cuatro años sin Johana y sin respuestas

Los nombres de Johana Chacón y de Soledad Olivera están unidos para siempre. Ambas vivían en el mismo lugar, salieron un día de su casa y nunca más se supo de ellas y las dos conocían al hombre que la Justicia señala como responsable de sus ...

La Justicia acusó por ambas causas a Mariano Luque, un obrero rural que vivía en una finca de Tres Mayo y que conocía a ambas mujeres: con Olivera mantenía una relación y con Chacón compartía la vivienda. El hombre permanecerá en prisión hasta que se realice el segundo juicio por la privación ilegítima de la libertad de Soledad (el primero fue anulado por la Suprema Corte) y el primero por el homicidio de Chacón.

Por la desaparición de ambas mujeres se abrieron dos causas: una, en la Justicia local, que está en manos del fiscal Santiago Garay; y otra, en la Federal, que investigó la hipótesis de la trata de personas con fines de explotación sexual, que lidera Alcaraz por ser este un delito federal.

Esta última causa se inició en marzo de 2014, luego de que la Justicia Federal aceptó el pedido de la comunidad educativa de la escuela Virgen del Rosario de que se investigara a fondo la hipótesis de trata de personas con fines de explotación sexual. Las docentes, con Silvia Minoli a la cabeza, entendían que esta posibilidad nunca fue debidamente analizada por la Justicia Provincial.

Detuvieron a Mariano Luque por el homicidio de Johana Chacón

Beatriz Chacón, la hermana de la adolescente que desapareció en 2012, lo acusó de haberla matado. Lo imputaron por homicidio.

Alcaraz abrió una causa por Olivera y Chacón con la hipótesis de que ambas jóvenes podrían haber sido captadas por una red de trata de personas con fines de explotación sexual. La razón para unificarlas fueron los puntos en común: dos mujeres de las que nada se sabe, en el mismo espacio temporal, en el mismo lugar físico y con personas en común en su círculo cercano.

Para llevar adelante las pesquisas, el fiscal federal seleccionó a un pequeño grupo de investigadores que siguió todas las pistas que aportaron distintos testigos en la causa provincial, quienes advirtieron sobre la posible captación de las mujeres por parte de una red de trata.

Alcaraz escuchó el testimonio de personas que ya habían declarado ante la Justicia provincial y de otros que nunca aportaron información. Además, los investigadores viajaron a otras provincias y se realizaron allanamientos, pero no encontraron indicios de que las jóvenes hubieran sido captadas por una red de trata.

Una de las personas que volvió a testificar ante Alcaraz fue Beatriz Chacón, hermana de Johana y expareja de Luque, quien aseguró que el hombre asesinó a la adolescente delante de ella, quemó su cuerpo, lo enterró en la finca donde vivían y poco después trasladó el cadáver a otro sitio que dijo desconocer. Su declaración, opuesta a la que dio ante la Justicia provincial, fue la clave para imputar al obrero por homicidio.

Frente a los resultados negativos de la investigación, Alcaraz solicitó el cierre de la causa ante el titular del Juzgado Federal N.º 1 de Mendoza, Walter Bento.