Luego de comunicarse con la mujer agredida, desde Líbera-abogacía feminista tomaron medidas para que se investigue lo ocurrido, se busque reparación y se garantice la no repetición del hecho. Las denuncias se realizaron ante la administración del Hospital, la justicia provincial y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).

La mujer había sido agredida a través de redes sociales luego de tomar posición a favor de la legalización del aborto. El mensaje enviado por la profesional de la salud del Hospital Central contenía amenazas de tortura que se concretarían en el ámbito sanitario. 

VER TAMBIÉN: El Hospital Central investiga audio escandaloso y agresivo contra el aborto 

Desde Líbera, remarcaron que llamaba la atención el contexto en el que se producían estas agresiones, es decir, el debate por la legalización y despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Además, destacaron que la interrupción legal del embarazo (ILE) está contemplada desde 1921 en el Código Penal.

“Desconocen un derecho que tienen las personas con capacidad de gestar en Argentina desde 1921 (ley ILE) y pretenden amedrentar –y disciplinar– no solo a quien fueron dirigidas, sino también intimidar a quienes demanden prácticas de salud en torno a sus derechos sexuales y (no) reproductivos”, expresó la organización.  

En ese mismo sentido, se manifestaron contra las violencias de género, particularmente las provenientes de las instituciones sanitarias, que incumplirían la Ley 26485. Estarían incurriendo en las modalidades de violencia institucional y contra la libertad sexual y reproductiva, como también vulnerarían “los derechos humanos de las/es pacientes”.

Remarcaron desde Líbera: “Este tipo de discursos de odio alerta sobre la posibilidad de que existan prácticas de castigo organizadas en el sistema de salud (...) Arbitrariedades como esta dan cuenta de la ausencia de políticas públicas integrales destinadas a erradicar los sesgos violentos en las intervenciones de las/os efectores de salud, tanto públicos como privados”.

VER TAMBIÉN: Red de Profesionales de la Salud: "Debemos garantizar derechos como efectores del Estado" 

Por todo esto, no solo se realizaron las denuncias correspondientes ante las instituciones mencionadas sino que además se solicitó al Hospital Central de Mendoza un programa de formación permanente, para el que Líbera se puso a disposición. Serían capacitaciones en materia de derechos humanos de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos, y prevención de la violencia de género institucional y simbólica. 

“Hechos como estos no son casos aislados sino que se trata de una problemática sistemática, dada la falta de formación, la persistencia de miradas prejuiciosas y estereotipantes en los poderes e instituciones del Estado, y la superficialidad con la que se abordan los contenidos y formaciones sancionados en la Ley Micaela, a la cual Mendoza adhirió en 2019”, aseguraron integrantes de la organización de abogacía feminista.