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06 DE FEBRERO DE 2026
Así lo decidió la jueza de Garantías, Alejandra Alonso. Deberá pagar una fianza de 400 mil pesos y le colocarán una tobillera electrónica.
La investigación por las acusaciones de abuso sexual en el Instituto comenzó en noviembre de 2016. Foto: Axel Lloret.
Después de permanecer cuatro meses presa en Agua de las Avispas, la Justicia concedió la modalidad de arresto domiciliario a quien fue la representante legal del Instituto Próvolo, Graciela Pascual, imputada como partícipe primaria en las denuncias por abuso. La decisión la tomó la jueza de Garantías, Alejandra Alonso, quien además determinó que la imputada lleve una pulsera electrónica y que abone una fianza de 400 mil pesos.
El 24 de agosto, el fiscal que lidera la investigación, Gustavo Stroppiana, imputó y detuvo a Pascual por las denuncias de abuso en el Próvolo, que se iniciaron en noviembre de 2016.
Stroppiana acusó a Pascual con base en los testimonios que brindaron exalumnos en Cámara Gesell, quienes coincidieron en que sabía de los vejámenes. La figura que utilizó fue la de partícipe primaria, es decir que cree que no cometió los abusos, pero los ocultó y no protegió a los pequeños.
Con la decisión de la jueza Alonso sobre las personas imputadas y detenidas en la causa, ya son tres los que cumplen prisión en la modalidad domiciliaria. Se trata del sacerdote Nicola Corradi, de la religiosa Kumiko Kosaka y ahora también de Pascual.
En total son quince los imputados en la causa. El próximo paso será que una cámara decida sobre la apelación de la prisión preventiva de Kosaka, que presentó su defensa, liderada por Carlos Varela Álvarez.
Detuvieron a la representante legal del Próvolo
Es Graciela Pascual. Fue imputada como partícipe primaria de los abusos. Quedó detenida en Agua de las Avispas. Hay cinco personas más en la mira de la Justicia.
Las religiosas en una página web
La defensa de las religiosas abrió un sitio web en el que cuenta los pormenores del caso y la situación de las religiosas, además de denunciar la falsedad de los informes del Cuerpo Médico Forense y de los relatos de las intérpretes en lengua de señas.
En noviembre, el cuerpo de letrados que defiende a Kosaka y Martínez presentó una denuncia judicial contra profesionales del Cuerpo Médico Forense y contra las intérpretes en lengua de señas, por falsedad en los informes y en los relatos que los exalumnos realizaron en Cámara Gesell.
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